El Presidente, Toto Caputo y Mario Lugones sacudieron el debate del Presupuesto con un recorte al sector más vulnerable. La trama oculta. Aliados en fuga.
La obsesión de Javier Milei en ajustar las políticas de discapacidad demoró el debate del Presupuesto 2027, reflotó la interna del Gobierno y complicó la negociación de Diego Santilli con los gobernadores para cerrar los números y borrar del calendario las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El lunes pasado, el jefe de Gabinete instruyó a la tropa de La Libertad Avanza en el Congreso para que no pujaran con sus mandatarios. Al día siguiente, supo que su problema no estaba en el parlamento. La decisión de incorporar en el capítulo VI un cambio drástico a la atención de las personas más vulnerables tiene tres responsables: el Presidente, los ministros de Economía, Toto Caputo; y de Salud, Mario Lugones, quien pasará a la historia por buscar quitarle coberturas al sector más vulnerable de la población y no animarse a explicarlo.
La polémica redacción estuvo a cargo de la secretaria legal y técnica, María Ibarzábal Murphy, cercana a Santiago Caputo. La “maga”, como le llaman en el Congreso por su peculiar interpretación del derecho administrativo, es recordada por haber firmado hace un año una resolución para suspender la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, que el Congreso había sancionado y ratificado tras un veto presidencial. Sus colegas aún buscan bibliografía que respalde esa decisión.
Este cuarteto de funcionarios ignora las charlas semanales de la mesa política, a las que sólo acude el Caputo asesor. Todos se jactan de tener línea directa con Milei que ni Karina Milei puede romper. Esta semana, algunos de estos vínculos quedaron al descubierto.
Sin actores que levanten el perfil, la industria de la salud dio muestras de tener peso en el Gobierno. En abril, este sector logró lo que parecía imposible: impuso una reserva en el tratado de patentes (PCT) que exige Donald Trump, como parte de un acuerdo bilateral. Toto Caputo fue el promotor de esta modificación. Por un rato, se alejó de sus influencias en Washington.
El proyecto se aprobó con esa modificación en Diputados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en argentina (Amcham) inició el lobby en el Senado para volver a la versión original. Los aliados de LLA no comprenden la insistencia de Milei en ajustar en discapacidad. El relato no cierra: el Presidente asegura haber cumplido con la legislación vigente y no da explicaciones claras de por qué quiere modificarla. Dice que necesita extraer partidas de otras áreas, pero, en este tema, no muestra números de la gestión que avalen sus argumentos.
Con la letra chica de sus textos, la oposición elaboró algunas hipótesis. El capítulo VI del Presupuesto es un calco del proyecto de ley que Milei envió al Senado en abril, con la firma de Lugones. Resulta un traje a medida para la industria de la salud, que podría mejorar sus ingresos eximiéndose de atender a los minusválidos.
Es así porque modifica la ley 24.901, sancionada hace tres décadas y reconocida en foros internacionales, por haber sido precursora de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina está adherida desde 2008.
Esta norma garantiza las coberturas de la siguiente manera: las obras sociales y prepagas aportan el 15% de su recaudación a un fondo solidario, administrado por el Ministerio de Salud, que luego se encarga de pagar los tratamientos.
Con esta ley, en Argentina una persona que debe atender un caso de discapacidad, propia o de un hijo, tiene la cobertura garantizada si cuenta con un seguro de salud. Los valores de las prestaciones los fija la cartera de Salud, en un listado que se conoce como nomenclador. Con la ley de emergencia, sancionada hace un año, estos aranceles se actualizan cada mes por la misma variable que refresca jubilaciones, que es el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si sobra dinero del fondo compensador, debe ser retribuido a cada sindicalista o empresario, en proporción a sus aportes. En los últimos años, no hay registros de excedentes. Ni bien pisó el Ministerio de Salud, en septiembre de 2024, Lugones programó un ajuste para hacerse de recursos que son destinados a las terapias y horarios a gremios o ceos de la Salud.
Tomó el control de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y congeló los valores del nomenclador. Fue una asfixia planificada que, según les confesó el funcionario en charlas privadas a diputados de todos los bloques, buscaba liberar los aranceles.
Con el respaldo de Milei, Lugones se mantuvo firme y congeló el nomenclador. Recién lo aumentó en octubre de 2025, cuando los familiares que habían protagonizado decenas de marchas tomaron la sede de la ANDIS, en el barrio porteño de Belgrano, en un acto de desesperación que acobardó al personal de seguridad contratado para custodiar el lugar. Por esos días, ya estaba sancionada la ley de emergencia que recién empezó a cumplirse parcialmente en febrero, luego de un fallo judicial de Campana.
Lugones continuó su embestida con un proyecto de ley que envió en abril al Senado. No sé trató y logró incorporar su contenido al capítulo VI del Presupuesto 2027. El ajuste es brutal: propone borrar el nomenclador y dejar las terapias sujetas a una asimétrica paritaria entre las personas con discapacidad y sus coberturas. Habilita precios libres y por región.
El negocio de la industria de salud sería redondo. Si no hay valores mínimos de las prestaciones, las obras sociales y prepagas podrían ofrecer miserias y no tener profesionales interesados en ser contratados.
A su vez, la propuesta incluida en la ley de leyes no asegura la atención médica que el Estado nacional brinda a personas con discapacidad con una pensión y sin cobertura propia.
El texto es capcioso y parece buscar una derivación forzada de la totalidad de la atención a las provincias, aun de quienes por años aportaron a una empresa de salud o a su gremio. Quita derechos y ni siquiera define parámetros de una transición.
Aunque no habla, Lugones dejó los dedos marcados en este intento de reforma. Un día antes de la presentación del Presupuesto, su histórico tutor, Luis Barrionuevo, volvió a la televisión para mandarle a un mensaje.
En diálogo con el periodista Carlos Pagni, el sindicalista gastronómico le advirtió al ministro de Salud que si las obras sociales sindicales seguían siendo deficitarias le iba a ceder la administración. Molesto, Barrionuevo contó que había donado dinero del gremio para cubrir tratamientos y no estaba dispuesto a hacerlo otra vez.
Barrionuevo no habló de discapacidad, porque, justamente, la ley 24.901 la deja fuera de los balances sindicales. Explicó que su mayor problema son los medicamentos caros exigidos a través de amparos. El exsenador omitió lo más importante: la crisis sindical tiene como origen el fracaso de las paritarias en la última década que permitieron la caída del salario real más grande de la historia.
No fue el único sindicalista preocupado. José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la CGT, escribió un borrador para reducir el aporte gremial al Fondo Compensador. Ningún diputado le atendió el teléfono.
Lugones no puede frenar los amparos por recetas millonarias y, tal vez por eso, busque ayudar de otra manera. Borrar una generación de discapacitados le permitiría mejorar los ingresos de sus amigos. El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) definió la gestión del ministro de Salud como una eutanasia social.
El propio ministro es un empresario de la salud. Fue el histórico administrador del Sanatorio Güemes, que es atribuido a Barrionuevo y Coti Nosiglia. También supo estar al frente de la prepaga Hominis. En su declaración jurada de 2024, Lugones se declaró propietario del 50% de Fonosalud S.A., una empresa de asesoramiento y gestión en sistemas de salud.
El 29 de abril, en su informe de gestión, el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni les dijo a los diputados que el funcionario se había desprendido de ese capital en 2022. En la oposición estudian si alguno de los ingresos puedo haber influenciado sus decisiones como ministro.
El ajuste en discapacidad en el Presupuesto 2027 enfureció por igual a diputados y diputadas de La Libertad Avanza y sus habituales aliados, que negociaban un proyecto alternativo.
La redacción estaba a cargo de Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici. Esta última ya tiene acorralado a Lugones con la elaboración de un proyecto de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una exigencia del Congreso luego de las muertes por el consumo de fentanilo contaminado.
El miércoles, Giudici y Rodríguez Machado usaron su participación en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para desentenderse del capítulo más polémico del Presupuesto. Continuaron negociando un proyecto “superador” de discapacidad. Los borradores sugieren un ajuste mínimo, que hasta ahora únicamente el PRO avala. La indexación sería bimestral y habría mayores restricciones a las pensiones. La negociación está verde. El resto de la oposición no entiende el negocio de enfrentar al sector, justo antes de la misa del papa León XIV en el cottolengo Don Orione, cuando visite el país.
Milei no se escondió. Habló en un streaming y envió mensajes a los aliados. Dijo que cumplirá la ley de emergencia y, si hay alguna partida que subir, la reasignará. Fue un mensaje a los gobernadores, con quienes Diego Santilli negocia partidas y un cronograma electoral.
De esta manera, el Presupuesto pone a la discapacidad de rehén. Ni siquiera contempla el pago de las compensaciones a la ley de emergencia. Tampoco está claro cuánto es el gasto en pensiones, porque el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, no informó si hizo una auditoría. En el Congreso le preguntaron y no respondió.
La emergencia exige cruzar datos con beneficiarios y empleo formal, para excluir del subsidio a quienes cobren dos salarios mínimos. Según un informe del CELS, el 72% de las pensiones por discapacidad pedidas durante la era Milei no fueron otorgadas. No está claro cuál sería la erosión fiscal que causa el sector.
Además, las organizaciones que expusieron sobre discapacidad describieron que Incluir Salud, el sistema de prestaciones que maneja Lugones, tiene mucha más demora en pagar que las obras sociales. Los datos de ejecución presupuestaria disponible no indican que el ministro haya necesitado asistencia para cumplir con las leyes que exige cambiar.
La interna el Gobierno escaló con la rebelión de Patricia Bullrich, quien aprovechó la crisis para recordar su condición de librepensadora.
Ya había comenzado la semana dejando huellas de rebeldía. El lunes, la diputada Patricia Vázquez, que responde a la exministra, fue la única que interpeló a Milei en la reunión que los legisladores libertarios tuvieron en la Casa Rosada con el Presidente. Le preguntó cómo explicarle a la gente sus variables económicas. El jefe de Estado se enojó. El miércoles, Bullrich dejó fuera de la sesión del Senado la reforma del Banco Central.
La senadora suma poder en ambas cámaras del Congreso para frenar un ajuste en discapacidad y está dispuesta a jugar. Si la emergencia es sancionada y Milei la veta, está dispuesta a no ayudar para sostener esa decisión. Sin sus votos, La Libertad Avanza no alcanzaría el tercio necesario en Diputados.
Con ese dato, Martín Menem tiene que negociar cuánto antes un proyecto alternativo. Este fin de semana esperaba una respuesta del Poder Ejecutivo a los borradores que intercambió con el PRO. El tiempo corre. Y la crisis del Gobierno por ajustar a la discapacidad no encuentra límites.
