Varios gobernadores esperaron llamados desde la Casa Rosada que nunca llegaron. Quedaron con sus teléfonos en la mano Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Los tres se sorprendieron cuando la titular de la bancada oficialista mencionó a sus bloques en la conferencia de prensa del pasado martes, en la que informó sobre un dictamen que nadie conocía en detalle.
Un día antes de la sesión, estos mandatarios coordinaron un operativo para desmarcarse de Bullrich y dejarla sin votos para aprobar el capítulo que modificaba ley de tierras. La obligaron a retirarlo y a seguir negociando el resto de la iniciativa.
La derrota de Javier Milei
Desordenado y aún sin brújula para 2027, el peronismo mostró su oficio y logró esquilmar el proyecto del Gobierno hasta minutos antes de votar.
Sus principales actores trabajaron full time para arruinarle la jornada a La Libertad Avanza. Desde su prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner se mantuvo al teléfono con José Mayans y Juliana Di Tullio. El gobernador Axel Kicillof fue a capitalizar la manifestación de la plaza del Congreso.
Sergio Massa operó en las sombras y fue efectivo. Llamó a los gobernadores que torcieron sus votos a último momento. Hubo cambios de posiciones increíbles como la de la senadora salteña Flavia Royón, quien había escrito varios artículos de la versión número 20 del dictamen y ni siquiera votó a favor en general.
En la sesión, la neuquina Julieta Corroza hizo otra pirueta de antología: votó en contra de enviar el proyecto a comisión y luego lo rechazó. Bullrich no entendía nada. “Hubo algunos senadores que se habían comprometido a votar y cambiaron de posición. Así es la democracia”, protestó en voz baja ante las cámaras, al salir del Senado.
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El único interlocutor de la Casa Rosada con Bullrich fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero los mensajes no llegaron a las provincias, por la sencilla razón de que el texto en discusión no era del agrado del Presidente.
El rol de Sergio Massa
El excandidato presidencial hizo de las suyas. A los llamados insistentes a Sáenz (que se repiten desde la asunción de Milei) y a Figueroa (quien hasta publicó un video en contra de los cambios a la ley de tierras), se sumó una gestión final con Misiones que fue clave para impedir que se aprobaran los cambios a la ley de manejo del fuego.
El capítulo contenía la derogación de la última reforma, que inhabilita modificar el destino de la tierra incendiada por 30 años. Bullrich había sostenido las restricciones para los bosques nativos (que es por el doble de tiempo), pero no a los humedales ni a zonas protegidas por las provincias.
De madrugada, la kirchnerista Juliana Di Tullio advirtió que había un empate en 35 votos para ese fragmento del proyecto y el triunfo oficialista lo coronaría el puntano Bartolomé Abdala, a cargo de presidir la sesión. No iban a acompañar ese capítulo Maximiliano Abad (UCR) y Edith Terenzi (Chubut), que habían votado a favor en general.
Una opción en Unión por la Patria era retirar un senador propio para que la victoria no fuera por desempate. Otra alternativa era levantarse de sus bancas e intentar dejar la sesión sin cuórum.
Al teléfono, Massa le encontró la solución: llamó al líder misionero Carlos Rovira y al gobernador de esa provincia, Hugo Passalaqua, y los convenció de retirar a sus senadores, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes unas horas antes habían dividido su bloque.
Bullrich se quedó sola
Sin la dupla misionera, la derrota del Gobierno era inevitable. Para evitarla, Bullrich le ordenó a su bloque retirar el capítulo de la ley de manejo del fuego. Tuvo un diálogo muy tenso con parte de sus dirigidos, quienes le recriminaron haber llevado la negociación hasta el final sin acuerdos consolidados.
El discurso de cierre de la jefa de LLA, cargado de rabia, tenía las secuelas de esas discusiones. De ahí los furcios, como hablar de un “PIN”, que aún no se sabe bien de qué se trata.
Los reproches de sus pares habían sido muy duros. Le cuestionan no haber escuchado a la Casa Rosada y avanzar con un acuerdo propio, como si ella fuera la que aplicara las leyes.
De hecho, hasta horas antes de la sesión, hubo declaraciones de Sturzenegger en contra del poder de veto concedido a los gobernadores en la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
No quería que se aprobara de esa manera y la exministra de Seguridad insistió igual. "Es insólito, ni el kirchnerismo se animó a tanto”, reprochaban desde la cartera de Sturzenegger.
La exministra no se achicaba. “¡Nunca vas a evitar que un gobernador arme su ley! ¡No te podés trabarte por eso!”, les respondía. La discusión se terminó en el receso invernal, cuando el Presidente dio la orden de dejarla jugar sola.
Bullrich estaba molesta con Milei y todo su gabinete. Ninguno de ellos había apoyado su negociación en las redes sociales, un ámbito donde esta vez fue derrotado en la batalla cultural con el progresismo que tanto alienta el Presidente.
El proyecto se envió en marzo y se dictaminó en mayo, pero el contenido original de uno de sus capítulos (la reforma de la ley de tierras) dominó el ecosistema digital durante la última parte del Mundial, cuando ya había sido reescrito varias veces.
Los libertarios más paranoicos creen que la presión digital, que agitó movilizaciones en cada rincón del país, fue producto del retorno de las tropas virtuales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que tanto hicieron sufrir a Milei durante la campaña presidencial. La falta de reacción en las redes expuso la ausencia de un equipo sólido del Presidente. Tal vez sea una venganza de Santiago Caputo.
Las disculpas de Benegas Lynch
La accidentada sesión dinamitó al “bloque de 44”, como Bullrich llama al grupo de oficialistas y aliados que quiere conservar como arma para conseguir leyes. Son 21 de La Libertad Avanza, tres del PRO, diez de la UCR y el resto de las variantes de los partidos provinciales.
Intencionalmente o no, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch casi rompe este acuerdo que funciona desde diciembre, cuando en un intento por defenderse de las acusaciones de Di Tullio, llamó “tibios del medio” a los aliados por no avalar los cambios a la ley de tierras. Él era uno de los principales beneficiados, porque una de sus actividades es ofrecer parcelas a compradores foráneos.
Joaquín Benegas Lynch, entre la rosa provincial de LLA y la alianza con Rogelio Frigerio.
Los murmullos se hicieron sentir rápido en el recinto y la pelea se trasladó al grupo de WhatsApp que la jefa libertaria armó con todos los aliados. “Andate a la concha de tu madre”, escribió el santacruceño José Carambia, que luego votó en contra.
La jefa LLA en la cámara alta no sabía si se trataba de una conspiración y si Benegas Lynch sigue sin saber cómo funciona el Senado. Molesta, le ordenó pedir disculpas a cada uno de los socios y el senador,. disciplinado, recorrió las bancas para cumplir la orden. La escena fue graciosa, sobre todo cuando la cordobesa Alejandra Vigo le negó el saludo.
Diputados, a paso lento
El proyecto que llegó a la cámara baja causa poco interés en la Casa Rosada porque su aplicación es incierta. El juicio sumarísimo para desalojos se implementará sólo en territorios federales y no podrá cumplirse si lo ocupan familias o personas vulnerables (con discapacidad o ancianos). En estos casos, la autoridad judicial debe conseguir un refugio y organizar la mudanza. Además, quien haya ocupado un terreno por diez años sin reclamos, no será expulsado.
Las expropiaciones deberán pagarse a valor de mercado, pero los supuestos perjudicados tendrán penas si falsean información. El resto del texto es declarativo o de forma, muy lejos de los parámetros libertarios de Milei.
Abdala lo envió el mismo viernes al Senado, cuando seguía ocupando la vicepresidencia por el viaje del Presidente a Colombia. Martín Menem no tiene apuro. Esperará a aprobar al menos uno de los temas que envió el Poder Ejecutivo.
La metodología de trabajo del riojano no difiere demasiado a la del Senado. Reúne a los aliados con funcionarios antes del tratamiento de la ley. Es una discusión previa que habrá por cada tema y, si termina en acuerdo, reúne una mayoría para imponerse.
Con la segunda versión de la ley de inocencia fiscal será difícil evitar cambios. Los aliados exigen excluir a los funcionarios, para evitar que otro caso similar al del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien usó esta norma antes de admitir que no había declarado una fortuna en criptomonedas.
La reforma de la carta orgánica del Banco Central tiene un consenso mayor, aunque los parámetros para la remoción deben revisarse, porque sólo la Constitución puede definir cuándo se precisan dos tercios, que es la mayoría exigida en el proyecto para echar a directivos del organismo.
Algunos aliados piden cambiar las condiciones para nombrar a los directivos del BCRA y evitar que puedan ejercer temporalmente sin aval legislativo, como ocurre actualmente. Las exigencias para sostener el valor de la moneda no tienen detractores. Es la batalla cultural que Milei parece haber ganado. Pero tiene que afrontar muchas más.