El peronismo quiere avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, pero los gobernadores del otro bloque opositor no lo quieren acorralar.
Manuel Adorni se fue conforme del informe de gestión que realizó en Diputados e inició una nueva batalla en el Congreso: impedir que avance una moción de censura para expulsarlo del cargo. Esta medida, impulsada por Unión por la Patria (UP), por ahora no tiene mayoría porque no cuenta con el respaldo de la totalidad de Provincias Unidas (PU).
Esta bancada quiere marcarle la cancha al gobierno con el proyecto Ficha limpia, pero no está dispuesta a seguir atacando a Adorni, como sugirió este miércoles al final de la sesión el jefe de UP, Germán Martínez.
El santafesino anticipó que buscará los votos para desplazar a Adorni y hasta advirtió que ni en el propio oficialismo hay consenso en sostenerlo. El funcionario lo tomó como una provocación: “Sería la primera vez que desplacen a un jefe de Gabinete”, se defendió.
La moción de censura existe desde la Constitución de 1994 y permite que, tras una interpelación, ambas cámaras del Congreso puedan echar al ministro coordinador. Quien más cerca estuvo de esa situación fue Guillermo Francos: en diciembre, la oposición presentó proyectos para expulsarlo por no aplicar la emergencia en discapacidad.
Estas iniciativas no llegaron a tratarse porque el funcionario renunció. Su sucesor tiene varios pedidos de interpelación presentados en Diputados cuando se iniciaron las causas por enriquecimiento ilícito, que UP buscará reactivar.
En el oficialismo están seguros de tener el control del recinto, al menos por el caso Adorni, debido a que durante el informe de gestión el bloque PU no se mostró hostil, a excepción de los tres miembros que tienen denuncias contra el jefe de Gabinete: Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, quien de todos modos preguntó sólo por el caso $LIBRA.
También podrían acompañar Mariela Coletta (cercana a Martín Lousteau) y Natalia de la Sota. Los referentes de los gobiernos locales que integran PU no quisieron acorralar al jefe de Gabinete. Se trata de cuatro diputados de Córdoba (Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Brügge y Alejandra Torres), zJujuy (Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán), el chubutense Jorge Ávila y la santafesina Gisela Scaglia, jefa de la bancada.
Se trata de un cambio de postura respecto a la sesión del 8 de abril, cuando este grupo votó junto a sus pares a favor de emplazar a comisiones para tratar los proyectos para interpelar a Adorni.
Las mociones no prosperaron porque requerían dos tercios, pero alcanzaron 125 votos, sólo cuatro menos que la mayoría, con dos ausencias del peronismo que podrían no repetirse. El plan de UP ese día fue llamar a una sesión para, ya con mayoría simple, ponerle fecha al tratamiento en comisión de la interpelación. Con la división de PU la idea perdió fuerza.
Fuentes del grupo de PU que no quiere acorralar a Adorni dan sus motivos. Explican que hace un mes se esperaba la renuncia del jefe de Gabinete y por lo tanto no era buen negocio apañarlo en el recinto. Tal es así que también votaron a favor de aquel fallido emplazamiento el trío de Catamarca que oficia de aliado habitual de la Casa Rosada.
Con el jefe de Gabinete sostenido por el Gobierno, las cuentas son otras. “Si no tiene una condena, vamos a dejar todo en manos de la Justicia”, sostienen los dialoguistas de PU.
El propio Adorni cerró su discurso recordando que no está imputado y que, por lo tanto, no puede juzgarlo el Congreso. La interpelación no requiere haber cometido delitos, sino que puede acotarse al mal desempeño, una figura que siempre depende de la interpretación de los legisladores.
En UP basarán su pedido en las evasivas del jefe de Gabinete, quien no respondió tres preguntas de miembros de ese bloque. Lo consultaron sobre su incremento patrimonial, que le permitió pagar hipotecas y viajes; así como el aumento de facturación que tuvo su esposa desde que él es funcionario.
Otra consulta fue sobre las habilidades de su escribana para conseguir donaciones, que Adorni habría usado para comprar propiedades.
En el peronismo se fueron de la sesión convencidos de que no será posible abrir el recinto en la brevedad. La expectativa de sus referentes era convencer a Provincias Unidas de sesionar con temas de consenso.
La lista en común no está fácil. Scaglia quiere apurar su proyecto de Ficha limpia, el mecanismo que prohíbe candidaturas a quienes tengan condenas en segunda instancia.
El Gobierno incorporó este tema a la reforma política que está cajoneada en el Senado. En La Libertad Avanza no aceptan tratar este proyecto aparte. “Si quieren llamar a sesión, que busquen cuórum”, desafían.
En UP tienen otros temas que quieren llevar al recinto, como los proyectos para aliviar el endeudamiento de las familias. En el oficialismo se preparan: en 15 días quieren una sesión para aprobar la "Ley hojarascas". Los más entusiasmados evalúan reuniones quincenales. Antes, quieren ver si la oposición logra unirse. Por ahora, no ocurre.
