Habrá una reunión de jefes de bloque este jueves. El ministro de Economía no respondió a las demandas de los aliados. El 20N se vence el plazo para dictaminar.
La visita del papa León XIV obligó a cerrar el Congreso, pero no alcanzó para borrar la preocupación de la oposición por la falta de respuestas de Toto Caputo a los pedidos de modificaciones del Presupuesto 2027. Este jueves habrá una reunión de autoridades del bloque La Libertad Avanza (LLA) con los dialoguistas de Diputados para retomar las conversaciones.
La demora del oficialismo en convocar a la cumbre impacientó a los referentes de bancadas aliadas, quienes acumulan decenas de propuestas de cambios y aún no fueron atendidos. Los tiempos corren: hasta el 20 de noviembre hay plazo para dictaminar. Si se pasa esa fecha sin un despacho, la ley de leyes sólo puede tratarse si el Gobierno lo incluye en una convocatoria de sesiones extraordinarias.
En 2024, en su primer año de gestión, Javier Milei dejó vencer los plazos para que no fuera tratado en el recinto. Cuando eso ocurre, la ley de administración financiera le permite al Presidente prorrogar el cálculo de gastos vigente y reformular partidas a gusto. Si el plan es ajustar, facilita los trámites.
En el Gobierno estarían evaluando una maniobra similar, aunque hay pros y contras que no convencen a todos sus miembros. La falta de acuerdo político para definir la hoja de gastos podría derivar en un shock de desconfianza y disparar otra vez el riesgo país.
En el oficialismo legislativo admiten que en la Casa Rosada no se muestran muy receptivos y no descartan nada. "Está todo muy quieto", aceptó ante Letra P un legislador libertario encargado de contener a los aliados.
Si el diputado Alberto Bertie Benegas Lynch (LLA) no cita a la comisión de Presupuesto para el martes, la oposición debería coordinarse en tiempo récord si quisiera salvar la ley de leyes, para juntar una mayoría para convocar a una sesión el jueves y emplazar a un dictamen para el viernes. Ni un día más.
En la reunión de este jueves participarán los jefes de los bloques que suelen negociar una mayoría con La Libertad Avanza (LLA), cuyo titular, Gabriel Bornoroni, será el encargado de anotar sus demandas. No estará Martín Menem, que se encontrará de viaje en Corrientes para anunciar medidas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para paliar el impacto del fenómeno climático de El Niño.
Se sentarán en el salón de Honor de la Cámara baja las autoridades de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Argentina Federal (Salta y Misiones) y partidos provinciales, como Catamarca, Tucumán, San Juan y Santa Cruz. Entre todos, aliados a LLA reúnen una mayoría para definir la letra de cada artículo del Presupuesto y marginar al peronismo y la izquierda.
Milei no mostró mucho apuro por el debate de la ley de leyes. Fue enviada a Diputados el 15 de septiembre, como obliga a la legislación vigente, y recién comenzó a debatirse un mes más tarde en comisiones. Caputo no fue al Congreso y en la primera reunión envió a su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien mantiene diálogo permanente con Menem.
La única promesa del funcionario fue aceptar la derogación del capítulo VI, que elimina derechos a las personas con discapacidad, luego ratificados en un proyecto aprobado por Diputados, que el Senado transformará en ley el jueves 19.
Benegas Lynch anunció que se buscaría dictaminar el miércoles 28 de octubre, pero no fue posible, porque los bloques aliados exigieron modificaciones y no hubo respuesta oficial. Fuentes oficiales señalaron que el plan era dictaminar el martes 17 y aprobar el proyecto al día siguiente.
La fecha original era el 25, pero ese día el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deberá exponer en el Senado y prefiere que las dos actividades no se superpongan. Sin embargo, no hubo intercambio de borradores y un acuerdo no será nada fácil.
Los bloques dialoguistas temen que Toto Caputo no quiera leer los planteos de modificaciones y prefiera quedarse sin ley de Presupuesto. El ministro de Hacienda tiene el respaldo de Milei para no escuchar sugerencias de la oposición que impliquen mover un peso de oficina.
La sorpresa para el oficialismo es que el PRO fue el bloque con más reclamos y se sumó a demandas de los bloques más duros. La principal queja amarilla es por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), que es el de mayor aumento en la recaudación en 2027. Una vez más, no se usará para los fines específicos que establece la ley, según reconoció Guberman.
Según la ley 23.966, el 28,58% debería invertirse en infraestructura vial, el 4,31% en obras hídricas. El resto tiene otros destinos, como aportes a las provincias, al Fonavi y a la ANSES. El PRO pidió que si ese dinero no se destina a sus fines específicos, el impuesto sea reducido; y que si el Gobierno lanza licitaciones para las carreteras, las informe por escrito.
El bloque conducido por Cristian Ritondo también solicitó que se extiendan los regímenes de promoción automotriz y autopartista; y reducir el IVA del 21% al 10,5% sobre los huevos y sus derivados.
Pero la pelea más grande del PRO es por regularizar las transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, con el incremento determinado por la Corte Suprema. La agenda porteña es amplia. Contempla autorizar las operaciones de financiamiento de la Ciudad, como el préstamo de la CAF (u$s 145 millones), la Línea F (u$s 500 millones aprox.), el bono a proveedores ($ 600.000 millones) y el financiamiento multilateral del Belgrano Sur (u$s 75 millones). Exigen, además, avanzar en un convenio de intercambio de información sobre billeteras virtuales entre la Nación y la Ciudad.
La UCR tiene una lista de cambios que no fueron tenidos en cuenta por Caputo. En la primera reunión privada que tuvieron los dialoguistas con Guberman, el radical Lisandro Nieri intercambió gritos con el secretario de Hacienda por el financiamiento a universidades. Propuso una mayor ejecución de la asignaciones de este año y revisar la distribución.
El financiamiento universitario será otro foco de discusión. Los rectores exigieron aumentar los recursos que les fueron asignados. Son $ 7,7 billones y quieren que suba a $ 12 billones. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anticipó que no sumará un peso. Otra solicitud radical es la derogación del artículo 17, que elimina la actualización automática de asignaciones familiares.
Argentina Federal irá a la reunión con una lista de planteos. Misiones reclama el pago de deuda previsional ($ 300.000 millones), revisión y reasignación de obras viales, sumar recursos, más fondos para la ley de bosques, restitución de fondos federales para desarrollo habitacional, refuerzo a las partidas universitarias, distribución del ICL, fondos para mantener los puentes internacionales de la provincia y la implementación de la Tarjeta Vecinal Fronteriza moderna y actualizada para agilizar y evitar demoras.
Provincias Unidas no cuenta con una conducción homogénea, pero sus diferentes tribus anotaron sus exigencias para aprobar el Presupuesto. Los referentes de las provincias de Córdoba y Santa Fe se sumaron a los pedidos para mejorar el financiamiento a las casas de altos estudios. Además, piden mejorar las transferencias previstas para cubrir los déficits de las cajas previsionales de trece provincias con sistema propio. Son las dos principales. Por ahora, no hay indicios de que sean escuchadas.
