Alejandro Vilches irá el miércoles a la comisión. La oposición exige que asistan organizaciones. El 9S se trata un proyecto para garantizar la asistencia.
Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad. Defenderá al Gobierno en Diputados.
El Gobierno intentará no prorrogar la emergencia en Discapacidad, como la oposición propone en Diputados y quiere debatir en la sesión del 9S. El miércoles, el secretario del área, Alejandro Vilches, asistirá a la cámara baja para pedir no continuar con esa facultad, que el Congreso le dio al Ejecutivo hace un año.
Formó parte de una ley mas amplia, sancionada en 2025, que mejora las prestaciones y crea un nuevo sistema de pensiones. Los referentes de la oposición y las organizaciones del sector coinciden en que, aun sin la continuidad de la emergencia, estos beneficios deben continuar igual.
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, es el autor del proyecto para extender la emergencia un año más, una alternativa que propone la ley, que recién empezó a aplicarse en febrero de este año, tras un fallo judicial. Javier Milei hizo lo posible para cumplirla. La vetó, el Congreso la ratificó con dos terceras partes y no fue reglamentada hasta que llegó una orden desde Tribunales.
La iniciativa de Marino tiene la firma de referentes de todos los bloques opositores, que en la sesión el último miércoles reunieron una mayoría simple. Cuando se abra el recinto, ese número alcanzará para citar a comisiones, dictaminar y dejar el texto listo para su aprobación.
La Libertad Avanza (LLA) está dispuesta a dar el debate. Para eso, el diputado Gerardo Huesen, de LLA, convocó a una reunión informativa de la comisión de Discapacidad para el miércoles a las 16 horas.
En la citación, se anuncia la presencia de "funcionarios de la Secretaría de Discapacidad". Si bien no se menciona a los invitados, fuentes del oficialismo confirmaron que estará Vilches. La oposición pidió que las organizaciones del sector participen de la audiencia y enfrenten a Vilches. Por ahora, el oficialismo no lo acepta.
La reunión del miércoles será la primera exposición de La Libertad Avanza sobre discapacidad, luego de las masivas manifestaciones que hubo durante 2025 para reclamar un incremento en las prestaciones. El conflicto surgió con la llegada de Mario Lugones al Ministerio de Salud, en septiembre de 2024. Ni bien el empresario de salud pisó su despacho, se congelaron los valores del nomenclador.
Se trata de un listado de precios únicos para pagar tratamientos, que en su mayoría absorben obras sociales sindicales y prepagas. No son fondos públicos, sino que el dinero surge de un fondo solidario de redistribución, compuesto por un porcentaje de las cuotas de los afiliados. El Estado sólo paga una parte ínfima, destinada a quienes no tienen coberturas. Con los montos de las prestaciones congelados, la atención fue decayendo.
Tras las manifestaciones de familiares, directivos de instituciones y profesionales, la oposición reunió mayoría y logró la ley. Fue así que aumentaron los valores deas prestaciones y se estableció una indexación mensual por inflación, que se aplica desde febrero. Además, la norma dispuso un plan de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para pagar deudas y una compensación por los retrasos.
Las organizaciones de discapacidad denuncian que estos capítulos se cumplieron a medias. Aseguran que el piso del nomenclador quedó por debajo de lo que indica la norma, que los beneficios fiscales no se completaron y las compensaciones no se pagaron en su totalidad.
La ley se completa con un cambio en el sistema de pensiones, que contempla limpiar el padrón actual y establecer un subsidio del 70% de la jubilación mínima a personas con Certificado de Discapacidad (CUD). Sólo quedarían exceptuados quienes tengan empleo, con haberes equivalentes a dos salarios mínimos.
Además, el proyecto promueve el empleo de personas con discapacidad con beneficios fiscales a empresas privadas que contraten y el cumplimiento efectivo del cupo del 4% en los organismos públicos, una obligación que pocos funcionarios respetan. Este capítulo no fue implementado y Vilches deberá dar explicaciones el miércoles.
La norma termina con un artículo que tampoco se implementa y obliga a revisar anualmente los costos de las prestaciones. Milei mantiene su voluntad de no cumplirla y la ratificó con un proyecto enviado al Senado, que elimina el sistema de prestaciones y deja la atención en manos de cada obra social.
Vilches quedó al frente del área hace un año, cuando renunció Diego Spagnuolo, tras las denuncias de presuntas coimas. Por entonces, las políticas de este sector se aplicaban desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo autárquico que fue cerrado en diciembre.
Fue en ese momento cuando Vilches se convirtió en secretario, por debajo del ministerio de Salud, que ya tenía a cargo Andis. Lugones volverá a pegar el faltazo al Congreso, dónde no asistió desde que asumió su cargo. No quiso hablar de discapacidad ni explicar las muertes por fentanilo adulterado, que formó parte de una investigaron en una comisión especial de Diputados.
Gran parte de la discusión del miércoles pasará por el alcance de los primeros cuatro artículos de la ley, que declaran la emergencia por un año (con chances de prorrogarlo otro más) y definen sus alcances. Para Marino, autor del proyecto de prórroga, no hay duda de que, si no se extiende, Milei debe cumplir la norma igual.
"No es condición la emergencia para actualizar el nomenclador y cambiar el sistema de pensiones", ratificó el diputado a Letra P. La ley define emergencia como la chance de "modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole". O sea, si Milei desiste de estas atribuciones, tendrá más dificultades en subir prestaciones e implementar un sistema de pensiones.
También se establece que mientras dure la emergencia el Poder Ejecutivo debe brindar el "financiamiento adecuado" para asegurar prestaciones -que en su mayoría son privadas-, pensiones; pagar las compensaciones y financiar los programas del área. En la oposición comparan esta norma con la ley Bases, que en su artículo primero dispone emergencias y luego propone reformas de carácter permanente, como privatizaciones y fusiones de organismos.
Vilches deberá dar una explicación clara si quiere evitar que los aliados del Gobierno no se sumen a la sesión del 9S, en la que también se debatirá sobre el endeudamiento de las familias. Si prospera la prórroga de la emergencia en las dos cámaras, Milei tiene la opción del veto. Esta vez sería decisivo, porque La Libertad Avanza cuenta con más de un tercio de los votos en Diputados para sostenerlo. El primer desafío del Gobierno es cortar el debate antes. No será fácil.
