Después de la feria judicial y un par de meses sin novedades, la cerealera Vicentin volvió a la carga para darle una marcha final al concurso preventivo que acaba de cumplir tres años de iniciado por la enorme deuda por 1.400 millones. Por medio de un escrito le pidió a la Corte Suprema de Santa Fe que gire, sin más demoras, el expediente al juez de origen luego de que rechazara el pedido de avocación. La idea de la concursada es lograr la homologación de la propuesta, que ya tenía aceptación, sin tener que cambiar las condiciones.
El mismo fue pedido por el acreedor Commodities SA, del Grupo Corredor Grassi, uno de los máximos acreedores comerciales con casi 2.800 millones de pesos. La Corte le dio trámite de análisis, pero, finalmente, en noviembre pasado, lo rechazó y ordenó devolver las actuaciones al juzgado de origen. El abogado de la firma Maximiliano Toricelli presentó una solicitud para que el expediente sea remitido en la brevedad.
Vale recordar que el pedido de avocación del acreedor se interpuso cuando la propuesta para el acuerdo tenía las mayorías necesarias para lograr la homologación y comenzar a cancelar la deuda. "El expediente concursal se encuentra paralizado desde junio de 2022,consecuencia de un requerimiento totalmente improcedente (...) La paralización del proceso concursal genera una serie de inconvenientes que no solo perjudica a la empresa, sino a los acreedores", considera el letrado.
Asimismo, recuerda que el último día de 2022 vencieron los fazones de soja acordados con Molinos Agro S.A. y A.C.A. en octubre de 2021 y que para retomarse requieren certezas para la logística y aprovisionamiento. "En este escenario de incertidumbre resulta muy difícil para la dirección de la compañía conseguir trabajo paralas plantas más allá de negocios spot".
La cerealera contrató como apoderado al radical Ricardo Gil Lavedra, quien junto al patrocinio del estudio jurídico santafesino Toricelli, planteó ante la Corte la revocatoria de la avocación, pero la Corte no le dio lugar. Finalmente el máximo tribunal, a fines de noviembre, le puso punto final a la posibilidad de intervención y de cambio de juez, pero con advertencias acerca del desenlace y el tenor de la propuesta.
