Primero fue universidad popular. Desde 2014, Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA). Ahora fue oficialmente nacionalizada como Universidad Madres de Plaza de Mayo. El proyecto soñado y pensado por la organización liderada por la fallecida Hebe de Bonafini se encamina a su consolidación y afronta un desafío: el avance del negacionismo del terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad perpetrados en la última dictadura militar que encarna la dupla libertaria de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Ante lo que la organización de derechos humanos considera "nuevas luchas" que pueden avecinarse con la eventual llegada de La Libertad Avanza (LLA) al poder tras las elecciones presidenciales, la comunidad educativa que viene sosteniendo el trabajo institucional de Madres de Plaza de Mayo, junto con 2.500 estudiantes, y el equipo que comanda la casa piensa en el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni como rector.
El temor a la ola violeta de la ultraderecha se corporizó esta semana cuando Villarruel consideró, durante su exposición en un almuerzo organizado por el Rotary Club, que la institución universitaria tiene "la misma calidad educativa que una academia de Giselle Rímolo”. En la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo recalcan que el proyecto pasó por un proceso de aprobación de planes en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y también por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) antes de llegar al Congreso.
Largo camino
El proyecto se puso en marcha en el bar de la Casa de las Madres en la avenida Hipólito Yrigoyen al 1500 donde se juntaban mesas y se daban clases; por ejemplo, sobre cómo defenderse de la policía o cómo presentar habeas corpus. La ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y exfiscal Cristina Caamaño era quien dictaba esas clases. Hasta ese lugar llegaban personas que, muchas veces, no habían terminado la secundaria. Allí adquirían herramientas que también las impulsaban a retomar los estudios y hasta a dar equivalencias para ingresar después a la educación superior.
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“Entre un milico preso y un niño que coma, prefiero un niño que coma y sea feliz”, decía Bonafini según recuerdan quienes trabajan en el día a día de la institución que, por un proyecto del diputado Hugo Yasky, fue una de las últimas universidades transformadas en ley días atrás.
Intervención
Pensada inicialmente como un espacio que no emitiría títulos sino conocimientos, la universidad popular se convirtió en 2014 en el IUNMA, lo que implicó que en materia económica estuviera bajo la órbita del Ministerio de Justicia y en términos de contenidos, dependiera de la cartera educativa.
Desde hace tres años y medio con Gustavo Scrinzi como rector y Elena Patzer como vice, el IUNMA funciona en el edificio ubicado en Defensa 119, donde también está la Escuela de Abogados y Abogadas del Estado, a cargo de Carlos Zannini. Ahora, la universidad nacional proyecta trasladarse al nuevo edificio asignado en el barrio porteño de Caballito, donde luego del reacondicionamiento edilicio se dictarán cuatro carreras: Derecho, Trabajo Social, Historia y Comunicación.
En 2015, con la llegada de Cambiemos al poder, el IUNMA sufrió una etapa de intervención. Dependiente del Ministerio de Justicia para fondos y del Ministerio de Educación para contenidos, fueron esas carteras de la gestión de Mauricio Macri las que decidieron el nombre de las autoridades: el juez contravencional Javier Buján, ex interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) desplazó a Germán Ibáñez, quien ejercía como rector organizador.
Esa etapa es recordada por docentes y estudiantes de la universidad como un momento de recorte presupuestario y despidos que iba de la mano de una política de persecución al trabajo de Madres y que, según advertían entonces internamente, apuntaba específicamente al archivo de la Asociación; compuesto aproximadamente por más de 600 biblioratos con fotografías, denuncias de detenciones ilegales y pedidos de habeas corpus, entre otra documentación de valor incalculable en la lucha en defensa de los derechos humanos.
En 2019, con el cambio de gobierno, se concretó la llegada de Scrinzi y Patzer al rectorado y se abrió una etapa de trabajo para institucionalizar la universidad que, desde la aprobación en el Congreso, tendrá autonomía para decidir el mecanismo de elección de autoridades y también autarquía económica.
