La jefa del bloque La Libertad Avanza consiguió un acuerdo con la oposición del Senado. Habrá una negociación de Presupuesto con cada provincia.
Patricia Bullrich consiguió acordar con la oposición aprobar la reforma de la ley de salud mental en el Senado, que comprometió a Javier Milei a aportar el financiamiento. Se trata de una modificación de la norma que rige desde 2010 para habilitar la internación involuntaria. Deberán actuar equipos interdisciplinarios con participación de psiquiatras, que son escasos.
Por esa razón se habilita la participación de un médico y un psicólogo para agilizar el procedimiento, uno de los cambios que se hizo durante los debates en comisiones.
El proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y 21 en contra. Se opuso el peronismo, aunque tuvo siete ausencias, y Convicción Federal, el trío que dejó el PJ este año (Sandra Mendoza, Carolina Moises y Guillermo Andrada). También abandonó el recinto Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y la tucumana Beatriz Ávila. El dictamen dice expresamente que no habrá manicomios, pero para el peronismo deja dudas.
La Libertad Avanza consiguió el respaldo de la UCR, el PRO y algunos aliados de partidos provinciales. Estos fueron Carlos Espínola (PU), Julieta Corroza (La neuquinidad), Flavia Royón (Salta) y el binomio de Misiones: Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.
Como anticipó Letra P, para conseguir los votos, la jefa de La Libertad Avanza sumó un artículo propuesto por Arce que habilita convenios entre la Nación y las Provincias para cumplir con las nuevas condiciones, que implicarán necesariamente mayor inversión.
La propuesta fue leída por el misionero y dejó la reforma sujeta los aportes del Gobiero nacional. El artículo incorporado por Arce obliga a que el Estado nacional brinde la asistencia técnica, económica y financiera a las provincias para cumplir la ley.
Esa ayuda se implementará mediante convenios entre la Nación y las provincias para establecer los costos de implementación, los aportes comprometidos, las metas y el cronograma de transferencias.
Hasta que estos acuerdos se celebren, Milei deberá aumentar el presupuesto previsto para salud mental. Un párrafo incorporado establece que el Poder Ejecutivo deberá “prever anualmente partidas específicas” para financiar las obligaciones de la norma.
El proyecto fue enviado por el Gobierno, pero el dictamen llegó tras una negociación entre el bloque oficialista del Senado y los ministros de Salud de las provincias, agrupados en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).
La encargada de gestonar con las provincias fue Ivana Arrascaeta, de La Libertad Avanza, presidenta de la Comisión de Salud del Senado. “Lo importante con esta ley es no tener que llegar tarde”, sostuvo la puntana.
El principal cambio de la reforma es permitir la internación involuntaria. No se requerirá más la intervención de un juez, que sólo podrá dejarla sin efecto después de pedir informes y peritajes.
Sólo se mantiene la notificación al juez y al órgano de revisión en el plazo de 24 horas desde que el paciente quedó alojado. Y si son voluntarias y superan los 60 días se elimina el aviso al juez y su evaluación en cinco días. “No se puede actuar cuando suceden situaciones de extrema violencia en hogares y en la calle. La ley vigente no tomó en cuenta este criterio y es un tema a resolver”, sostuvo Bullrich.
“La internación sigue siendo excepcional. Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y a las personas con problemas mentales. No esperemos a la situación donde la violencia no se pueda volver hacia atrás”, agregó.
Una de las principales quejas de la oposición es la escasa cantidad de psiquiatras, que complica la implementación de la reforma, que obliga a que estos profesionales participen de las internaciones involuntarias.
Para suplir estas falencias, la inciativa habilita la teleconsulta de un psiquiatra, por la escasa cantidad de profesionales que existen. Además, podrán definir las internaciones médicos clínicos junto a psicólogos. El dictamen original habilitaba otras profesiones referidas a la salud mental, pero esa idea fue desechada por pedido de las universidades.
Otro cambio aceptado por los gobernadores es que la definición de salud mental abarque las adicciones, como la ludopatía. La queja más grande de la oposición es por los métodos de internación.
Si bien se impide expresamente la reapertura de los manicomios, Lucía Corpacci, del peronismo sostuvo que el texto final permite que abran instituciones similares. Ocurre que un artículo habilita la creación de “hospitales generales” o “especializados en psiquiatría y salud mental y en instituciones con internación especializadas en psiquiatría y salud mental, sean públicos o privados”.
“El proyecto no ratifica la adhesión a los convenios de Brasilia y Caracas, que prohíben los manicomios”, sostuvo la catamarqueña. Le respondió Bullrich. “Los hospitales especializados no son manicomios: son lugares especializados. Además, eliminamos la práctica manicomial, que es tirar a una persona en un lugar de por vida”.
El proyecto establece una serie de exigencias que las provincias no querían cumplir sin ayuda de Nación. Por caso, para los adultos se exige un plan de egreso desde el diagnóstico, con objetivos para el alta y recursos de apoyo.
Se define una internación prolongada como aquella que dura 180 días corridos o acumulados por reinternaciones en dos años, con intervención inmediata de oficio de un Órgano de Revisión. Deberán registrarse. No se incluye a quienes tengan una problemática social.
Además, se agrega un régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos. Y se garantiza la autonomía progresiva, derecho a ser escuchados, confidencialidad, abordaje familiar y comunitario. La internación en unidades de adultos queda restringida a imposibilidad acreditada y por el tiempo mínimo indispensable. Será necesaria nueva infraestructura. Y la pagará la Nación.
