Su pareja detectó la situación al gestionar una prestación previsional y recibió documentación de ANSES que ya fue incorporada a la causa.
José Luis Caro murió el 8 de diciembre de 2024, pero figuraba como empleado municipal en San isidro.
José Luis Caro murió el 8 de diciembre de 2024, después de sufrir un accidente en la vía pública en San Miguel. Meses más tarde, su familia descubrió una situación que ahora deberá ser esclarecida por la Justicia: figuraba como trabajador activo de la Municipalidad de San Isidro, pese a que sus allegados sostienen que jamás había sido empleado de la comuna.
El dato apareció cuando Yamila Benítez, pareja de Caro, realizó gestiones ante ANSES vinculadas con un beneficio social. Al consultar su situación, encontró que el hombre aparecía registrado como trabajador formal y con haberes asociados a un empleo municipal.
La mujer concurrió a una dependencia de ANSES en Hurlingham, donde, según consta en la denuncia, le indicaron que la relación laboral correspondía a la Municipalidad de San Isidro. El organismo previsional le entregó documentación relacionada con esa registración, que posteriormente fue incorporada a las actuaciones judiciales.
El escándalo fue denunciado por Olga Rafaelli, madre del fallecido, quien aseguró que su hijo nunca trabajó para San Isidro ni para ninguna otra administración pública. Según su relato, Caro se dedicaba de manera independiente a la provisión y comercialización de teléfonos celulares.
A partir de esa versión, una de las principales tareas de la investigación será establecer en qué momento apareció la supuesta relación laboral y qué documentación se utilizó para incorporarlo como trabajador municipal.
También deberá determinar si existió un legajo a nombre de Caro, cuánto tiempo permaneció vigente la registración y qué conceptos fueron incluidos en las eventuales liquidaciones.
Si se comprueba que durante ese período se generaron haberes, la Justicia deberá reconstruir el recorrido de esos fondos: cuánto dinero fue liquidado, a qué cuenta bancaria se transfirió y quién tuvo acceso o disponibilidad sobre esas sumas.
La cuestión adquiere especial importancia porque, de acuerdo con la denuncia, la registración no habría desaparecido con la muerte de Caro. Al momento de realizar los trámites previsionales, su situación seguía apareciendo asociada a un empleo formal.
Para Benítez, esa información tuvo además un efecto concreto: la supuesta existencia de ingresos laborales incidió en las gestiones que había iniciado ante el organismo previsional.
Por ahora, los hechos forman parte de una denuncia y no existe una conclusión judicial sobre lo ocurrido. Entre las hipótesis a determinar aparece la posibilidad de un error administrativo o de una falta de actualización de los registros. O si, por el contrario, hubo una maniobra irregular.
La documentación entregada por ANSES será uno de los elementos para reconstruir la situación. La investigación deberá establecer quién dio de alta a Caro, qué respaldo tuvo esa incorporación y si efectivamente se realizaron liquidaciones en su nombre.
El punto central será determinar qué ocurrió con esa supuesta relación laboral y, en caso de comprobarse que hubo pagos, quién terminó percibiendo esos recursos.
