El plenario de comisiones tuvo voces en contra que sostienen que una regulación amplia impide peticionar. La discusión se reanudará el próximo miércoles.
El proyecto para regular la gestión de intereses que envió Javier Milei a Diputados quedó empantanado, por el rechazo de la totalidad de las organizaciones no gubernamentales y de las cámaras empresariales que expusieron en un plenario de comisiones. El oficialismo recogió el guante y empezó a negociar un texto alternativo con la oposición.
Lo curioso es que las quejas fueron heterogéneas. Abarcaron ONG como el CELS, la UIA, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), además de los directivos de las áreas de asuntos públicos de las empresas, encargadas de gestión de intereses.
La crítica principal de las ONG es la amplia definición de gestión de intereses, que habilita a penalizar cualquier contacto entre sus representantes y legisladores, con sanciones que alcanzan la prisión efectiva.
Según el proyecto, son consideradas tareas de lobby cualquier acción de “personas humanas o jurídicas”, que en forma “onerosa o gratuita”, intenten influir en cualquier órgano público. Por lo tanto, para realizar cualquier petición ante el Congreso, individual o colectiva, será necesaria la inscripción en un registro público.
Con este panorama, en el Gobierno reconocen que no tienen los votos para dictaminar la semana siguiente, como estaba previsto. “Tomaremos las observaciones en las sucesivas reuniones de comisión”, anunció Nicolás Mayoraz, de Asuntos Constitucionales. El miércoles próximo seguirán las exposiciones y, si hay consenso, habrá dictamen para incluir el proyecto en la sesión del 24. No parece el escenario.
El debate del proyecto fue en un plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales. No empezó bien. Alejandro Díaz, CEO de AmchaN, reclamó aclarar la definición de gestión de intereses y beneficiarios finales, para diferenciar gestiones institucionales y corporativas. “En aquellos casos que son gestiones de cámaras empresariales y asociaciones civiles, que representan intereses colectivos”.
Su intervención ocasionó un escándalo, cuando la diputada kirchnerista Florencia Carigniano, saltó de la silla para insultar a Díaz. “¡Por favor! ¡Le exijo respeto!”, sostuvo Díaz. Un planteo similar al de la cámara estadounidense realizó Agustina Briner, de la Unión Industrial Argentina (UIA). Reclamó incorporar la figura del “beneficiario colectivo” para contemplar las gestiones realizadas por cámaras empresarias en representación de sectores productivos completos y no de compañías individuales.
A diferencia de AmChan, para la UIA exigir la identificación de beneficiarios finales en esos casos podría resultar impracticable para entidades que nuclean a miles de empresas.
Diego Buranello, a cargo de Círculos Dircom, que agrupa a los directores de asuntos públicos de las compañías, se mostró a favor de regular intereses, pero consideró que el proyecto produce “tensiones”, como la licencia obligatoria, la definición de gestión de intereses y las penalidades, que alcanzan multas y hasta tres años de prisión por hacer lobby sin registro previo.
Las organizaciones no gubernamentales se unieron en una crítica común: con una definición de intereses tan amplia, su diálogo con el Gobierno será imposible. “Con esta ley, las actividades normales pasan a estar bajo control permanente. En ningún país se mete en la misma bolsa a las organizaciones de sociedades civiles y las corporaciones”, denunció Paula Litvachky, del CELS.
“El primer problema se encuentra en la definición de gestión de intereses. Su redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública”, sostuvo Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados.
“Con esta amplitud de definiciones -prosiguió- permite que la actuación profesional cotidiana de miles de abogados quede comprendida en la categoría de gestión de intereses y ni siquiera aparece mencionado el secreto profesional”, se indignó.
Leandro Cahn, de la Fundación Huésped, negó que hablar con funcionarios fuera hacer lobby y cuestionó las multas, que alcanzan 181 millones de pesos, mientras que, para los funcionarios, sólo incluye un apercibimiento.
Leandro Schilder, de la IERP (Iglesia Evangélica del Río de la Plata) y la FAIE (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas) atacó al Gobierno. “Los verdaderos lobbystas no piden reuniones. Las convocan. Y los funcionarios van, escuchan y obedecen. Hagamos una ley que los controle a ellos”, atacó.
Otra queja fue del secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), Francisco Rabini, alertó sobre algunos artículos “introduce una trampa: la excepción cae si se entiende que hay incidencia en una actividad. Se rompe el resguardo constitucional de las fuentes periodísticas”, protestó.
Verónica González, de REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), cuestionó que la redacción del proyecto los considere una ONG extranjera por tener financiamiento extranjero. “Lo hacemos porque no tenemos fondos del Estado, para tener independencia”.
“Hay organizaciones de discapacidad que no tienen figura jurídica. Bajo este proyecto no podrían plantear su disidencia, pero están alcanzadas por la ley. Pueden recibir penas de prisión”, cuestionó la dirigente.
El proyecto no tuvo defensa oficial y algunos diputados libertarios admitieron que habrá modificaciones. Al finalizar el encuentro, la diputada libertaria Silvana Giudici, se acercó a González y le aseguró que su actividad no está en riesgo. Anticipó que habrá cambios. Y serán muchos.
