Sin posibilidad de realizar anuncios desde el sábado, el gobierno igual sostendrá el ritmo. "No vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer", el mantra.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Maximiliano Pullaro tiene como principal eje de discusión la seguridad en Santa Fe. Él mismo así se lo impuso en la campaña, ante la crítica situación vivida en ciudades como Rosario. Y, saben en el gobierno, estas elecciones serán una buena medida para saber cómo valora la gente lo hecho hasta acá en la materia.
Como una suerte de yin y yang, la provincia hace equilibrio entre una agenda híper cargada de temas vinculados a la seguridad y la cautela pese a números a la baja en hechos graves como homicidios. En marzo, por caso, hubo (hasta el viernes 28) seis en Rosario, el territorio más caliente, contra los 10 de 2024, con la brutal saga de crímenes que generó un cimbronazo institucional y social, y los 20 de 2023.
Sin embargo, la guardia sigue alta y en el gobierno saben que continúan las preocupaciones con temas medulares para la clase media como, por ejemplo, los robos callejeros.
Por eso, y en un proceso electoral que no muestra al gobernador como candidato propiamente dicho, sino subido a un ritmo frenético de anuncios, inauguraciones y temas vinculados a la propia gestión, los días que restan serán una prueba para el oficialismo ante la imposibilidad, por la veda, de seguir con la lógica de anuncios de acá hasta el 13 de abril. Con Pullaro encabezando la lista de convencionales constituyentes de Unidos para Cambiar Santa Fe, las urnas funcionarán casi como un plebiscito a su gobierno.
En la Casa Gris, sabiendo lo sensible del tema, son tajantes: “No se hará nada que rompa la veda, pero tampoco vamos a dejar de hacer”, repiten sobre la política implementada en la materia. En esa lógica, se verán en los próximos días nuevas camionetas de la policía: sin anuncios, en la calle. Lo mismo ocurrió con una mayor presencia policial, sobre todo en paseos comerciales y espacios de gran flujo peatonal. “Son 1100 que egresaron en diciembre del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) y están en la calle. No hubo ningún anuncio y la gente los ve igual”, razonan.
En lo social, este viernes también se dio un anuncio vinculado al relanzado Plan ABRE, bastión de la gestión del fallecido Miguel Lifschitz como gobernador. Una crítica desde sectores progresistas es justamente el abordaje de la seguridad solo desde el sentido punitivista y no hacia la revinculación y la pata social.
"Dijimos que el ABRE iba a volver a cada uno de los barrios, a cada uno de los lugares que más lo necesitan, que es donde tiene que estar el Estado y más en momentos que se niega el rol del Estado en Argentina", castigó sin hacer nombres propios Pullaro en el marco de una presentación de mejoras en una escuela para adultos.
La semana pasada dos hitos que dan cuenta el nivel de importancia que se le da al tema. El primero de ellos, anticipado desde hace un tiempo, es la incorporación de armas de electroshock como las Taser para la policía. En la presentación, el gobernador dio un concepto para dejar en claro dónde está puesto el foco: “La seguridad es la única política sin límite presupuestario”, sostuvo.
Lo propio ocurrió con la cárcel para presos de alto perfil que se ubicará detrás del predio existente en Piñero. “El Infierno”, tal como eligió denominarla la gestión Pullaro, albergará a más de 1100 reclusos de este tipo y su construcción comenzó días atrás. En el acto estuvo presente el policía Luciano Nocelli, quien estuvo preso por matar a dos ladrones en 2019, fue liberado en noviembre del año pasado tras la anulación de la condena por parte de la Corte Suprema de Santa Fe y hoy es asesor del gobierno en materia de seguridad.
¿Pueden anuncios como el del Infierno generar repercusiones en las bandas narcocriminales, que lo interpreten como una suerte de provocación? En el Ministerio de Seguridad y Justicia comandado por Pablo Cococcioni hay ojos atentos. Pese a la baja de homicidios y otro tipo de delitos cristalizada en 2024 y que tienen un correlato este año, la mirada siempre es cautelosa. “Esto recién empieza, aún no hay nada solucionado. Sí hay un plan de seguridad en construcción”, resaltan.
En ese plan, lo que se anticipa es el fin de la construcción de 320 plazas en el Complejo Penitenciario de Rosario, anunciado hace un año atrás. ¿Qué implicará? Trasladar la población carcelaria que aún está en las comisarías de la ciudad, un talón de Aquiles histórico en materia penitenciaria. Hoy en toda la provincia hay aún más de 1000 presos en esta situación. Allí, ante un hecho trascendental, la misma lógica: “¿Qué hacemos, dejamos los presos en las comisarías?”, usan la retórica. El propio Cococcioni u otros funcionarios sin el traje de candidato -como la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri-, empujarán con gestión lo que ya no esté permitido en el territorio electoral.
“Con el Gobierno nacional tenemos en claro que la seguridad no es campo de campaña”, responden ante la consulta sobre el vínculo sostenido con la gestión de Javier Milei y particularmente con el ministerio que comanda Patricia Bullrich. Sabiéndose que la política mete la cola en épocas pre-electorales, no son pocos los que teorizaban sobre un retaceo de fuerzas federales y apoyo por parte de la Nación previo a la primera gran prueba en las urnas del país.
En la Casa Gris lo rechazan de plano. “Seguimos trabajando perfectamente bien”, dicen sin miramientos. No obstante, en diciembre del año pasado se habían generado chispazos tras el anuncio de Bullrich para el inicio de funcionamiento de la cárcel federal en Coronda, discutida por lo bajo en los pasillos de la provincia y al que no asistió el gobernador. Eso pareciera haber quedado atrás, más allá de los dardos de los candidatos de La Libertad Avanza a la gestión de Pullaro en otros ámbitos.