La entidad reclamó reglas para proteger contenidos periodísticos y advirtió sobre agravios, restricciones y riesgos para el debate público.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó durante su 64ª Asamblea anual, en Tucumán, su informe semestral de Libertad de Prensa, en el que advirtió que la inteligencia artificial, la apropiación de contenidos periodísticos y el deterioro del debate público amenazan la sustentabilidad de los medios y el ejercicio profesional.
El documento, elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa y presentado por su presidente, Daniel Dessein, plantea que la transformación tecnológica constituye un desafío estructural para el futuro del periodismo. Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin compensación para quienes los producen.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático”, sostiene el informe. ADEPA reclama que las nuevas reglas del entorno digital reconozcan el valor del trabajo intelectual y permitan sostener la producción de información profesional y verificable.
La entidad también relacionó el avance de la inteligencia artificial con la sustentabilidad económica de los medios. En un mercado publicitario fragmentado y con fuerte participación de las grandes plataformas, consideró que un periodismo independiente necesita condiciones competitivas y transparentes, sin distorsiones provocadas por posiciones dominantes.
Para ADEPA, defender la libertad de prensa también supone garantizar redacciones sólidas, medios sostenibles y voces locales que contribuyan a una democracia plural. Frente a la expansión de la desinformación y la polarización, el informe reivindica el papel del periodismo para verificar hechos, investigar, contextualizar la información, sostener una mirada editorial independiente y construir confianza.
El documento también manifiesta preocupación por el deterioro del debate público durante los últimos seis meses y por la reiteración de agravios contra periodistas desde posiciones de poder. La asociación diferencia el derecho de funcionarios y ciudadanos a cuestionar o desmentir una publicación de la posibilidad de impulsar medidas destinadas a castigar contenidos que las propias autoridades consideren falsos.
En ese punto, ADEPA recordó las declaraciones del ministro de Economía Toto Caputo del 25 de agosto, quien sostuvo ante una publicación que consideró falsa que “la Justicia debería actuar” y reclamó “una ley que castigue este tipo de conductas”. El planteo recibió posteriormente el respaldo público del Presidente de la Nación, Javier Milei.
La organización advirtió que una legislación de esas características podría otorgar a las autoridades facultades incompatibles con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un efecto inhibitorio sobre investigaciones de interés público. También cuestionó un episodio ocurrido durante una exposición de Milei ante estudiantes de la Escuela ORT de Buenos Aires, donde se alentaron expresiones de hostilidad hacia periodistas.
El relevamiento incorporó además la actividad registrada en redes sociales entre el 17 y el 23 de agosto. En ese período, la cuenta del Presidente republicó 335 mensajes contra la prensa, difundió 26 publicaciones propias y realizó 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. Al menos 16 periodistas y nueve empresas de comunicación fueron mencionados.
Otro eje del informe son las restricciones al acceso a fuentes oficiales. ADEPA recordó sus cuestionamientos a las limitaciones para periodistas acreditados en la Casa Rosada y a medidas similares informadas en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía. Para la entidad, el acceso a los lugares donde se produce la información permite preguntar, observar, contrastar versiones y elaborar información propia.
El documento también objetó una resolución del Ministerio Público de San Juan que restringía el contacto entre funcionarios y periodistas y concentraba las consultas en una única autoridad. Según ADEPA, estos mecanismos pueden desalentar el vínculo con las fuentes y favorecer un monopolio oficial de la información.
