Contempla hasta 36 cuotas, con hasta 25% de interés. Lo presentarán el 29 y bucarán un acuerdo con la bancada de Provincias Unidas. La letra del oficialismo.
Unión por la Patria consensuó este lunes un proyecto para aliviar las deudas familiares y buscará acordar con el resto de la oposición para aprobarlo en el recinto. El debate se retomará este martes en Diputados con expositores y continuará el 29, cuando se presentarán los dictámenes. La Libertad Avanza presentará su proyecto.
El peronismo logró consensuar un texto común luego de presentar 20 iniciativas, algunas muy disímiles, lo que ocasionó una interna que recién se pudo resolver en un zoom. Había dos sectores bien marcados: el PJ tradicional, representado en Victoria Tolosa Paz, y el grupo apadrinado por Juan Grabois, que lidera Itaí Hagman.
El proyecto acordado juntó fragmentos de cada texto. Declara la emergencia por sobreendeudamiento por 180 días y crea un régimen especial para reestructurar las deudas y otorgar un "alivio financiero". Podrán acceder los residentes en Argentina con moras de hasta tres canastas básicas totales (CBT).
Tendrán dos beneficios centrales: condonación de la totalidad de intereses punitorios devengados y cuotas mensuales fijas o variables. Habrá 12 pagos para quienes adeuden una CBT; 24 pagos para quienes adeuden hasta dos CBT y 36 para quienes superen esa mora.
La propuesta les pone un techo a los intereses: no podrán superar en más del 25% la tasa nominal anual promedio ponderada por monto de los depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, de 30 a 35 días. También se contempla la suspensión automática de embargos, ejecuciones judiciales o extrajudiciales de cobro y reportes negativos a centrales de riesgo.
El programa incluye deudas con bancos, servicios financieros particulares, fideicomisos, empresas gestoras de cobro y "cualquier otra persona humana o jurídica acreedora de carteras de crédito de consumo". Sólo quedan excluidos quienes tengan "antecedentes de fraude financiero o lavado de activos de origen delictivo, por sí o como integrante de persona jurídica".
No estarán comprendidas las "obligaciones alimentarias, tributarias, hipotecarias y prendarias, sin perjuicio de los regímenes especiales que pudieran resultarles aplicables" y las "deudas con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, así como las deudas en dólares contraídas con tarjetas emitidas en el país". Tampoco podrán acceder a los beneficios las personas expuestas políticamente.
El borrador de dictamen se completa con un plan de supervisión y sanciones a entidades reguladas por el Banco Central, ampliación de Competencias del Régimen de Defensa del Consumidor y límites a intereses, cargos y condiciones de financiación sobre tarjetas de crédito y préstamos personales, ya sea de emisores bancarios como no bancarios.
Al igual que en el plan de reestructuración, no podrán superar el 25% la tasa nominal anual promedio ponderada por monto de los depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, de 30 a 35 días. Además, se derogan los artículos del DNU que liberaron las tasas de interés y el BCRA se obliga a publicar la tasa máxima legal de referencia.
El peronismo buscará negociar un texto en el recinto con la oposición dialoguista, aunque los más optimistas intentarán un acuerdo para dictaminar el 29. La mira está puesta sobre Provincias unidas, donde intentan acordar con dos proyectos: uno del radical Pablo Juliano y otro patrocinado por los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.
Juliano contempla un procedimiento judicial exprés y gratuito con un mecanismo rápido para que los deudores puedan revisar y reestructurar sus obligaciones. Incluye una Instancia de mediación, que interviene para indagar cómo se construyó la deuda y actuar como mediador.
La propuesta contiene un análisis de ciertos factores que provocaron la mora, como las "tasas abusivas, intereses desproporcionados o si la entidad otorgó el dinero con mala fe". Culmina con regulaciones y restricciones para evitar que las fintechs y agencias de cobranza "acosen digitalmente a los deudores o a sus familiares utilizando sus datos personales".
Los diputados por Córdoba y Santa Fe proponen cubrir las deudas con una línea de créditos ajustable por UVA (máximo 7,5% anual), con beneficios impositivos para reducir costos financieros y con plazos de hasta 60 meses para saldarlos. Sería financiado a través del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses, sin que el Estado se haga cargo de las deudas con participación voluntaria de bancos, Fintech y financieras.
La Libertad Avanza prepara su dictamen con tres aspectos claves: educación financiera para evitar que los usuarios tomen créditos que no pueden pagar; garantizar la doble verificación de la información y difundir, en forma visible, el costo financiero total de cada operación. "No vamos a intervenir en el mercado bancario. La última vez que sucedió fue en 2001 y se eliminó el crédito hipotecario", recuerdan en el oficialismo.
Los referentes de LLA esperarán a que la oposición presente su proyecto para exponer su dictamen, que por ahora se esconde bajo siete llaves. Confían en llegar a una mayoría. No será sencillo.
