El ambiente agroexportador, ubicado mayormente en Santa Fe y que exporta el 80% del comercio nacional, respira y espera con los brazos abiertos la joya menemista que promete devolverle Javier Milei cuando asuma la presidencia. Se trata de la concesión a privados de la hidrovía Paraná - Paraguay que, según todo parece, volverá a ser operada sin intermediación del Estado, dejando sin efecto la gerencia transitoria de la Administración General de Puertos (AGP).
Era puro sentido común imaginar qué iba a hacer el libertario en el negocio de la vía navegable troncal: nada de Estado que genere costos administrativos innecesarios y no garantice la competitividad. Un esquema sencillo y pulido: un concesionario privado que cobre un peaje para mantener el río a costas de quien lo use para comerciar y punto.
Justamente, el nuevo ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, sostuvo que el esquema actual no va más y se avanzaría en una licitación internacional “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, algo que en su momento se convirtió en slogan de época y perduró más de 25 años, desde la etapa de modernización del menemismo, hasta 2021.
Para el sector, esto claramente funcionó y rindió operativamente, coincidiendo con el boom de exportaciones de soja. “En la hidrovía se terminó la concesión y se la estatizó. Se la otorgó a la AGP, que se dio vuelta y contrató -por vía directa- a los mismos privados que venían prestando el servicio, sumándole costos y enturbiando todo; haciendo todo poco transparente”, disparó Ferraro.
El lobby vuelve
Esta nueva etapa implica que el negocio vuelva a tener la injerencia de la agroindustria, las cámaras portuarias, del acero, cerealeras y las bolsas de comercio, en otras palabras, que el establishment agroexportador haga valer su peso en las definiciones bajo el concepto de ser los usuarios a los que se deben escuchar.
De hecho, en el ambiente se ilusionaron en los últimos días con que vuelva el esquema impulsado durante el macrismo, cuando el vencimiento de la concesión estaba a la vuelta de la esquina y los privados hicieron lobby para incidir en el esqueleto del nuevo pliego. Incluso acercando un trabajo de consultoría carísimo que establecía bajar el costo del peaje de los buques y llevar a 42 pies el calado en la traza actual. Hoy está en 32 en algunos pasos. "Que sea más competitivo", repiten. Si es así, prometen ganancias para los privados y más divisas para el Gobierno.
También se espera volver a un exposición pública mínima del negocio, que no tenga encima las luces de la agenda política, a lo sumo un órgano de control, algo que sí ocurrió durante el último gobierno que puso en discusión su federalización y organización.
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En Expoagro 2023, representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario y la AGP sobre el futuro de la Hidrovía
Proceda
La definición de quién se quede con la operación del dragado y balizamiento del río no tendría tanta cháchara como ocurrió durante la administración de Alberto Fernández, quien conceptualizó las medidas en torno a la federalización y soberanía. Incluso todo se podría dar más sencillo de lo que se creía gracias al propio Fernández.
El presidente termina allanando el camino para la vuelta al esquema anterior con el decreto 949 de 2020 que delega en el ministerio de Transporte de la Nación el llamado y adjudicación de la licitación. Ese ministerio estará en manos de Franco Mogetta, exfuncionario del Gobierno de Córdoba durante la administración de Juan Schiaretti.
No es menor su presencia porque el gobernador cordobés hizo fuerza en varias oportunidades para que Córdoba, que no tiene frente costero pero aporta a la agroexportación, sea parte de las decisiones de la hidrovía como ocurre con las provincias que poseen puertos. "Lo clave será quiénes estarán del gobierno encima del negocio, por más que sea privado, alguien tiene que estar", expresaron con dudas a este medio desde la agroexportación.
En ese sentido, la incógnita es si Milei mantendrá la voz de las provincias o si disolverá el Ente de Gestión y Control de la hidrovía (Ecovina), que naufragó en el armado del pliego y su licitación, aunque sí dejó explícita la voz de las provincias en el negocio.
De nuevo: el sentido común indicaría que el presidente electo no quiere un artefacto burocrático del Estado para controlar a los privados. Sin embargo, el propio establishment estudió la posibilidad de un órgano de control independiente y autónomo, con participación de las provincias y representantes del sector privado.
La otra posibilidad es que se mantenga el Consejo Federal de Hidrovía creado en el decreto mencionado que da asesoría y vela por los intereses provinciales. Por ahora no hubo charlas al respecto, solo aquella declaración de Ferraro, ni siquiera se tocó el tema en la reunión de transición entre las áreas de gobierno.
“La presencia provincial debería mantenerse, con el ente o con el consejo, los dos no puede borrar”, sostuvo un dirigente del mercado de granos. En ese sentido, el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, teje con la Bolsa de Comercio para tener peso en el futuro.
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En pandemia, Fernández intentó crear una sociedad del Estado junto a las provincias usuarias de la hidrovía
Historia
El contrato original de 1995 fue prorrogado dos veces y venció finalmente el 30 de abril de 2021. Fernández procrastinó en el tema. Quiso una sociedad del Estado con las provincias y no pudo, y terminó con el Ecovina sin resultados ni licitación lista. Caída la licitación resolvió extenderla dos veces.
Finalmente la tan buscada pata estatal se la terminó dando la AGP, de buena administración reconocida por los privados, que realizó una licitación corta -hasta tanto se adjudicara la larga- que terminó en manos de la compañía Sudamericana de Dragados S.A. pero de manera directa después de un procedimiento impugnado.
La AGP logró quedarse hasta que se lograra un concesionario nuevo por licitación, algo que no llegó. Pero la idea del massismo era mantener el esquema actual con la AGP administrando y contratando el dragado y balizamiento en privados, posiblemente a través de licitaciones. Para eso esperó durante meses un decreto de Fernández que formalice el modelo por 10 años. Nunca llegó, o, mejor dicho, antes llegó el libertario.
