Fueron 139 votos a favor y 100 en contra. Quedan excluidos quienes hayan sido funcionarios los últimos cinco años. Los partidos provinciales, claves.
Javier Milei logró un triunfo en su pelea por conseguir reactivar la inversión con dólares ahorrados por la población: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto Inocencia Fiscal II, que permite incentivar la declaración de fondos al contemplar una mayor presunción de inocencia y reducir las multas.
Para sumar voluntades, en comisiones quedaron excluidos de los beneficios quienes hayan sido funcionarios en los últimos cinco años. La iniciativa fue aprobada con 139 votos a favor y 100 en contra. Colaboraron con el Gobierno el PRO, la UCR y los partidos provinciales aliados (Salta, Tucumán, Misiones, Catamarca, San Juan y Neuquén) y un sector de Provincias Unidas. Este bloque tuvo dos abstenciones: Lourdes Arrieta y la cordobesa Alejandra Torres, cercana al gobernador Martín Llaryora, quien se desmarcó de sus coterráneos, que votaron en contra. El rechazo tuvo como principales protagonistas a Unión por la Patria y la izquierda.
Inocencia Fiscal es un sistema que existe desde este año, pero con este cambio se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para registrarse, que son de $1000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Con esta modificación, que debe pasar todavía por el Senado, podría beneficiarse cualquier contribuyente. El régimen permite declarar Ganancias con una presunción de inocencia, que en la práctica permite blanquear dinero no declarado. "Estamos tratando de conseguir que vuelva dólares que no ingresan hace tiempo", celebró el libertario Nicolás Mayoraz.
Para lograr la aprobación, el oficialismo tuvo que prohibir esa ventaja a quienes hayan sido funcionarios en los últimos cinco años. Podrán usar el sistema simplificado de Ganancias, pero no las otras ventajas ni beneficiarse con la reducción de multas. Otro cambio en comisión fue la reducción adicional del 25% de multas para las pymes.
La oposición recordó que la actual versión de Inocencia Fiscal fue usada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni para justificar ingresos no declarados. “Esto es un proyecto que plantea casi un blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias y una presión hacia la UIF para que modifique la normativa de lavado de activos, porque es lo que está complicando que el sistema funcione”, cuestionó Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria.
“Es una 'obscenidad fiscal’ porque el otro no alcanzó a contentar a los amigos que tienen los dólares en el colchón. Mientras tanto el Gobierno se niega a transparentar cuántos fueron los funcionarios que ingresaron al Régimen estos meses”, sostuvo Mariela Coletta (Provincias Unidas). "Esto premia a los grandes evasores, busca garantizarles la impunidad", reclamó Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Recordó que el régimen fue presentado hace un año por José Luis Espert, quien luego fue acusado por sus vínculos al narcotráfico.
El oficialismo celebró la aprobación y confía en la sanción en el Senado. La miembro informante fue Laura Rodríguez Machado, quien, como titular de la comisión de Legislación Penal, tuvo a cargo los plenarios.
"No es lo mismo una infracción formal que una conducta deliberada de evasión. El Estado debe concentrar sus herramientas más severas en quienes efectivamente defraudan al fisco, mientras que los incumplimientos formales deben recibir una respuesta proporcional", sostuvo la legisladora.
“Tuvimos tanta inflación que somos unos de los pocos países que gana en pesos, pero ahorra en dólares y eso genera una sospecha permanente de que miles de ciudadanos que trataban de proteger sus ahorros, eran delincuentes”, cerró Rodríguez Machado.
