Con 18 años al frente de la UTA, el cacique sindical esquiva las luces. Poder propio, interna eterna y coincidencias con las principales empresas.
Roberto Fernández, secretario general de la UTA. Dialoguismo y guerra con el moyanismo.
El recorte de los subsidios al transporte activado por Javier Milei a través de la eliminación del Fondo Compensador del Interior desató una disputa política al más alto nivel, con una batalla a tres bandas que involucra a la Casa Rosada, las empresas de transporte y a los gobernadores. En este campo de batalla, ¿dónde está Roberto Fernández, "Robi", el chofer en jefe de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La lectura en las provincias es que la motosierra oficial, pese a alcanzar a las 23 jurisdicciones, operó, además de como un ajuste prometido, como una represalia a aquellos gobernadores que rechazaron parcialmente la ley ómnibus. No es casual que los mandatarios de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, principales distritos afectados junto con Tucumán por el recorte de más de 100.000 millones de pesos, hayan sido señalados con nombre y apellido por el Presidente como los responsables del naufragio parlamentario oficial.
La negociación sobre el futuro de los recursos del transporte de pasajeros entrará en tensión nuevamente en los próximos días cuando comiencen a moverse las presentaciones judiciales hechas por gobernadores e intendentes para revertir la quita de recursos que están respaldados por ley, pero también cuando comience a sentirse el recorte en los balances de las empresas y los gobiernos locales, que podría redundar en la caída de los servicios.
Sin embargo, en este movimiento que sacudió al tablero político, permaneció casi invisible un jugador clave en el transporte de pasajeros: la Unión Tranviarios Automotor, el poderoso sindicato de choferes de colectivos que comanda Fernández desde hace casi dos décadas.
El silencio gremial llama más la atención si se considera que, de concretarse, la disolución del fondo compensador implicará un salto automático en el precio del boleto, con eventual caída de pasajeros, o la reducción de frecuencias. En ambos casos, impactará indefectiblemente en las condiciones salariales y de empleo de los choferes de colectivos.
La "prescindencia" de Fernández en la discusión tiene la misma explicación que la que llevó al sindicato a un respaldo tibio al paro general del 24 de enero: la negociación paritaria sectorial que, si bien ya estaba aprobada por el gobierno anterior, en diciembre, fue puesta en duda por las nuevas autoridades, aunque finalmente la ratificaron con una suba del 37% que en marzo pondrá el salario inicial de 737.000 pesos.
Hasta ahora, el rechazo sindical se limitó a una amenaza de paro en el interior del país a principios de mes, sin una hoja de ruta clara para el AMBA, y la difusión de un comunicado en el que, coincidiendo con las cámaras del sector, la UTA advirtió que la eliminación de subsidios expresa "un radical cambio de sistema de transporte público de pasajeros, sin la más mínima transición o planificación" que va a provocar "un colapso inevitable e irremediablemente".
"De esta manera, peligra el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros", aseguró el gremio que desde 2002, año en el que el Estado intervino el transporte público costeando parte de la tarifa, trabó buena relación con todos los oficialismos, habida cuenta de que la normalidad sectorial depende de la financiación pública.
Fernández es uno de los sindicalistas más importantes de la CGT, no tanto por los 100.000 afiliados nacionales que el gremio declara públicamente sino por el manejo de un sector estratégico para cualquier medida de fuerza.
El líder de los colectiveros llegó llegó a la cúspide de la UTA en 2006, cuando Juan Manuel Palacios, el histórico dirigente del transporte vinculado primero a Saúl Ubaldini y después a Hugo Moyano, renunció tras quedar envuelto en un escándalo por la supuesta compra de una estancia en La Pampa. Según la investigación periodística que expuso la trama, Fernández también aparecía con un rol protagónico en los negocios, algo que no le impidió convertirse en el sucesor de Palacios.
Durante los 18 años que lleva al frente de este gremio clave, el jefe de los colectiveros tuvo un comportamiento pendular con los gobiernos nacionales, pero también un enfrentamiento constante con un colega de la cúpula de la CGT: Hugo Moyano.
La política expansiva del líder camionero, que pugnó y sigue empujando por colocar tropa propia o aliada en diferentes gremios, generó infinidad de fricciones en lo más alto de la central obrera, sobre todo cuando se constituyó la agrupación "Juan Manuel Palacios", encabezada por el moyanista Miguel Bustinduy, que disputó en la calle y en las urnas, sin éxito, la conducción de la UTA.
Cerca de Fernández también apuntaron contra la empresa DOTA, una de las compañías más importantes del sector. La interna gremial llegó al punto que detonó en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que supo ser el ámbito de confluencia de sindicatos de todas las ramas del transporte. La organización sufrió una fractura clave en 2022, cuando, encabezados por la UTA de Fernández y La Fraternidad, el gremio conducido por Omar Maturano, conformaron un espacio alternativo bautizado Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).
A partir de ahí, la UTA profundizó la autonomía relativa, siempre dialoguista, y se desenganchó prácticamente de cualquier movimiento político de la CGT, al punto de que, una vez anunciado el paro general y la movilización sindical del 24 enero, anunció que el servicio de transporte de pasajeros se interrumpiría recién a las 19 de ese día. Eso sí, los centros deportivos y las colonias de vacaciones para las familias de los colectiveros adhirieron completamente al cese de actividades.