El capítulo incorporado a Propiedad privada obtuvo dos tercios y quedó firme. Se abstuvieron cinco diputados que responden al gobernador y Álvaro González.
Con ayuda de Martín Llaryora y Larreta, Diputados aprobó el proyecto que blinda la ley de tierras de CFK.
La Libertad Avanza (LLA) logró aprobar en Diputados con modificaciones el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que de esta manera volverá a debatirse en el Senado. Se incorporó la ley de tierras de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que limita las compras de extranjeros en el país. Fue clave la ayuda del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
La iniciativa establece un procedimiento sumarísimo para los desalojos y restricciones a las expropiaciones, además de la modernización del Registro de Propiedad. Fue aprobada en general con 124 votos a favor y 119 en contra, cinco por debajo de la mayoría requerida. Las seis abstenciones fueron decisivas.
Cinco fueron de los cordobeses que responden a Llaryora: Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres. La otra abstención fue la de Álvaro González, cercano a Horacio Rodríguez Larreta.
Los cordobeses integran el bloque Provincias Unidas (PU), que una vez más se dividió. Los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy) aportaron los dos votos que tienen cada uno. Volvieron a desmarcarse los diputados del bloque que provienen del radicalismo: Mariela Colettta, Martín Lousteau y Pablo Juliano.
Argentina Federal (Salta y Misiones) también se fragmentó. El bloque que responde al gobernador de Tucumán (Independencia), Osvaldo Jaldo, rechazó todos los proyectos del gobierno. Tampoco apoyó Karina Maureira (Neuquén) Parece que en la Casa Rosada no respondieron a sus últimos pedidos.
El capítulo de tierras tuvo 239 votos a favor, cuatro negativos y seis abstenciones. De esta manera, cuando se trate en la cámara alta, será necesaria una mayoría especial para bloquear estos dos artículos que establecen la norma sancionada en 2012, que impide que una persona o empresa extranjera pueda tener el 15% de tierras rurales en el país, provincia o municipio.
Tampoco permite que el 30% de las tierras tengan propietarios de una nacionalidad o que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la denominada "zona núcleo" de Argentina.
El oficialismo la sumó al dictamen para evitar que la semana pasada deroguen el DNU 70/23, que dispone la derogación de esta norma. De todos modos, su aplicación está suspendida por una cautelar de la Corte. En el Senado, el peronismo tiene un interbloque de 25 miembros, lo necesario para bloquear una eventual mayoría especial que quiera borrar estos artículos sumados en Diputados.
Por ahora, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, no tiene fecha para tratar el proyecto y, aun así, la ley de tierras está vigente por una cautelar de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada aprobado quedó recortado respecto al texto original. En comisiones del Senado fue eliminado el capítulo que derogaba el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). El texto original proponía derogar la ley de tierras, pero esos artículos se eliminaron luego de una masiva movilización en agosto.
Cuando se trató el proyecto del Senado, también se borró el artículo que derogaba la ley de manejo del fuego, una norma impulsada por Máximo Kirchner para impedir que un terreno incendiado sea utilizado por 50 años.
"Respetar la propiedad privada es garantizarle a cada uno que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno", sostuvo Santiago Santurio, de LLA, miembro informante del oficialismo.
Le respondió Diego Giuliano, de Unión por la Patria (UP). “El concepto de propiedad privada, de la manera absoluta que ustedes lo plantean, ni los romanos, que fundaron el derecho civil, lo plantean en esos términos. Ustedes se basan en el código napoleónico”.
Si este proyecto prospera, los propietarios podrán acelerar desalojos que hoy se demoran años. Cuando se trate de cambio de destino, deterioro u obras nocivas, podrán hacerse dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia de Defensor Oficial.
Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos competentes para asegurar una alternativa habitacional. Pero deberá continuar con el proceso.
En caso de que se mantenga el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de diez días hábiles. "Si uno piensa que el problema habitacional se va a solucionar usurpando viviendas, lo único que va a lograr es que nadie quiera alquilar. Es fundamental que, cuando hay una ocupación, rápidamente ese derecho le sea restituido a quien es dueño de la propiedad", sostuvo Santurio.
Las expropiaciones serán más restrictivas. Deberán pagarse con indemnizaciones y lucro cesante, que en ningún caso podrá exceder el 30% del valor del daño. La única excepción será que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior.
El cambio más grande es que los inmuebles no podrán ser tomados a valores fiscales, sino a que el monto será actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco Nación, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago.
En cuanto al Registro de Propiedad, se incorporan herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico. Además, se incorpora el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.
El proyecto tuvo rechazo unánime de Unión por la Patria, la izquierda y la Coalición Cívica, que tuvo como orador principal a Maximiliano Ferraro. “Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego", recordó.
"Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, concluyó Ferraro.
