La oposición cree en el triunfo, pero teme fraude. El complejo camino a la reconstrucción. Efectos en clave argentina: la dolarización de Javier Milei y la atención de Estados Unidos.
El cierre de campaña de Nicolás Maduro en Caracas.
Las elecciones convocadas para este domingo en Venezuela dirimen más que el destino de la revolución iniciada por Hugo Chávez en 1999 y de la devastadora gestión de Nicolás Maduro. La redefinición de los alineamientos del progresismo latinoamericano, el espejo de la dolarización que propone Javier Milei, la atención de Estados Unidos en la región y la influencia en ella de China, Rusia y hasta Irán forman un combo explosivo.
No es esta la primera vez, en 25 años de una "revolución bonita" que se fue poniendo fea con los años, que la oposición antichavista se siente en condiciones de patear el tablero. Sin embargo, en esta ocasión el clima se espesa por los efectos combinados de numerosos factores que han detonado la paciencia de un sector amplio de la sociedad. Estos son, entre otros, la caída de una economía que perdió tres cuartas partes de su tamaño, años de grave hiperinflación que llegaron a su fin sólo merced a una dolarización de hecho que ha ampliado las desigualdades sociales, el deterioro de todos los servicios, las penurias provocadas por las sanciones estadounidenses, la proscripción de todas las figuras taquilleras de la oposición y la partida al exilio de al menos siete millones de personas –sobre un total de 30 millones–.
Las encuestas dan como favorito al exembajador Edmundo González Urrutia, de 74 años, quien sirvió entre 1999 y 2002 en la Argentina. Frente a él, Maduro, de 61, buscará su segunda reelección apoyado en un sistema institucional totalmente reseteado por 25 años de hegemonía chavista, desde el Poder Judicial a la Fuerza Armada y las milicias populares, pasando por los poderes territoriales y la mayor parte de un dispositivo de comunicación largamente purgado.
Asimismo, están inscriptos otros ocho candidatos menores.
Las encuestas no dicen todo sobre lo que puede ocurrir. Por un lado, por las fallas que son comunes en Venezuela y en todo el mundo. Además, porque el clima de severa polarización obliga a tomar con pinzas algunas proyecciones. Por último, por la difundida sospecha de fraude.
Según constató Letra P, a las quejas opositoras por las demoras en la acreditación de unos 90.000 fiscales se suman las sospechas de que el escrutinio podría demorarse y de que acaso no haya números consolidados hasta este lunes.
A Maduro le conviene que la participación sea escasa, lo que podría beneficiarlo dada su baja popularidad, del orden del 30%. En cambio, la Plataforma Unitaria apuesta a una votación masiva que dificulte eventuales intentos de "dar vuelta" la elección.
El mandatario –un exsindicalista que fuera el canciller moderado de Chávez, pero que en su gestión, iniciada en 2013, no ha hecho más que radicalizar el proceso– se presenta como única garantía de estabilidad de un país que, en caso de derrota chavista, vaticina que se encaminaría a "un baño de sangre". Su hijo y asesor cercano, Nicolás Maduro Guerra, fue más razonable o más elíptico. "Si Edmundo González gana, seremos oposición", pero "yo no sé si nos aguantan: somos un fastidio", advirtió.
En los últimos días, líderes progresistas de la región, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric, conminaron al presidente venezolano a que garantice una votación y un escrutinio transparentes.
"Maduro tiene que aprender: cuando ganás, te quedás y cuando perdés, te vas y te preparás para disputar otra elección", dijo el primero con aspereza. El venezolano lo mandó a "tomarse un té de manzanilla".
Esos cruces revelan la pérdida de apoyos regionales que ha sufrido el régimen venezolano a lo largo de los años, incluso entre los gobiernos y partidos progresistas. Está fresco todavía el recuerdo del modo en que esa temática dividió severamente al gobierno del Frente de Todos.
Más allá de sus pésimos resultados económicos, el chavismo en versión madurista se ha entregado a un crescendo de violaciones de los derechos humanos consignados por organismos con Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Al progresismo regional se lo ha acusado de permisividad a lo largo del tiempo, pero la paciencia parece haberse acabado en gran medida.
Dichos abusos han incluido encarcelamientos de opositores, torturas y hasta muerte de prisioneros bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Asimismo, han contaminado la actividad política. Por ejemplo, Asamblea Nacional –parlamento unicameral– de mayoría opositora elegida en 2015, fue vaciada de poder mediante la entronización, por encima de ella, de una Asamblea Constituyente conformada sólo por oficialistas debido a la decisión del antichavismo de no concurrir a esos comicios por considerarlos una burla a a la voluntad popular y, finalmente, disuelta en 2017.
El envenenamiento del clima político también quedó en evidencia durante el proceso de confirmación de González Urrutia como candidato de descarte de la Plataforma Unitaria. Hombre de bajo perfil y escasísima instalación pública, terminó como presidenciable por descarte, tras las inhabilitaciones de la antichavista recalcitrante María Corina Machado, el más moderado Henrique Capriles y el también duro Freddy Superlano.
Esas proscripciones siguieron a los encarcelamientos de dirigentes como Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Machado, quien había arrasado en las primarias opositoras con más del 92% de los votos y sobre cuyo carisma recayó el peso de la campaña, fue inhabilitada por 15 años por el Poder Judicial por haber respaldado las sanciones estadounidenses y reconocido al autoproclamado "presidente legítimo" Juan Guaidó.
Esas causas o presunta corrupción son los motivos más comunes para la cancelación de candidaturas relevantes frente al chavismo.
Conciente de las dificultades que supondría una transición poschavista en medio de un estado de cosas socioeconómico cercano al colapso, así como de la impresionante concentración de poder del oficialismo en todas las instancias institucionales del país, González Urrutia le dejó a su mentora Machado el discurso duro y prefiere hablar del regreso de los más de siete millones de migrantes y de "reconciliación". Hasta ha sugerido una posible amnistía.
Esa impresionante marea migratoria, que se siente con fuerza incluso en la distante Argentina, es palpable en cada familia, donde es común que al menos uno de sus miembros haya abandonado Venezuela. Esto no es solamente una herida social fácilmente perceptible, sino también un problema político y un desastre económico.
Lo primero, porque, de los 21 millones de personas empadronadas, se estima que cuatro millones no concurrirán por estar fuera del país. La intención de voto de ese electorado ausente, nada menos que cerca de 20% del total, es abrumadoramente opositora.
Lo segundo, porque la mayoría de esa Venezuela perdida está constituida por jóvenes, en muchos casos profesionales. Esto agrava el empobrecimiento del país y el deterioro de los servicios públicos.
Uno de los aspectos de ese deterioro es tratado por el periodista José Natanson en su libro Venezuela. Ensayo sobre la descomposición: la irregularidad de la enseñanza en el sistema público.
La virtualidad de la pandemia se ha extendido de un modo indescifrable para las familias en muchas escuelas, especialmente en barriadas populares.
Esto es así, justamente, por la emigración –se estima que unos 200.000 docentes se han ido del país en pocos años– y por los bajos salarios.
El sueldo promedio en el sector es de unos 22 dólares, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), mientras que la canasta familiar básica supera los 535. Esto ha generado un intenso cuentapropismo, en el que maestros y maestras no solamente se diversifican en todo tipo de changas, sino que, curiosamente, cobran contribuciones mínimas –incluso de un par de dólares– por impartir en sus casas clases particulares que complementen la enseñanza oficial muchas veces esporádica.
Esto se suma al deterioro de la infraestructura nacional, en particular la eléctrica, lo que deparó un megaapagón en 2019, piedra de toque de una dolarización silvestre que abatió la inflación y agrandó las desigualdades sociales. Puede trazarse un paralelo entre ese proceso espontáneo, aunque incompleto, y el que Milei quiere aplicar en la Argentina en base al uso de "los dólares del colchón".
Si Maduro triunfara, seguramente enfrentaría una extendida acusación de fraude y las sanciones, aligeradas por Estados Unidos en el sector petrolero, podrían recrudecer. Así sería tanto con Donald Trump como, eventualmente, con Kamala Harris en la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre y el cambio de mando en enero.
En el caso de un triunfo de González Urrutia, Estados Unidos pondría a Venezuela en el centro de su interés a nivel regional. La intención sería viabilizar la gestión opositora no sólo para evitar el regreso del chavismo, sino también para sacar al país de las órbitas internacionales en las que ha girado en los últimos años: la de China, la de Rusia y hasta la de Irán.
Esto, desde ya, podría achicar los márgenes de la asistencia crediticia que Milei espera obtener del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos de crédito para facilitar la apertura del cepo y, eventualmente, la dolarización.
Este domingo no se juega solamente el futuro de Venezuela.