La deuda y ralentización de la obra pública empieza a perfilarse como uno de los puntos que centralizarán la agenda política santafesina en la segunda mitad del año, sobre todo cuando se conozca, en la noche del 10 de septiembre, quién gobernará la provincia después de Omar Perotti. Más aún si quien gana es la oposición. La novela por los atrasos a los contratistas tuvo una promesa de pago de parte del gobierno provincial como forma de cortar la sangría y contener un posible desborde en tiempos electorales. Sin embargo, la oposición igual olió sangre y ataca. Una remake invertida del 2019.
Como contó Letra P en una serie de notas, desde hace varios meses el contexto inflacionario empezó a picarle el boleto a las contratistas de obra pública provincial, quienes entraron en fase de discutir los números. Después de varias reuniones, cruces y estirar el chicle, el ministro de Economía, Walter Agosto hizo una propuesta a las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara de la Construcción (Camarco): desembolsar 11.000 millones en tres pagos.
Parece una suma enorme como para levantar el muerto, pero alcanza para saldar hasta marzo. El resto se irá charlando a medida que pasen las semanas. Los privados festejaron la decisión y aclararon que no ven ninguna intención vidriosa detrás de todo esto. Nada de espejitos de colores, se convencen. En rigor, el ministro metió el conflicto con las deudas en un encofrado para contenerlo. Por ahora no le echa hormigón para consolidar todo, pero puso una promesa sobre la mesa: dejar la gestión sin deudas con los contratistas. Acá está el nudo de la cuestión y la ventana por donde la oposición se mete.
Una semana antes de la reunión del ministro con los empresarios, el senador Felipe Michlig del bloque radical presentó un pedido de informes exhaustivo referido a la situación de la deuda flotante con los contratistas y desarrollo de la obra pública. La exposición en el recinto fue detallada y con mucho desarrollo. Piden conocer montos devengados y pagados de certificados a mayo inclusive, deuda desagregada, y reprogramación de la obra pública (curvas de inversión, plazos, adjudicaciones) y estado de los fondos de financiamiento. Es decir, le cuentan las costillas con conocimiento de detalle: sólo busca que lo reconozca.
https://twitter.com/Letra_P/status/1666770645953159170
“El Poder Ejecutivo provincial invoca restricción financiera mientras posee fondos ociosos y excedentes (...) aunque resulte absurdo, esto ocurre mientras la Provincia estuvo y está percibiendo fondos por el acuerdo de ejecución de sentencia firmado con el Estado nacional (deuda por la coparticipación)”, sostiene. Luego remata: “Resulta difícil de justificar que con un excedente presupuestario y financiero que sólo puede aplicarse a gastos de capital (obra pública), el gobierno frene o ralentice la obra pública y mantenga morosidad”.
Más allá de que el radicalismo referenciado en el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro denuncie el problema, de fondo intenta dejar en evidencia que hay un deterioro de la situación financiera provincial. Sostienen que el gobierno se va quedando sin caja de libre disponibilidad y arrojan suspicacias sobre una canalización de los fondos.
¿Por qué el radicalismo lo expone? En primer lugar para ir planteando el tema de la obra pública en caso de que termine explotando y, de paso, ir dejando constancia de los números que se encuentre en caso de convertirse en gobierno. Vale recordar que la eterna transición de seis meses del 2019, cuando Omar Perotti sucedió a Miguel Lifshitz , estuvo plagada de cuestionamientos por la deuda flotante. Ahora parece repetirse la historia con los roles y acusaciones cambiadas.
De hecho, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, sostuvo a Letra P que quieren diferenciarse de Lifschitz, quien “dejó de pagar en junio de 2019 y les dijo a las empresas que sigan y sigan”. Perotti logró meterse en el bolsillo a los contratistas saldando la deuda después de un tiempo. El rafaelino supo manejar al sector y terminó evitando fácil un posible conflicto. Ahora también. Agosto parece haber estirado la cuerda, quizás crear una situación de riesgo para así resolver más a su medida.
La propuesta de pago aceptada también tenía un factor que apretaba el zapato: la ministra de Infraestructura es la candidata a vicegobernadora de la fórmula que apoya Perotti. Sin un corte, la situación podía complejizarse y arrastrar a Silvina Frana. No por nada se corrió de las negociaciones, como contó este medio. La pregunta es: si el resultado de las generales le es adverso al peronismo, el gobernador seguirá encofrando el problema de las deudas de obra pública o dejará que se desborde y se arregle el que venga.
