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Jubilado, el juez que condenó a Etchetcolatz, Von Wernich y Smart se defiende y contraataca: denuncia un complot. Lanata, Piumato y Garavano. Papel Prensa y los responsables civiles de la dictadura.
Por 13/11/2016 10:44 AM

Rozanski se siente un poco extraño. En su primer día sin trabajo, después de 15 años de juicios monumentales -por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados y por la magnitud de los crímenes cometidos- se sienta para dar una entrevista sobre sus últimos días a cargo del Tribunal Federal Oral N° 1 de La Plata, luego de acceder a la jubilación tras una renuncia que –aunque él dice que no- llegó apurada por una denuncia por malos tratos y dilación de causas. Obligado a dar explicaciones, denuncia un complot político, mediático y judicial del que sería imposible defenderse.

 

BIO. Tiene 65 años. Nació en Boedo, donde creció. Trabajó en la mueblería familiar y terminó la secundaria en la nocturna del Juan José Paso. En 1980, al filo de los 30, se graduó de abogado en la UBA. Ejerció en forma particular hasta que, hace 25 años, entró por concurso como Juez de la Cámara del Crimen en Bariloche. En 1996, denunció a un compañero del Tribunal por haber sometido a un interrogatorio "perverso" a una chica con retraso mental profundo que había sido violada. El caso motivó la reforma del Código Procesal Penal y, desde entonces, los menores sólo pueden testificar con Cámara Gesell (frente a psicólogos y con el juez oyendo detrás de un vidrio espejado). Volvió a concursar por un cargo cuando se abrieron en la Justicia Federal, en 2001. Obtuvo la nota más alta y el entonces presidente Fernando De la Rúa lo nombró juez del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

 

-Calificó a las acusaciones en su contra como “difamaciones bizarras” y “burdas mentiras”.

-Claro, porque había un objetivo concreto, que era que yo me fuera. En este tipo de momentos, el sistema es inverso. Se invierten las cosas. El otro día escuchaba una conferencia de Milan Kundera: “El castigo precede a la culpa”. Me impresionó siempre esa conferencia, que fue hace muchos años, pero ese concepto se va comprobando en la realidad. Lo segundo que dice es que “la realidad no tiene importancia”. Incluso se puede ver en Facebook lo que dicen los empleados del tribunal, que hablan con una calidez y un sentimiento muy fuerte. Si esta gente está publicando estas cosas, ¿cómo puede ser que no sea tenida en cuenta? Es que no interesa. Durante 33 años de democracia y, en mi caso, 25 años de juez, nunca tuve presión del Estado de ningún tipo, pese a que ejercí con gobiernos de diferentes signos políticos, porque cuando asumí como juez en la provincia de Río Negro había un gobierno radical. Ésta es la primera vez que siento que se concretó. No es solamente una situación psicológica. Es una realidad concreta, anunciada en un medio de comunicación.

-Todo comenzaría con una información dada en televisión.

-Jorge Lanata dijo en su programa que el Gobierno había decidido echar a tres jueces federales antes de fin de año. Dos semanas después, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (Juan Bautista Mahiques) estaba activando la denuncia. Lanata ya había adelantado que el Gobierno tenía los nueve votos para echarme. La escena es patética: antes de notificarme de qué se me acusaba, ya estaban preparados para tomar las declaraciones testimoniales. Esto es Kafka en estado puro. Es como estar privado de todos los derechos.

-En los medios se mencionaba una lista de los delitos de los que se lo acusaba: destrato, acoso moral, selección de expedientes para su tramitación en detrimentos de otros, excesos de licencia, dilación de causas…

-Y falta la acusación del alquiler de un teatro para hacer un juicio por lesa humanidad. Esto lo dijo Romina Manguel con Lanata. Y de eso, de todo eso, no hay media palabra de verdad. La sede de calle 4 (entre 51 y 53 de La Plata) fue alquilada por el Consejo de la Magistratura luego de que el edificio fuera tasado por la Corte Suprema de Justicia. Eso es algo imposible de modificar. Esta gente está diciendo una tontería.

-Decía que lo había alquilado a un familiar. ¿Hay algún familiar…?

-¡No! De ninguna manera.

-¿Quiénes son los dueños del teatro?

-La AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).

-¿Usted dice que pueden decir cualquier cosa, aunque sea disparatada?

-Nada de lo que dicen es cierto, pero, si el que está comunicando sabe que va a comunicar una mentira y decide hacerlo, estamos en problemas. Hace 25 años que trabajo en tribunales, escribí un libro sobre maltrato (Abuso sexual infantil: ¿Denunciar o silenciar?) que está agotado y ellos me hacen la denuncia. Es muy bizarro. Quienes promueven esto son delegados de (el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio) Piumato y algunos de ellos, militantes de Luis Abelardo Patti. El resto de los empleados, la mayoría de los que trabajan conmigo, dice otra cosa…

-Supongamos que los malos tratos no puedan ser cuantificables, que algunos empleados se hayan sentido maltratados y otros no, pero la dilación de causas y los excesos de licencia sí.

-No tienen ningún asidero: cada una de las licencias que tuve fueron las mismas que cualquier juez tiene por compensaciones de feria. Es más, todavía me deben 60 días. Está todo acreditado y documentado. Esto es algo que en diez minutos se comprueba.

-¿Y las causas que prescribieron?

-En primer lugar, no prescribió ninguna causa con detenidos. En segundo lugar, las excarcelaciones no las ordeno yo, (que) integro un tribunal colegiado. Fueron decisiones de un tribunal. Ninguna causa de un tribunal oral federal puede prescribir por decisión de un solo juez. Una cosa de sentido común. Es lo que se hubiera probado si se continuaba. El problema es que estas cosas no están preparadas para que continúen. Lo único que puede prosperar es lo que es verdad, no lo que es mentira. Cuando se utiliza la mentira, lo que se está buscando no es la etapa en la cual se puede acreditar si sucedió o no el hecho. Se busca la mentira misma, no el avance sobre la verdad, porque va a perjudicar al que está generando la mentira.

-¿Usted considera que todo es una construcción mediática?

-Quedó explícito en los editoriales del diario La Nación cuando estaba siendo juzgado (el ex ministro de Gobierno bonaerense) Jaime Lamont Smart, previo a terminar el juicio. O sea que estas operaciones de prensa ya venían de antes. Y es una conjunción de motivos, dentro de los cuales el más importante es la complicidad civil y empresarial con la dictadura, que se confirma luego con lo que sucedió con Papel Prensa, porque las escenas del traspaso de las acciones de Papel Prensa fueron descriptas en el juicio de Circuito Camps por Lidia Papaleo. Ahí es donde se expone en la audiencia su tortura, la tortura de sus familiares, de la familia Graiver, la amenaza de matar a su hija.

-Y comienza a motorizarse la causa por Papel Prensa.

-Claro. En ese momento, el Estado denuncia penalmente. Acá comienzan esas cuestiones.

Los editoriales del diario La Nación que menciona Rozanski fueron publicados en julio de 2008 (http://www.lanacion.com.ar/1030549-la-injusta-detencion-de-jaime-smart), cuando Lamont Smart fue detenido, y en septiembre de 2011 (http://www.lanacion.com.ar/1408608-la-persecucion-a-jaime-smart), cuando apenas comenzaba el juicio por el Circuito Camps. El primero hablaba del carácter secreto de “las operaciones militares realizadas para abatir a la subversión y que los civiles -funcionarios, miembros del Poder Judicial, la población en general- desconocían las órdenes dispuestas y, consecuentemente, los hechos producidos en operaciones militares”, mientras que el segundo reclamaba “que se haga justicia y que se disponga el cese de la actual situación del doctor Smart”.

A finales de 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata no sólo condenó a Smart sino que, a pedido de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, remitió las copias de las declaraciones prestadas por Lidia Papaleo, Rafael Iannover e Isidoro Graiver al Juzgado Correccional en lo Criminal Federal donde se investigaba –y aún se hace- el traspaso compulsivo de la empresa Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Así lo ve Rozanski:

-Cuando, el 24 de julio, Lanata pone los muñecos de Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y yo en la pantalla y dice que el Poder Ejecutivo había decidido echarnos, no me daba cuenta de qué era lo que nos unía. Rafecas es juez de primera instancia, Freiler es de Cámara y yo, del tribunal oral. Nos cruzamos para hablar del tema pero no encontrábamos nexos hasta que nos dimos cuenta de que los tres tomamos intervención en el caso de Papel Prensa. Es la única forma de entender por qué tanta saña. En el juicio oral, Lidia Papaleo relató su tortura y contó la escena anterior a ser secuestrada, en la que (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto, le dijo que iba a matar a su hija y a su mamá. Esto se grabó y se difundió. De modo que ahí ya para estos medios no había vuelta atrás. Estamos hablando de fortunas incalculables.

-Entonces el rol de los medios de comunicación fue construir un personaje.

-Por lo menos, en lo que me consta… cuando Clarín publica que Leonardo Fariña fue excarcelado, yo estaba de viaje pero en los días siguientes habla de que yo tenía una “extraña licencia” y luego pone que el presidente del Tribunal fue visto tomando un café en el elegante Pasaje Rodrigo (un pequeño Patio Bullrich de La Plata) con el ex secretario de la Nación Julián Álvarez. Jamás me senté a tomar un café con Julián Álvarez. Dan nombre, apellido y un lugar físico. Ellos saben que jamás me senté ahí. Están construyendo una información. Después, sacan una nota diciendo que yo soy el ideólogo de Justicia Legítima y después, que soy el más lúcido de Justicia Legítima. Están afirmando que pertenezco a una asociación a la que no pertenezco.

-De todas maneras, pertenecer no hubiera significado nada.

-Por supuesto que no. Yo estuve en el origen de Justicia Legítima, pero nunca pertenecí. No es que estuve asociado y me fui. Comulgo con lo que piensa. Si hubiera pertenecido, no tendría problemas, pero, si no me senté con Álvarez a tomar un café, si no pertenezco a Justicia Legítima, hay una intención de operación de prensa. Estas cosas son interesantes porque tiene que ver cuál es la intención de un medio de prensa en inventar.

-Pero la excarcelación de Fariña sí fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

-Fue ordenada por los jueces Jorge Michelli y Germán Castelli. César Álvarez votó por la prisión domiciliaria. Acá hay otro dato curioso: la hija de Michelli es Gabriela Michelli, quien era secretaria del tribunal y es la misma persona que le pasa información a un periodista de La Nación, su cuñado, Hugo Alconada Mon. Unas horas antes de que la defensa de Fariña fuera notificado de la excarcelación, Alconada Mon tuitea con un juicio de valor: “La ruta del dinero k: excarcelaron a Fariña”. Quien pasa la información es nada menos que la cuñada y quien firma la excarcelación es el suegro. Una cosa es cuando desde afuera se toma conocimiento de que hay operaciones de prensa pero otra cosa distinta es cuando vos sos víctima de eso. Esta situación no puede no tener respuesta.

 

La responsabilidad de los civiles
Letra P: -La cuestión de llegar a la responsabilidad de los civiles fue creciendo durante el desarrollo de los juicios. Igual que el tema de las sentencias, las primeras condenas, a Miguel Osvaldo Etchecolatz y el cura Christian Von Wernich, fueron por crímenes cometidos “en el marco de un genocidio” y luego por el delito internacional del genocidio.
Rozanski: -Hay una progresión. Yo soy el único que está en todos los juicios. No es un dato menor, lo cual es una contradicción para quienes me acusan de vago o de dejar que las causas prescriban. Durante siete años, estuve solo en el tribunal. Los otros dos jueces fueron cambiando, gente que, además, cobra más, porque se cobra un dinero importante por ser subrogante. En fin, la concreción de esos juicios fue mostrando cada vez más. En el primero, yo consideré que condenar por la figura del genocidio podía llegar a poner en duda la sentencia, pero, al mismo tiempo, había que ponerlo. Había que hacerlo de manera que garantizara que esa sentencia no iba a ser modificada en instancias superiores por ese tipo de cuestiones. Así surgió el concepto de “en el marco de un genocidio”. Con el tiempo, los juicios se fueron instalando en todo el país y eso permitió que se avanzara, dependiendo de la composición del tribunal, en contemplar la posibilidad de la condena por “el delito internacional de genocidio”, utilizando figuras internas como es el homicidio calificado o la tortura.
LP: -Los juicios demostraron que se podía usar la figura del delito internacional.
R: -Argentina firmó mucho antes del 76, después de la segunda guerra mundial, la Convención Sobre Genocidio. En nuestro caso, la disputa era si se cuadraba o no a las víctimas como un grupo nacional, porque la convención no receptó, aunque estaba en el proyecto, la inclusión de grupos por persecución política. Ese inciso fue quitado a instancia de Stalin. Entonces, se ubicó a las víctimas dentro del grupo nacional, cosa que, además, es compartido por otros juristas.
Las sentencias por las que fueron condenados Etchecolatz, Von Wernich y la de la Unidad 9 fueron ratificadas por la Corte Suprema.

 

-¿Todo para que no se avance en la responsabilidad de los civiles?

-Todo con el mismo objetivo. El que comienza con esta operación es Piumato y lo hace cuando está por comenzar un juicio por crímenes de lesa humanidad en la Unidad 9, que es un lugar donde él estuvo detenido o, por lo menos, figuraba como detenido. Y el juicio tuvo que empezar horas más tarde porque él lo estaba boicoteando junto con una secretaria del tribunal que fue recusada para este juicio por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Y quién era esa secretaria? Gabriela Michelli.

-¿Qué interés podría perseguir Piumato?

-Piumato figuraba como detenido en la Unidad 9 pero en el juicio no participaba como testigo ni como víctima ni como querellante ni como denunciante, lo cual, en una persona que es pública, que además es secretario de Derechos Humanos de la CGT, es llamativo. Eran testigos Adolfo Perez Esquivel, Jorge Taiana, Cachorro Godoy, pero Piumato no. Si no estaba en ninguna de las cuatro categorías, habría que preguntarse o preguntarle a él por qué.

-¿Por qué?

-No lo puedo decir.

-…

Rozanski saca su teléfono para mostrar las fotos de los afiches con los que empapelaron el palacio de tribunales de la calle Libertad cuando, acompañado por su abogado, Eduardo Barcesat, y varios organismos de Derechos Humanos que se presentaron como “amicus curiae”, fue a hacer su descargo por las acusaciones. “Basta Rozanski de presiones”, decían los carteles.

-Todo el edificio estaba empapelado con afiches con mi foto y mi apellido. También había algunos contra (la procuradora general de la Nación, Alejandra) Gils Garbó. Había afiches pegados incluso en la puerta de ingreso a la Comisión de Disciplina. Y, por supuesto, estaban firmados por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, de la que Piumato es su secretario general. En algunos, en lugar de una foto, pusieron el mismo muñequito que usó Lanata en su programa. ¿Qué esperanza puede tener una persona que va a responder una denuncia? Esto le quita legitimidad al procedimiento. Esto es, claramente, una situación de persecución. A mí no me hubieran destituido. Lo que armaron es un castillo de naipes.

-Pero aparece la alternativa de la jubilación.

-Esto era insostenible. En un país en estas condiciones, que las denuncias sean falsas no alcanza para que no me destituyan. Ése es el problema. La respuesta sería sencilla. Yo tengo la tranquilidad de que esto que se dice no sucedió. No debería tener ningún problema en enfrentarlo, pero, si afrontarlo es ir a un proceso donde ya se anuncia el resultado por los medios de comunicación, no están dadas las garantías. No iba a someterme a un escarnio. El costo hubiera sido para mí imposible. No hay nadie que aguante. No se respeta ningún tipo de norma. Es una luz roja muy fuerte. En otro escenario sería totalmente sencillo. Renuncié después de hacer el descargo, donde aclaro todo esto, que es absolutamente absurdo. Además, todo el proceso es nulo. A esta altura del partido, no puedo no darme cuenta de que esto yo no puedo pelearlo y que la verdad no alcanza. Hice lo que tenía que hacer. El tiempo irá diciendo las cosas.

-¿Quién lo manda a Piumato?

-Dos fotos clave. Una en una escalera, antes de una comida. El evento tuvo lugar el 28 de septiembre y en la foto están, entre otros, Piumato, el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas; la diputada Adriana Donato, presidenta de la comisión de disciplina del Consejo; el consejero representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, y el juez consejero Luis Cabral. Todos ellos impulsaron la denuncia.

 

 

Una semana después, fue la VII Conferencia Nacional de Jueces, que no por casualidad este año tocó en La Plata,  en el Teatro Coliseo Podestá. El Ministerio de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich) cortó la calle para hacer una gran foto. Ahí se los puede ver otra vez a Piumato, junto a (el ministro de Justicia de la Nación, Germán) Garavano, sonrientes.

 

 

-¿Cuál sería el fin último de todo esto?

-Un poco de cada cosa. El objetivo es el disciplinamiento. Si se puede llegar a operaciones de esta naturaleza, con la que se obtiene la renuncia de un juez federal, se está transmitiendo un mensaje a mucha gente. En segundo lugar, esto tendrá incidencia en los juicios porque se torna virulento. No puede ser interpretado de otra manera. Tiene que ver con que esta preocupación no existía mientras se estaba juzgando a gente uniformada, pero comienza o se intensifica a partir de la condena a Smart, porque los juicios, a medida que avanzan, cada vez van mostrando más aspectos del terrorismo de estado. Y estos aspectos no pueden excluir a los sectores empresarios y también eclesiásticos, porque es parte de la verdad que se va conociendo. Finalmente, la prisión domiciliaria. Esto lo anunció (Ricardo) López Murphy hace un par de años en una reunión con un grupo que se llama Abogados por la Paz y la Concordia. Como no se podía conseguir un indulto, había que ir por la prisión domiciliaria. En pocos meses más, entre el 80 y 90 por ciento de los detenidos por delitos de lesa humanidad va a tener domiciliaria, con todo el esfuerzo que les significó a las víctimas y testigos una enormidad volver a relatar lo sucedido, con todo lo que significó que el mismo estado que cometió los crímenes impulsara el juzgamiento, el único país del mundo en el que sucedió de esta manera.

-¿Qué le quedó pendiente como juez?

-Me voy con el gusto desagradable de que yo había cumplido un ciclo. Acá es imposible sostener que me jubilo por las denuncias, porque empecé a tramitar la jubilación un año antes, pero cuando salió esto me fui. Lamentablemente, para los sectores reaccionarios, la verdad no tiene ninguna importancia.

 

Un tema doméstico: le sacaron la custodia
Apenas se inicia la entrevista con Letra P, Rozanski recibe un llamado telefónico y se disculpa. Se quedó sin agua en la casa y tiene que atender.
Letra P: -Me llamó la atención cuando pasé por su casa, hace un tiempo, la custodia que tenía.
Rozanski: -La sacaron.
LP: -¿Cómo?
R: -Una medida medio absurda. Yo tenía seguridad en mi casa desde la segunda desaparición de (Jorge Julio) López (ocurrida el 18 de septiembre de 2006), cuando comenzaron las amenazas. Eso continuó durante diez años y hasta el día de hoy. Ahora estamos por ir a juicio con un tipo que durante cuatro meses amenazó con matarme y matar a una secretaria del tribunal, con matar a sus chiquitos. Decía “mi único jefe es Miguel Osvaldo Etchecolatz”. Lo detuvieron con tres armas cargadas. Pero no les importa nada. Igual sacaron la custodia. Tengo que volver a pedirla. Además, vengo de presentar un escrito en la Cámara porque pidió la excarcelación. En este contexto, que te saquen la custodia es preocupante.

 

LOS JUICIOS. Como presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski intervino en una gran cantidad de juicios por delitos de lesa humanidad: Erchecolatz-Berges por apropiación (2004), Miguel Etchecolatz (2006), Christian Federico von Wernich (2007), Mansilla - Duret por el caso Labolita (2009), Unidad 9 de La Plata (2010), Alonso (2010), Pedro César Guerrero (2011), Circuito Camps (2012), Casado Tasca (2012), Madrid - Elichalt (2013), La Cacha (2014), Fuertar 5 (2015) y Favero-Alvarez (2016).

 

“Para los sectores reaccionarios, la verdad no tiene ninguna importancia”

Jubilado, el juez que condenó a Etchetcolatz, Von Wernich y Smart se defiende y contraataca: denuncia un complot. Lanata, Piumato y Garavano. Papel Prensa y los responsables civiles de la dictadura.

Rozanski se siente un poco extraño. En su primer día sin trabajo, después de 15 años de juicios monumentales -por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados y por la magnitud de los crímenes cometidos- se sienta para dar una entrevista sobre sus últimos días a cargo del Tribunal Federal Oral N° 1 de La Plata, luego de acceder a la jubilación tras una renuncia que –aunque él dice que no- llegó apurada por una denuncia por malos tratos y dilación de causas. Obligado a dar explicaciones, denuncia un complot político, mediático y judicial del que sería imposible defenderse.

 

BIO. Tiene 65 años. Nació en Boedo, donde creció. Trabajó en la mueblería familiar y terminó la secundaria en la nocturna del Juan José Paso. En 1980, al filo de los 30, se graduó de abogado en la UBA. Ejerció en forma particular hasta que, hace 25 años, entró por concurso como Juez de la Cámara del Crimen en Bariloche. En 1996, denunció a un compañero del Tribunal por haber sometido a un interrogatorio "perverso" a una chica con retraso mental profundo que había sido violada. El caso motivó la reforma del Código Procesal Penal y, desde entonces, los menores sólo pueden testificar con Cámara Gesell (frente a psicólogos y con el juez oyendo detrás de un vidrio espejado). Volvió a concursar por un cargo cuando se abrieron en la Justicia Federal, en 2001. Obtuvo la nota más alta y el entonces presidente Fernando De la Rúa lo nombró juez del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

 

-Calificó a las acusaciones en su contra como “difamaciones bizarras” y “burdas mentiras”.

-Claro, porque había un objetivo concreto, que era que yo me fuera. En este tipo de momentos, el sistema es inverso. Se invierten las cosas. El otro día escuchaba una conferencia de Milan Kundera: “El castigo precede a la culpa”. Me impresionó siempre esa conferencia, que fue hace muchos años, pero ese concepto se va comprobando en la realidad. Lo segundo que dice es que “la realidad no tiene importancia”. Incluso se puede ver en Facebook lo que dicen los empleados del tribunal, que hablan con una calidez y un sentimiento muy fuerte. Si esta gente está publicando estas cosas, ¿cómo puede ser que no sea tenida en cuenta? Es que no interesa. Durante 33 años de democracia y, en mi caso, 25 años de juez, nunca tuve presión del Estado de ningún tipo, pese a que ejercí con gobiernos de diferentes signos políticos, porque cuando asumí como juez en la provincia de Río Negro había un gobierno radical. Ésta es la primera vez que siento que se concretó. No es solamente una situación psicológica. Es una realidad concreta, anunciada en un medio de comunicación.

-Todo comenzaría con una información dada en televisión.

-Jorge Lanata dijo en su programa que el Gobierno había decidido echar a tres jueces federales antes de fin de año. Dos semanas después, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (Juan Bautista Mahiques) estaba activando la denuncia. Lanata ya había adelantado que el Gobierno tenía los nueve votos para echarme. La escena es patética: antes de notificarme de qué se me acusaba, ya estaban preparados para tomar las declaraciones testimoniales. Esto es Kafka en estado puro. Es como estar privado de todos los derechos.

-En los medios se mencionaba una lista de los delitos de los que se lo acusaba: destrato, acoso moral, selección de expedientes para su tramitación en detrimentos de otros, excesos de licencia, dilación de causas…

-Y falta la acusación del alquiler de un teatro para hacer un juicio por lesa humanidad. Esto lo dijo Romina Manguel con Lanata. Y de eso, de todo eso, no hay media palabra de verdad. La sede de calle 4 (entre 51 y 53 de La Plata) fue alquilada por el Consejo de la Magistratura luego de que el edificio fuera tasado por la Corte Suprema de Justicia. Eso es algo imposible de modificar. Esta gente está diciendo una tontería.

-Decía que lo había alquilado a un familiar. ¿Hay algún familiar…?

-¡No! De ninguna manera.

-¿Quiénes son los dueños del teatro?

-La AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).

-¿Usted dice que pueden decir cualquier cosa, aunque sea disparatada?

-Nada de lo que dicen es cierto, pero, si el que está comunicando sabe que va a comunicar una mentira y decide hacerlo, estamos en problemas. Hace 25 años que trabajo en tribunales, escribí un libro sobre maltrato (Abuso sexual infantil: ¿Denunciar o silenciar?) que está agotado y ellos me hacen la denuncia. Es muy bizarro. Quienes promueven esto son delegados de (el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio) Piumato y algunos de ellos, militantes de Luis Abelardo Patti. El resto de los empleados, la mayoría de los que trabajan conmigo, dice otra cosa…

-Supongamos que los malos tratos no puedan ser cuantificables, que algunos empleados se hayan sentido maltratados y otros no, pero la dilación de causas y los excesos de licencia sí.

-No tienen ningún asidero: cada una de las licencias que tuve fueron las mismas que cualquier juez tiene por compensaciones de feria. Es más, todavía me deben 60 días. Está todo acreditado y documentado. Esto es algo que en diez minutos se comprueba.

-¿Y las causas que prescribieron?

-En primer lugar, no prescribió ninguna causa con detenidos. En segundo lugar, las excarcelaciones no las ordeno yo, (que) integro un tribunal colegiado. Fueron decisiones de un tribunal. Ninguna causa de un tribunal oral federal puede prescribir por decisión de un solo juez. Una cosa de sentido común. Es lo que se hubiera probado si se continuaba. El problema es que estas cosas no están preparadas para que continúen. Lo único que puede prosperar es lo que es verdad, no lo que es mentira. Cuando se utiliza la mentira, lo que se está buscando no es la etapa en la cual se puede acreditar si sucedió o no el hecho. Se busca la mentira misma, no el avance sobre la verdad, porque va a perjudicar al que está generando la mentira.

-¿Usted considera que todo es una construcción mediática?

-Quedó explícito en los editoriales del diario La Nación cuando estaba siendo juzgado (el ex ministro de Gobierno bonaerense) Jaime Lamont Smart, previo a terminar el juicio. O sea que estas operaciones de prensa ya venían de antes. Y es una conjunción de motivos, dentro de los cuales el más importante es la complicidad civil y empresarial con la dictadura, que se confirma luego con lo que sucedió con Papel Prensa, porque las escenas del traspaso de las acciones de Papel Prensa fueron descriptas en el juicio de Circuito Camps por Lidia Papaleo. Ahí es donde se expone en la audiencia su tortura, la tortura de sus familiares, de la familia Graiver, la amenaza de matar a su hija.

-Y comienza a motorizarse la causa por Papel Prensa.

-Claro. En ese momento, el Estado denuncia penalmente. Acá comienzan esas cuestiones.

Los editoriales del diario La Nación que menciona Rozanski fueron publicados en julio de 2008 (http://www.lanacion.com.ar/1030549-la-injusta-detencion-de-jaime-smart), cuando Lamont Smart fue detenido, y en septiembre de 2011 (http://www.lanacion.com.ar/1408608-la-persecucion-a-jaime-smart), cuando apenas comenzaba el juicio por el Circuito Camps. El primero hablaba del carácter secreto de “las operaciones militares realizadas para abatir a la subversión y que los civiles -funcionarios, miembros del Poder Judicial, la población en general- desconocían las órdenes dispuestas y, consecuentemente, los hechos producidos en operaciones militares”, mientras que el segundo reclamaba “que se haga justicia y que se disponga el cese de la actual situación del doctor Smart”.

A finales de 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata no sólo condenó a Smart sino que, a pedido de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, remitió las copias de las declaraciones prestadas por Lidia Papaleo, Rafael Iannover e Isidoro Graiver al Juzgado Correccional en lo Criminal Federal donde se investigaba –y aún se hace- el traspaso compulsivo de la empresa Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

Así lo ve Rozanski:

-Cuando, el 24 de julio, Lanata pone los muñecos de Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y yo en la pantalla y dice que el Poder Ejecutivo había decidido echarnos, no me daba cuenta de qué era lo que nos unía. Rafecas es juez de primera instancia, Freiler es de Cámara y yo, del tribunal oral. Nos cruzamos para hablar del tema pero no encontrábamos nexos hasta que nos dimos cuenta de que los tres tomamos intervención en el caso de Papel Prensa. Es la única forma de entender por qué tanta saña. En el juicio oral, Lidia Papaleo relató su tortura y contó la escena anterior a ser secuestrada, en la que (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto, le dijo que iba a matar a su hija y a su mamá. Esto se grabó y se difundió. De modo que ahí ya para estos medios no había vuelta atrás. Estamos hablando de fortunas incalculables.

-Entonces el rol de los medios de comunicación fue construir un personaje.

-Por lo menos, en lo que me consta… cuando Clarín publica que Leonardo Fariña fue excarcelado, yo estaba de viaje pero en los días siguientes habla de que yo tenía una “extraña licencia” y luego pone que el presidente del Tribunal fue visto tomando un café en el elegante Pasaje Rodrigo (un pequeño Patio Bullrich de La Plata) con el ex secretario de la Nación Julián Álvarez. Jamás me senté a tomar un café con Julián Álvarez. Dan nombre, apellido y un lugar físico. Ellos saben que jamás me senté ahí. Están construyendo una información. Después, sacan una nota diciendo que yo soy el ideólogo de Justicia Legítima y después, que soy el más lúcido de Justicia Legítima. Están afirmando que pertenezco a una asociación a la que no pertenezco.

-De todas maneras, pertenecer no hubiera significado nada.

-Por supuesto que no. Yo estuve en el origen de Justicia Legítima, pero nunca pertenecí. No es que estuve asociado y me fui. Comulgo con lo que piensa. Si hubiera pertenecido, no tendría problemas, pero, si no me senté con Álvarez a tomar un café, si no pertenezco a Justicia Legítima, hay una intención de operación de prensa. Estas cosas son interesantes porque tiene que ver cuál es la intención de un medio de prensa en inventar.

-Pero la excarcelación de Fariña sí fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

-Fue ordenada por los jueces Jorge Michelli y Germán Castelli. César Álvarez votó por la prisión domiciliaria. Acá hay otro dato curioso: la hija de Michelli es Gabriela Michelli, quien era secretaria del tribunal y es la misma persona que le pasa información a un periodista de La Nación, su cuñado, Hugo Alconada Mon. Unas horas antes de que la defensa de Fariña fuera notificado de la excarcelación, Alconada Mon tuitea con un juicio de valor: “La ruta del dinero k: excarcelaron a Fariña”. Quien pasa la información es nada menos que la cuñada y quien firma la excarcelación es el suegro. Una cosa es cuando desde afuera se toma conocimiento de que hay operaciones de prensa pero otra cosa distinta es cuando vos sos víctima de eso. Esta situación no puede no tener respuesta.

 

La responsabilidad de los civiles
Letra P: -La cuestión de llegar a la responsabilidad de los civiles fue creciendo durante el desarrollo de los juicios. Igual que el tema de las sentencias, las primeras condenas, a Miguel Osvaldo Etchecolatz y el cura Christian Von Wernich, fueron por crímenes cometidos “en el marco de un genocidio” y luego por el delito internacional del genocidio.
Rozanski: -Hay una progresión. Yo soy el único que está en todos los juicios. No es un dato menor, lo cual es una contradicción para quienes me acusan de vago o de dejar que las causas prescriban. Durante siete años, estuve solo en el tribunal. Los otros dos jueces fueron cambiando, gente que, además, cobra más, porque se cobra un dinero importante por ser subrogante. En fin, la concreción de esos juicios fue mostrando cada vez más. En el primero, yo consideré que condenar por la figura del genocidio podía llegar a poner en duda la sentencia, pero, al mismo tiempo, había que ponerlo. Había que hacerlo de manera que garantizara que esa sentencia no iba a ser modificada en instancias superiores por ese tipo de cuestiones. Así surgió el concepto de “en el marco de un genocidio”. Con el tiempo, los juicios se fueron instalando en todo el país y eso permitió que se avanzara, dependiendo de la composición del tribunal, en contemplar la posibilidad de la condena por “el delito internacional de genocidio”, utilizando figuras internas como es el homicidio calificado o la tortura.
LP: -Los juicios demostraron que se podía usar la figura del delito internacional.
R: -Argentina firmó mucho antes del 76, después de la segunda guerra mundial, la Convención Sobre Genocidio. En nuestro caso, la disputa era si se cuadraba o no a las víctimas como un grupo nacional, porque la convención no receptó, aunque estaba en el proyecto, la inclusión de grupos por persecución política. Ese inciso fue quitado a instancia de Stalin. Entonces, se ubicó a las víctimas dentro del grupo nacional, cosa que, además, es compartido por otros juristas.
Las sentencias por las que fueron condenados Etchecolatz, Von Wernich y la de la Unidad 9 fueron ratificadas por la Corte Suprema.

 

-¿Todo para que no se avance en la responsabilidad de los civiles?

-Todo con el mismo objetivo. El que comienza con esta operación es Piumato y lo hace cuando está por comenzar un juicio por crímenes de lesa humanidad en la Unidad 9, que es un lugar donde él estuvo detenido o, por lo menos, figuraba como detenido. Y el juicio tuvo que empezar horas más tarde porque él lo estaba boicoteando junto con una secretaria del tribunal que fue recusada para este juicio por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Y quién era esa secretaria? Gabriela Michelli.

-¿Qué interés podría perseguir Piumato?

-Piumato figuraba como detenido en la Unidad 9 pero en el juicio no participaba como testigo ni como víctima ni como querellante ni como denunciante, lo cual, en una persona que es pública, que además es secretario de Derechos Humanos de la CGT, es llamativo. Eran testigos Adolfo Perez Esquivel, Jorge Taiana, Cachorro Godoy, pero Piumato no. Si no estaba en ninguna de las cuatro categorías, habría que preguntarse o preguntarle a él por qué.

-¿Por qué?

-No lo puedo decir.

-…

Rozanski saca su teléfono para mostrar las fotos de los afiches con los que empapelaron el palacio de tribunales de la calle Libertad cuando, acompañado por su abogado, Eduardo Barcesat, y varios organismos de Derechos Humanos que se presentaron como “amicus curiae”, fue a hacer su descargo por las acusaciones. “Basta Rozanski de presiones”, decían los carteles.

-Todo el edificio estaba empapelado con afiches con mi foto y mi apellido. También había algunos contra (la procuradora general de la Nación, Alejandra) Gils Garbó. Había afiches pegados incluso en la puerta de ingreso a la Comisión de Disciplina. Y, por supuesto, estaban firmados por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, de la que Piumato es su secretario general. En algunos, en lugar de una foto, pusieron el mismo muñequito que usó Lanata en su programa. ¿Qué esperanza puede tener una persona que va a responder una denuncia? Esto le quita legitimidad al procedimiento. Esto es, claramente, una situación de persecución. A mí no me hubieran destituido. Lo que armaron es un castillo de naipes.

-Pero aparece la alternativa de la jubilación.

-Esto era insostenible. En un país en estas condiciones, que las denuncias sean falsas no alcanza para que no me destituyan. Ése es el problema. La respuesta sería sencilla. Yo tengo la tranquilidad de que esto que se dice no sucedió. No debería tener ningún problema en enfrentarlo, pero, si afrontarlo es ir a un proceso donde ya se anuncia el resultado por los medios de comunicación, no están dadas las garantías. No iba a someterme a un escarnio. El costo hubiera sido para mí imposible. No hay nadie que aguante. No se respeta ningún tipo de norma. Es una luz roja muy fuerte. En otro escenario sería totalmente sencillo. Renuncié después de hacer el descargo, donde aclaro todo esto, que es absolutamente absurdo. Además, todo el proceso es nulo. A esta altura del partido, no puedo no darme cuenta de que esto yo no puedo pelearlo y que la verdad no alcanza. Hice lo que tenía que hacer. El tiempo irá diciendo las cosas.

-¿Quién lo manda a Piumato?

-Dos fotos clave. Una en una escalera, antes de una comida. El evento tuvo lugar el 28 de septiembre y en la foto están, entre otros, Piumato, el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas; la diputada Adriana Donato, presidenta de la comisión de disciplina del Consejo; el consejero representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, y el juez consejero Luis Cabral. Todos ellos impulsaron la denuncia.

 

 

Una semana después, fue la VII Conferencia Nacional de Jueces, que no por casualidad este año tocó en La Plata,  en el Teatro Coliseo Podestá. El Ministerio de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich) cortó la calle para hacer una gran foto. Ahí se los puede ver otra vez a Piumato, junto a (el ministro de Justicia de la Nación, Germán) Garavano, sonrientes.

 

 

-¿Cuál sería el fin último de todo esto?

-Un poco de cada cosa. El objetivo es el disciplinamiento. Si se puede llegar a operaciones de esta naturaleza, con la que se obtiene la renuncia de un juez federal, se está transmitiendo un mensaje a mucha gente. En segundo lugar, esto tendrá incidencia en los juicios porque se torna virulento. No puede ser interpretado de otra manera. Tiene que ver con que esta preocupación no existía mientras se estaba juzgando a gente uniformada, pero comienza o se intensifica a partir de la condena a Smart, porque los juicios, a medida que avanzan, cada vez van mostrando más aspectos del terrorismo de estado. Y estos aspectos no pueden excluir a los sectores empresarios y también eclesiásticos, porque es parte de la verdad que se va conociendo. Finalmente, la prisión domiciliaria. Esto lo anunció (Ricardo) López Murphy hace un par de años en una reunión con un grupo que se llama Abogados por la Paz y la Concordia. Como no se podía conseguir un indulto, había que ir por la prisión domiciliaria. En pocos meses más, entre el 80 y 90 por ciento de los detenidos por delitos de lesa humanidad va a tener domiciliaria, con todo el esfuerzo que les significó a las víctimas y testigos una enormidad volver a relatar lo sucedido, con todo lo que significó que el mismo estado que cometió los crímenes impulsara el juzgamiento, el único país del mundo en el que sucedió de esta manera.

-¿Qué le quedó pendiente como juez?

-Me voy con el gusto desagradable de que yo había cumplido un ciclo. Acá es imposible sostener que me jubilo por las denuncias, porque empecé a tramitar la jubilación un año antes, pero cuando salió esto me fui. Lamentablemente, para los sectores reaccionarios, la verdad no tiene ninguna importancia.

 

Un tema doméstico: le sacaron la custodia
Apenas se inicia la entrevista con Letra P, Rozanski recibe un llamado telefónico y se disculpa. Se quedó sin agua en la casa y tiene que atender.
Letra P: -Me llamó la atención cuando pasé por su casa, hace un tiempo, la custodia que tenía.
Rozanski: -La sacaron.
LP: -¿Cómo?
R: -Una medida medio absurda. Yo tenía seguridad en mi casa desde la segunda desaparición de (Jorge Julio) López (ocurrida el 18 de septiembre de 2006), cuando comenzaron las amenazas. Eso continuó durante diez años y hasta el día de hoy. Ahora estamos por ir a juicio con un tipo que durante cuatro meses amenazó con matarme y matar a una secretaria del tribunal, con matar a sus chiquitos. Decía “mi único jefe es Miguel Osvaldo Etchecolatz”. Lo detuvieron con tres armas cargadas. Pero no les importa nada. Igual sacaron la custodia. Tengo que volver a pedirla. Además, vengo de presentar un escrito en la Cámara porque pidió la excarcelación. En este contexto, que te saquen la custodia es preocupante.

 

LOS JUICIOS. Como presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski intervino en una gran cantidad de juicios por delitos de lesa humanidad: Erchecolatz-Berges por apropiación (2004), Miguel Etchecolatz (2006), Christian Federico von Wernich (2007), Mansilla - Duret por el caso Labolita (2009), Unidad 9 de La Plata (2010), Alonso (2010), Pedro César Guerrero (2011), Circuito Camps (2012), Casado Tasca (2012), Madrid - Elichalt (2013), La Cacha (2014), Fuertar 5 (2015) y Favero-Alvarez (2016).