El calendario, la nueva prenda en disputa. Efectos del desdoblamiento y presión de la Justicia Electoral. Mientras, la Legislatura sigue sin suspender las PASO.
La disputa por el control del peronismo en Buenos Aires entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof suma un nuevo round: el calendario electoral es la vedette de estos días, con los efectos que dejó el adelantamiento de las elecciones y la necesidad de la Justicia de encontrar un punto en común.
Al recorrido administrativo que se debe establecer para conocer cuándo se conformarán las listas, anotar candidatos y oficializar boletas, se le cuela el trasfondo político de una y otra tribu, que pujan para que las campañas nacional y provincial se pisen o no. Esto es, la nacionalización o provincialización discursiva de la estructura electoral que montará el peronismo para sus candidaturas al Congreso o a la Legislatura bonaerense, siempre con el dato insoslayable de que, como avisó, CFK será candidata a un cargo bonaerense.
Según estipula la ley 5.109, los partidos deben presentar la conformación de alianzas 60 días antes de la elección (pautada para el 7 de septiembre), inscribir candidaturas 30 días antes y en los 20 días previos oficializar las boletas. Como esas fechas quedarían demasiado cerca de los plazos que se deben cumplir en la elección nacional, el órgano electoral que preside Hilda Kogan le pidió al gobierno provincial adelantarlas, motivo por el cual Kicillof envió en el proyecto que aprobó el Senado bonaerense para suspender las PASO una corrección de la ley estipulando 80 días para las alianzas, 70 días para las candidaturas y 50 días para las boletas.
La cámara alta sólo aprobó la suspensión de las PASO y quitó del texto el ítem calendario. Así llegó el proyecto a Diputados, que todavía no se trató. Antes, la Junta electoral provincial avisó a las presidencias de ambos cuerpos (Verónica Magario en el Senado y Alexis Guerrera en Diputados) que contemplen la modificación porque con la ley vigente el proceso sería “materialmente imposible” de realizar. Entonces, solicitó un calendario de 80 días para las alianzas, 50 días para las candidaturas y 30 días para las boletas.
En gobernación afirman que lo que se firmó en los dos proyectos de suspensión de PASO que envió el Ejecutivo a la Legislatura (uno de la diputada Susana González y otro del gobernador) contemplan los mismos tiempos de la ley nacional modificada a partir de la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP). Según advierten en La Plata, la Junta Electoral, el Juzgado federal con competencia electoral y la Cámara Nacional Electoral coinciden en que sólo tienen 10 días corridos “para la verificación de las cualidades constitucionales de los postulados”, que podrían acercarse a los 10 mil. Aducen que es imposible hacerlo en ese tiempo, algo en lo que -por caso- no coincide el massismo.
La negativa a cambiar los tiempo en el Senado y la postergación en Diputados obligó a que el próximo martes la comisión de Reforma Política que preside el radical Emiliano Balbín convocara en la Legislatura a miembros de la Junta, del juzgado federal y del Poder Ejecutivo a explicar por qué habría que mover las fechas. No obstante, cerca de Kicillof avisan que ya cumplieron con lo solicitado, que quienes tienen que explicar por qué no se debe tocar el calendario son los legisladores y que no hacerlo sería un capricho. No enviarán ningún otro proyecto por tema fechas y esperan que de eso se encargue la Legislatura.
El oficialismo dice que a quien le están embarrando la cancha entre el kirchnerismo y la oposición es a la Justicia y no al gobierno provincial. Sin embargo, confían en que tarde o temprano la situación se resolverá favorablemente, así como pasó con el desdoblamiento y como pasaría el próximo lunes con la suspensión de las PASO, en una sesión convocada para las 14 horas tras el debate que no se realizó el último jueves, cuando sólo se sesionó para homenajear al papa Francisco.
La tropa de CFK explica que el calendario que ahora se quiere aplicar es el que estaba garantizado con la simultaneidad de la elección, es decir, la concurrencia que promovía el kirchnerismo. Plantea que el Ejecutivo quiso organizar la elección para no dejarla en manos de la Nación, pero que ahora buscan reforzar la seguridad con las fuerzas federales y el plano jurídico con la Justicia federal que comanda Alejo Ramos Padilla. Advierten que, entonces, debe haber otro motivo que sería político.
El kirchnerismo avisa que probablemente se firme un convenio entre la Justicia y el Ejecutivo para utilizar los software y los recursos humanos nacionales en la provincia. Acusan a Kicillof de apoyarse en los organismos federales, por lo que el adelantamiento de las elecciones, entonces, sería de carácter político.
En calle 6 dicen que las solucitudes a los organismos nacionales también suceden en el resto de las provincias que desdoblan sus elecciones. Afirman que políticamente al gobierno le convienen los plazos de la ley vigente y que la campaña ya está desdoblada.
El cristinismo jura que convocó varias veces sin suerte a la administración de Kicillof, a Ramos Padilla y a la Junta Electoral para que explique cuál es el inconveniente de los plazos. Esa tropa asegura que no aceptó los tiempos del gobernador en la cámara alta porque pide cosas distintas a las que quiere la Junta y que está dispuesta a avanzar cuando haya una síntesis entre las partes. Podría haber fumata blanca el martes, tras ese encuentro que se dará en la Legislatura.