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Iglesia y dictadura: un informe ni tan derecho ni tan humano

Poca expectativa en las organizaciones de DDHH por el libro del episcopado que analiza la documentación revelada. Reclamo de acceso libre y sombras del pasado.

La Iglesia católica lanzó a la circulación masiva el primer tomo de lo que presenta como el análisis historiográfico de su rol durante la última dictadura cívico militar y sus años previos. La apertura de ese fondo documental es uno de los reclamos que los organismos de derechos humanos históricamente le realizaron a la Iglesia, cuyas autoridades entregaron previamente a la Justicia. Las expectativas de que haya revelaciones en relación con el destino de los detenidos desaparecidos, los niños apropiados y los responsables de los crímenes de lesa humanidad; así como un reconocimiento auténtico de la complicidad de la jerarquía eclesiástica con la dictadura, son mínimas.

La Conferencia Episcopal Argentina anunció que la Universidad Católica Argentina (UCA), responsable de la elaboración del informe, se basó en los archivos locales e internacionales de la institución, que hasta ahora solo habían sido accesibles para algunas decenas de familiares de víctimas del genocidio. La mayoría de los referentes de los organismos de derechos humanos no fueron convocados ante el lanzamiento del primer tomo –y único que salió a la luz– de La verdad los hará libres. Aunque, según lo anunciado por las propias autoridades clericales, es el segundo tomo el que centralmente se dedica a revisar los años de terrorismo de Estado.

“Por lo que pudimos ver no hay reconocimiento de la actuación de la Iglesia en complicidad con los crímenes de la dictadura en el informe”, apuntó Sol Hourcade, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

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“Entendemos que por lo que informa la CEA no habría ninguna información de relevancia sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. Tampoco pareciera que la documentación conteste sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas y las y los niños apropiados ni dé información sobre responsables, todo queda supeditado a poder acceder a esa información y hacer una evaluación”, amplió la directora del área de Memoria, Verdad y Justicia del organismo de derechos humanos fundado, entre otras personas, por Emilio Mignone, quien denunció de puño y letra ante las máximas autoridades eclesiásticas el secuestro de su hija desde su desaparición e insistió en los vínculos entre la institución y la dictadura.

En poco menos de mil páginas, los teólogos Carlos Galli, Juan Durán, Luis Liberti y Federico Tavelli reunieron una serie de investigaciones y trabajos propios, y de colegas vinculados con la UCA, que conforman una lectura histórica de los sucesos que acaecieron en Argentina entre 1966 y 1983 en clave de "teoría de los dos demonios". "Es un tema tan importante entender de dónde vino la violencia que el término que utilizaron para el título del informe no me parece correcto”, cuestionó Mabel Careaga, integrante de Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz, en relación con “La Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina”, la frase que completa el título poético del documento eclesiástico.

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En su introducción general, quienes tuvieron a cargo la investigación que la Iglesia “no estuvo a la altura de los complejos acontecimientos de la época, que no hizo lo suficiente por limitar la espiral de violencia ni el accionar terrorista del Estado”.

"La violencia en la historia argentina desde el nacimiento de nuestra patria se originó siempre desde el dueño de la fuerza, el Estado”, aseveró Careaga. “El pueblo, en los diferentes momentos históricos, se organizó para resistir y contrarrestar. El golpe de 1976 no fue como respuesta a las organizaciones guerrilleras, sino a pedido de intereses económicos que produjeron un cambio sustancial en la matriz productiva del país cuyas consecuencias aún estamos viviendo”, completó la hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo fundadoras secuestradas en la parroquia de la Santa Cruz en diciembre de 1977, torturada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y arrojadas al mar en un "vuelo de la muerte".

A pesar de que el primer tomo ya está en circulación y se estima la publicación del segundo en las próximas semanas, Eduardo Tavani, presidente la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que la organización todavía espera que el episcopado convoque y “ponga el informe elaborado y los archivos de la institución a disposición de las organizaciones que, en tanto parte del movimiento de derechos humanos, vienen bregando por la verdad desde sus orígenes”.

Si bien no tuvo acceso a la información del trabajo eclesiástico, Tavani subrayó: “Es de esperar, tras tanto tiempo, que sea un aporte al proceso de Memoria, Verdad y Justicia". "La complicidad de la jerarquía eclesiástica durante el terrorismo de Estado, no está puesta en duda. Fue ostensible y manifiesta, y se materializó en infinidad de acciones por un lado y de omisiones por otro, que muchas veces allanaron el camino para llevar a cabo crímenes atroces”, añadió.

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Desde que el terrorismo de Estado comenzó a desgarrar a la sociedad argentina, la Iglesia y sus representantes fueron receptores de pedidos de ayuda e información, reclamos de familiares de secuestrados y de agrupaciones que iban naciendo al calor de los crímenes y la exigencia de Memoria, Verdad y Justicia. “La respuesta fue el silencio. Veremos qué resulta de este material, si efectivamente es parte de aquello que tantas veces reclamamos”, consideró Tavani.

En 2016, el episcopado anunció la apertura de archivos, pero elaboró un protocolo que limitó su lectura solo a familiares de víctimas de la última dictadura. “Desde los organismos agrupados en Memoria Abierta, APDH, CELS, Buena Memoria Asociación Civil , Comisión Vesubio y Puente 12– señalamos que la accesibilidad debía ser otra, para que miembros de la comunidad científica puedan investigar y para que haya acceso irrestricto de cualquier persona que quiera saber qué información tiene la Iglesia sobre los delitos del terrorismo de Estado”, planteó Hourcade. En ese sentido, señaló como novedoso que esta vez, el episcopado haya aportado los archivos al Poder Judicial, porque -dijo- “si bien ha habido pedidos a la Iglesia, nunca fue de iniciativa propia”.

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