TRANSPORTE & LOGÍSTICA

Qué tiene que ver el último custodio de Diego Maradona con el conflicto del tren Roca

Fue la sombra del astro y es gerente de la firma de seguridad cuestionada por los trabajadores. Quienés son los dueños de un negocio en manos de exmilitares y policías.

El corte de vías de parte del personal de una empresa de seguridad privada del ferrocarril Roca que este jueves terminó con represión de la Policía de la Ciudad en Constitución esconde -a la vez, devela- la trama de la tercerización de servicios por parte del Estado en la empresa Trenes Argentinos. Los trabajadores aseguran que las empresas tienen contratos millonarios y ellos tienen sueldos "de miseria".

Entre las firmas de seguridad privada que ganaron las licitaciones públicas y son blanco de cuestionamientos del sector trabajador está MCM Security SRL, cuyo socio gerente es Héctor Mariano Carnicer, el último custodio personal que tuvo Diego Armando Maradona en su etapa como DT de Gimnasia y hasta su muerte.

Los otros socios son Carlos Osear Carpintieri y Maximiliano Maculan. En la página web de MCM Security se puede leer el listado de sus clientes: Trenes Argentinos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Coldplay, Rolling Stones, Joaquín Sabina y Dakar, entre una larga y diversa nómina.

MCM Security ganó en 2020 la licitación para brindar el servicio de seguridad privada en la Línea Roca por 24 meses por la suma de 1.182 millones de pesos más IVA. Esa cifra fue actualizada a favor de las empresas, tal cual lo definió el 8 de septiembre de 2022 el directorio de la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que preside Martín Marinucci.

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Las otras empresas

Otra agencia privada que tiene adjudicada la seguridad de la línea Sarmiento es CI5 S.A.; un contrato por casi 116 millones de pesos más IVA por 24 meses. Esa cifra también fue “redeterminada a favor de la empresa” por el directorio de SOFSE en septiembre del año pasado.

Ci5 SA tiene como presidente a Jorge Alberto Tito, quien fue señalado en 2020 por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que lo relacionó con el movimiento carapintada que amenazó la democracia en la década del 80. También lo sindicó como parte de la “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”, que presentaron un grupo de retirados de distintas fuerzas´. Según Rossi, “nació para conspirar” y es “intolerable en un sistema democrático”.

Otra firma que tiene varios contratos es Watchman Seguridad, como el servicio de custodia de la línea Belgrano Sur. Sus dueños también son militares retirados y familiares. Su director es Alfredo Eugenio Enjuto y participa también Norberto Damián Améndola. El contrato es de 2021 por $289 millones de pesos más IVA por 24 meses y la línea Mitre y Tren de la Costa por $265 millones más IVA.

Las contrataciones de compañías privadas con dueños relacionados con militares tampoco sorprende en Trenes Argentinos. Durante la gestión de Cambiemos, con Mauricio Macri como presidente, el gerente de Prevención y Seguridad de la empresa pública fue Alejandro Saint Jean, hijo del gobernador bonaerense de la última dictadura cívico militar, Ibérico Saint Jean. Alejandro fue nombrado por el entonces titular de Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado, Marcelo Orfila.

Otra empresa es Líderes Consultores de Seguridad, cuyo socio gerente es Walter Néstor Petriz, que con el patrocinio de la ahora larretista Florencia Arietto presentó una denuncia, que fue desestimada por la Justicia, contra trabajadores organizados que reclamaban el pase a planta de SOFSE. También está el Grupo Comahue, cuyo titular es Raúl Griffa: su nombre apareció en el listado de aportantes de Cambiemos y tiene contratos muy importantes por servicios en el gobierno porteño.

También tiene contratos para brindar seguridad en Trenes la empresa Murata S.A., cuyo director es Roberto Raglewski, un policía federal retirado. El Directorio de SOFSE también aprobó, en el acta 360 de septiembre pasado, la redeterminación de precios para Hunter Security, Murata, Líderes Consultores y Comahue Seguridad Privada.

Un reclamo histórico

Trenes Argentinos (SOFSE) tiene históricamente tercerizado el servicio de seguridad en las formaciones y en las estaciones. Los trabajadores reclaman por mejores salarios, derechos desiguales respecto del personal ferroviario en planta e inestabilidad laboral porque sus contratos se renuevan cada fin de año y sus salarios están colmados de ítems no remunerativos.

El viernes a la noche, trabajadores de MCM se reunieron en el Ministerio de Trabajo. Adrián Luque se reunió, en representación de los trabajadores, con funcionarios de la cartera que conduce Kelly Olmos.

"El reclamo es el pase a planta permanente de casi 300 trabajadores a la empresa Trenes Argentinos y seguimos sin tener respuestas", dijo a Télam Emanuel Vega, delegado de MCM. Los voceros de los trabajadores afirmaron que “a Trenes Argentinos le va a salir más barato pasarnos a planta que todo lo que le pagan a la empresa”.

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"Nosotros somos trabajadores que hacemos tareas que están en el convenio de la Unión Ferroviaria, como cuidar la seguridad de los pasajeros, cuidar las instalaciones de alta tensión, los talleres, las formaciones y las estaciones", detalló Vega.

Según explicó a Letra P un vocero de SOFSE, “Trenes Argentinos tiene trabajadores de seguridad sólo en centros de monitoreo y dependencias, pero la seguridad en las estaciones, andenes y formaciones está a cargo de la Policia Federal y siete empresas de seguridad privada que nuclean a 2.500 trabajadores en total”.

El vocero descartó que se pueda hacer el pase a planta. “No son trabajadores desempleados; dependen de la empresa MCM Security y, en muchos casos, la propia empresa los rota con otros servicios de seguridad que tienen contratados, no son de Ferrocarriles”.

Además, explicó que el Estado está imposibilitado de incorporar trabajadores porque "están congeladas las altas en el Estado”.

La tercerización tiene antecedentes trágicos en el área de ferrocarriles: el 20 de octubre próximo se van a cumplir 13 años del asesinato de Mariano Ferreyra, de 23 años, a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. El entonces titular del gremio, José Pedraza, fue condenado y encarcelado. Ferreyra estaba reclamando el pase a planta de los trabajadores tercerizados.

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