Marcelo Román fue imputado por presunta administración fraudulenta y peculado. El radicalismo se frota las manos y acomoda la sucesión en el Concejo.
La imputación contra Marcelo Román , el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro, por presunta administración fraudulenta y peculado profundizó la crisis política que atraviesa el municipio de Allen y abrió una discusión sobre una sucesión que muchos ven a la vuelta de la esquina.
La decisión de la Fiscalía de formular cargos contra el jefe comunal por el uso irregular de recursos públicos llega en un contexto de fuerte desgaste político, marcado por un proceso de revocatoria de mandato impulsado por vecinos y una posibilidad de separación del cargo que podría sucederlo dejar al frente del municipio al presidente del Concejo Delibertante, Fabian Figueroa, un crítico a los saltos partidarios del intendente.
La eventual sucesión municipal expone una de las paradojas más llamativas de la política allense. Aunque Román llegó al gobierno como dirigente radical en alianza con Juntos Somos Río Negro, pocos meses después de asumir rompió con la estructura partidaria y se alineó públicamente con La Libertad Avanza, liderado en ese momento por la diputada Lorena Villaverde. La decisión terminó provocando un profundo conflicto con la conducción de la UCR rionegrina.
Durante 2024, el radicalismo inició formalmente el proceso de expulsión de Román por su acercamiento al espacio de Javier Milei. Un camino similar siguieron las concejalas Valeria Bezic y Analía Martínez, quienes acompañaron el giro político del intendente. Sin embargo, ninguno de ellos concretó una afiliación formal al partido mileísta, por lo que los procedimientos disciplinarios continuaron por la vía orgánica.
La situación produjo una fragmentación inédita dentro del oficialismo. A Román lo acompañaron políticamente Analía Martínez, Antonio Sepúlveda y Valeria Bezic, identificados con el universo libertario, aunque sin llegar a conformar un bloque institucional sólido dentro del Concejo Deliberante.
En 2024 Bezic, Juntos Somos Río y Nos Une Río Negro, corrió a Bezic de la presidencia del consejo y llevó a Figueroa, que tras la fuga de sus compañeros de espacio constituyó su propio bloque bajo el nombre UCR Autentica, a la conducción del cuerpo. Ahora, si Román termina siendo apartado, el radicalismo podría volver oficialmente al poder municipal.
Figueroa nunca rompió lazos con el radicalismo, ni acompañó el salto libertario del jefe comunal. En Allen el radicalismo atraviesa una situación muy particular porque hoy está dividido en dos grandes sectores, el que terminó alineado con Román, y el que se mantuvo dentro de la estructura formal del radicalismo provincial alrededor de Figueroa y su UCR Auténtica.
La conducción de la UCR Río Negro, encabezada por el legislador Ariel Bernatene, apoya a Figueroa, que representa una alternativa de conducción ante un eventual cambio de escenario político. El paso representaría la recuperación de uno de los pocos distritos que la UCR consiguió en 2023. Los otros dos son Darwin y Guardia Mitre.
En Allen, la composición actual del Concejo muestra una fuerte presencia de sectores que no responden directamente al intendente. Entre ellos aparecen Guillermo Pannesi, que sin alzar mucho la voz se reconoce como opositor desde la vicepresidencia primera del cuerpo; y la peronista Marta Crespo, de Nos Une Río Negro.
María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez, de Juntos Somos Río Negro, completan el cuadro opsitor aunque en las elecciones del 2023 apoyaron la candidatura de Román.
Letra P pudo comunicarse con Figueroa y al consultarle sobre un eventual apartamiento del cargo de Román y él pudiera suplirlo dijo que "estamos en tratativas de un armado de un gran equipo para sacar la ciudad adelante. Convocando a instituciones y dirigentes para prepararse y trabajar en conjunto con el Gobierno provincial. Hay que retomar las obras paralizadas", dijo el presidente del Concejo.
Ese mapa convierte a Allen en uno de los municipios más complejos de Río Negro. La investigación judicial contra Román no sólo pone bajo la lupa el manejo de recursos públicos, sino que amenaza con alterar los equilibrios institucionales construidos tras las ultimas elecciones provinciales. El lunes si llega la notificación judicial al concejo, el jueves se podría determinar si Marcelo Román es apartado del cargo temporariamente o definitivamente.
La causa impulsada por las fiscales Graciela Echegaray y Celeste Benatti se apoya en documentación aportada por el Tribunal de Cuentas de Allen, informes contables, pericias forenses y más de 35 testimonios recolectados durante la investigación. El Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal preparatoria, que tiene plazo hasta el 30 de agosto.
Según la acusación, el teléfono adquirido mediante un servicio corporativo municipal fue apartado del patrimonio estatal y entregado a un particular sin vínculo contractual con el municipio. Para la Fiscalía, esa conducta habría generado un perjuicio económico y una utilización indebida de bienes públicos.
Sin embargo, las complicaciones para el intendente no terminan ahí. El 26 de junio de 2025 el Tribunal de Cuentas de Allen denunció al mandatario municipal, luego de conocerse los gastos millonarios que empleó el municipio en la realización de la Fiesta de la Pera, así como las cuantiosas deudas que tiene el municipio con proveedores.
Mientras la causa judicial avanza, en Allen continúa vigente el proceso impulsado por vecinos que lograron reunir más de 3.000 firmas para solicitar la revocatoria del mandato del intendente. La iniciativa, encabezada por la docente jubilada Silvina Cantero, denuncia abandono de funciones y deficiencias en la prestación de servicios públicos esenciales.
Desde el punto de vista institucional, la imputación por sí sola no alcanza para provocar la destitución del jefe comunal. La eventual pérdida del cargo requeriría mecanismos específicos previstos en la Carta Orgánica o una situación judicial de mayor gravedad. No obstante, si la investigación avanzara hacia medidas restrictivas que dificultaran el ejercicio de la función pública, Román podría verse obligado a solicitar licencia o incluso ser apartado temporalmente de sus funciones mientras continúa el proceso.
