La Libertad Avanza suspendió el plenario de comisiones de este martes. El plan original era aprobar un dictamen y llevarlo al recinto. No hubo consenso.
Eduardo Falcone (MID), clave en la negociación por Malvinas.
El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados. Por segunda semana consecutiva no acordó con los aliados las modificaciones al proyecto sobre soberanía de Malvinas. De esta manera, la iniciativa no será parte de la sesión del próximo miércoles citada por Martín Menem para aprobar los proyectos pendientes.
Este lunes, el diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata, quien preside la Comisión de Defensa, canceló el plenario que estaba convocado para el próximo martes para tratar el proyecto sobre Malvinas. Lo postergó una semana, pero todavía parece difícil llegar a un consenso.
Además, en el oficialismo no quisieron prestarse a un ataque de la oposición luego de que Estados Unidos propusiera eliminar el Comité Descolonizador de la ONU, que toma el reclamo por Malvinas. El canciller Pablo Quirno no se opuso expresamente.
La encargada de negociar por el Poder Ejecutivo es la secretaria legal y técnica, María Ibarzábal Murphy, quien en su exposición rechazó reducir el proyecto al capítulo inicial, que es el único consenso posible. Incluye 40 artículos que aumentan las sanciones a empresas que operen en las inmediaciones de las Islas Malvinas.
Como explicó Letra P, la funcionaria cercana a Santiago Caputo defendió los aspectos más polémicos del proyecto y propuso crear una bicameral de control. No fue suficiente y la negociación quedó empantanada. Además, complicó y mucho las gestiones del Gobierno la versión publicada por el diario Clarín, en la que se menciona una supuesta queja de empresas de Estados Unidos por posibles sanciones que recibirán si avanza esta ley.
El principal cuestionamiento de la oposición al proyecto es la creación del Consejo de Seguridad, en el que confluyen el Presidente, el jefe de Gabinete, el ministerio de Defensa, el de Economía, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Una de las atribuciones que tiene es intervenir si hay un ataque a "infraestructuras críticas", un concepto que se define con mucha amplitud.
Ibarzabal Murphy no logró precisar el alcance de la definición durante su exposición y los aliados las exigieron para avanzar. En el plenario de la semana pasada, la diputada de Córdoba Alejandra Torres (Provincias Unidas) pidió "estándares técnicos" para darle rigor a esa denominación.
El proyecto también faculta a las fuerzas armadas para intervenir en operaciones marítimas y aéreas ante eventuales ataques externos. Eduardo Falcone, del MID, exigió que se mantenga la autorización legislativa y no pudo consensuar un texto. La secretaria Legal y Técnica envió un borrador el fin de semana, pero no convenció al exmiembro del bloque La Libertad Avanza. "Pedimos que sea explícita la referencia a la intervención legislativa ante eventuales actos bélicos", le dijo a Letra P.
Tampoco hay consenso sobre el artículo 111 del proyecto, que propone sanciones de hasta 12 años de prisión por supuesta intervención informativa extranjera en campañas electorales. La diputada libertaria Silvana Giudici prometió modificaciones. Otro reclamo fue por la autoridad de aplicación, que no está especificada. Daniel Arabia (LLA) prometió revisarlo.
El proyecto fue anunciado por Javier Milei en cadena nacional, quien se refirió a los aspectos sancionatorios y a la necesidad de frenar Proyecto Sea Lion (León Marino). Se trata de un proyecto de explotación petrolera offshore ubicada en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y a unos 450 metros de profundidad.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y alberga un potencial total de 1.700 millones de barriles de petróleo. La primera fase del desarrollo contempla extraer cerca de 300 millones de barriles. Las empresas que operan son la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
El proyecto contempla penas de 5 a 10 años de prisión, multas, inhabilitación y el decomiso de equipos. Y no las aplica únicamente a los hidrocarburos, sino que incorpora la pesca y la explotación de cualquier recurso natural renovable o no renovable. También permite borrar las sanciones a las empresas que abandonen los proyectos en Malvinas, sin sanción alguna.
En el Gobierno, además, sospechan que Victoria Villarruel impulsa una maniobra para pedir que el consejo de seguridad lo integren autoridades de ambas cámaras del Congreso. El debate quedó postergado.
