El grupo Vicentin decidió responderle al Banco Nación Argentina, quien había salido con los tapones de punta a criticar la la certificación de cumplimiento de avales que resolvió el juez de Reconquista y que encamina a la agroexportadora a cerrar el concurso preventivo. En el comunicado también advierte que la no homologación del acuerdo ocasionaría el cierre de la firma, una afirmación que sirve para meterle presión al juez que debe definir esa instancia en breve.
“Sin dudas, las pérdidas que producirá este acuerdo son importantes para todos los acreedores, y también para los actuales accionistas que se desprenderán de casi la totalidad de la sociedad; pero el pago que obtendrán los acreedores es, a todas luces, el más alto posible: no existe una alternativa mejor a este acuerdo -ni cram down ni desguace–”, argumenta.
Apenas conocida la decisión del juez Fabián Lorenzini, la banca pública a la que la cerealera le debe 300 millones de dóalres, advirtió que impugnará “por abusiva y contraria a sus intereses” una eventual homologación. Además la consideró “extremadamente desfavorable para el banco”, “contraria al principio de igualdad de los acreedores que prima este tipo de procesos” y “discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley”. No le faltó nada.
La agroexportadora recogió el guante y apuntó directo a la banca como un actor que no se involucró propositivamente en el proceso concursal ni explicó cómo podrían mantener operando a la firma. “Aquellos que han alentado en sendas declaraciones mediáticas esta posibilidad jamás han acercado una propuesta alternativa concreta o una mínima descripción acerca de cómo estas acciones podrían ser superadoras de la propuesta concursal”.
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También sostiene que en un “escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una "propuesta superadora", lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin, que provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador”.
A principios de abril hubo una reunión entre la banca y la firma que, según supo Letra P, fue en términos protocolares sin tocar definiciones acerca del concurso. Ahora todo se agitó. De hecho, envalentonada con el aval del juez, la concursada sostuvo que “el acuerdo cuya homologación corresponde decretar ahora, no solamente protege los intereses de todos los acreedores sino especialmente de los más pequeños y de aquellos cuyos créditos quedaron pesificados”.
Por último afirma que lo más conveniente para los acreedores minoritarios que no votaron la propuesta, entre los que se encuentra la porción quirografaria del Banco Nación, es proteger el recupero de sus créditos, “que quedarán reexpresados en moneda fuerte y aseguran un rápido pago después de la homologación firme”.
