El peronismo sólo apoya los artículos del proyecto sobre sanciones. Visita de la secretaría legal y técnica, María Ibarzabal Murphy. Aliados, en silencio.
El proyecto de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas que envió a Diputados quedó empantanado. Tras el segundo plenario de comisiones, Unión por la Patria anunció que sólo aprobará el primer capítulo, que aumenta penas por operaciones en la zona del archipiélago. Santiago Caputo decidió enviar a su funcionaria clave.
Se trata de la Secretaria legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, quien este miércoles a las 11 expondrá en la cámara baja. Será el último encuentro previo a la firma de dictámenes, que por ahora el Gobierno no puede garantizar. La funcionaria no es muy respetada en el Congreso: le recriminan haber firmado resoluciones para suspender la aplicación de leyes, como las de emergencia en discapacidad y universidades. Por esas decisiones, algunos opositores la llaman con ironía "la maga".
El proyecto de Malvinas le otorga a Ibarzábal Murphy mucho poder. Sería una de las integrantes del Consejo de Seguridad, que tendría facultades para intervenir con las fuerzas armadas en caso de detectar un ataque a las infraestructuras críticas. También lo integran al Presidente, el jefe de Gabinete, el Ministerio de Defensa, el de Economía, la cancillería y la SIDE.
La visita de la funcionaria cercana a Caputo se definió por pedidos de los aliados del Gobierno, como el PRO, la UCR y los partidos provinciales. Ningún diputado de esas fuerzas se expresó en las comisiones y no quedaron conformes con la exposición que hizo la semana pasada a Paula Tadei, quien responde a las órdenes de Ibarzábal Murphy.
El plenario de comisiones de este martes tuvo invitados de la oposición que cuestionaron la mayor parte del proyecto. Los diputados Germán Martínez y Agustina Propato, de Unión por la Patria, anunciaron que sólo apoyarán los primeros cuarenta artículos. Son los que endurecen las penas a las empresas que exploren en las inmediaciones del archipiélago, con multas que alcanzan los 500 mil barriles de petróleo.
La propuesta del Presidente establece penas de entre 12 y 20 años de prisión, inhabilitaciones comerciales extensas y la posibilidad de afrontar juicios en ausencia a los empresarios involucrados en esas operaciones. El resto de la iniciativa no tiene por ahora respaldo de ninguna bancada no oficialista.
Las atribuciones al Consejo de Seguridad no tuvieron respaldo de la oposición. Tampoco hay respaldo a la creación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF), que tendrían amplias atribuciones para definir personas bajo esa denominación.
El Gobierno tampoco logró respaldo para sumar atribuciones a la Defensa Nacional, con la posibilidad de una intervención militar ante amenazas "no estatales y no cinéticas", en lo que se encuadra "la guerra informática o amenazas internas graves". Menos apoyo tendrá las sanciones previstas por supuestas interferencias extranjeras en procesos electorales.
Los expositores de este martes pidieron a los diputados no aprobar el proyecto. Jerónimo Guerrero Iraóla, abogado que representa al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), sostuvo que la iniciativa tiene aspectos “riesgosos para la vida democrática y el Estado de Derecho” porque “intenta reditar una doctrina de seguridad nacional de los hermanos Milei. Este es el presidente de la extranjerización de la tierra y la entrega del Atlántico sur”, señaló.
Todos los exfuncionarios cuestionaron la propuesta. Daniel Filmus, quien entre 2019 y 2021 fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur sostuvo que “no se puede discutir este tema y haber firmado el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York el acuerdo entre la excanciller argentina Diana Mondino y su par del Reino Unido, David Lammy, que habilita al Reino Unido a llevarse a conservación de pesquerías en el Atlántico Sur”.
El sucesor de Filmus, Guillermo Carmona, también recordó ese convenio y sostuvo que “la actual administración durante tres años no hizo nada por Malvinas. Hace más de dos años que no funciona el Consejo Malvinas y este Congreso es parte integrante de ese Consejo”, cuestionó.
