El cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada vulneró un derecho fundamental. Letra P insta al presidente Javier Milei a desescalar su ofensiva autoritaria.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Letra P le reclama al presidente Javier Milei que la reapertura de la Sala de Prensa de la Casa Rosada no sea una medida destinada a descomprimir una crisis política, sino el primer paso para desandar el camino del deterioro de la democracia que deriva de sus ataques sistemáticos al periodismo.
La decisión de clausurar ese espacio icónico de la relación de la prensa con el poder político lesionó severamente, en términos concretos y simbólicos, uno de los derechos fundamentales de los que goza la ciudadanía por mandato de la Constitución Nacional.
La medida, que incluyó el despropósito con fines de amedrentamiento de acusar de espionaje a dos colegas, Ignacio Salerno y Luciana Geuna, por filmar pasillos y escaleras del edificio de Balcarce 50, no sólo restringió el derecho a informar de los trabajadores y las trabajadoras de prensa y de los medios que representan, sino el de la población a ser informada sobre los actos de gobierno a través del periodismo profesional.
En ese sentido se pronunció la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). “La existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública”, advirtió la organización.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” y que “es indispensable para la formación de la opinión pública”, además de “conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”.
“Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”, señaló el tribunal.
Si bien la libertad de expresión se encuentra garantizada a toda la ciudadanía, ciertos grupos de personas, como los periodistas, debido al papel que desempeñan en la sociedad, son objeto de una atención y una tutela especiales, por lo que los Estados “tienen la obligación de adoptar medidas especiales de prevención y protección de los periodistas sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión”, advierte la Corte Interamericana.
En esta línea se han expresado notables personalidades que, si es cierto que irrumpió en la escena pública nacional para defender “las ideas de la libertad”, como suele declamar, el Presidente debería ponderar.
En el capítulo II de su libro Sobre la Libertad, el británico John Stuart Mill, uno de los pensadores más influyentes del liberalismo clásico, explica que la pretensión de controlar las expresiones y las opiniones es ilegítima, aun cuando el gobierno esté cumpliendo con los mandatos de la opinión mayoritaria de la población.
“Si toda la humanidad salvo una persona tuviera la misma opinión y esa única persona fuera de la opinión contraria, la humanidad no tendría más razones para silenciar a esa persona que ésta para callar al resto de la humanidad”, grafica.
Learned Hand, uno de los jueces federales más influyentes en la historia de Estados Unidos, consideró que la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, que consagra la libertad de expresión y de prensa, “presupone que es más probable que las conclusiones correctas surjan de una multitud de voces que de ninguna selección autoritaria”.
“Para muchos esto es, y siempre será, una locura; nosotros, en cambio, lo hemos apostado todo a ese ideal”, reivindicó el magistrado.
Por su parte, el constitucionalista argentino Gregorio Badeni, autor del Tratado de Libertad de Prensa, destacó que el pensamiento “configura la característica esencial que distingue y dignifica al hombre” y que “es esencialmente libre”.
“Debido a su naturaleza social, el hombre necesita comunicar su pensamiento a otros y conocer el contenido del pensamiento de las personas con las cuales convive”, indicó y advirtió: “Quien sólo se habla a sí mismo, desconociendo un imperativo de la naturaleza humana, es un desequilibrado, porque no participa plenamente en la vida de la humanidad ni cumple con su destino social”.
El cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada generó un amplio y enérgico rechazo por su carácter absolutamente extraordinario: ningún gobierno democrático había tomado una medida de semejante naturaleza.
Con todo, fue apenas la punta de un iceberg: se inscribió en una escalada de agresiones y descalificaciones al periodismo y a quienes lo ejercen que, por volumen y virulencia, tampoco registra precedentes desde la reinstauración del Estado de Derecho, en 1983.
Un informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) indica que los ataques a la libertad de expresión aumentaron 137,6% desde diciembre de 2023.
El reporte, titulado El periodismo en riesgo de silencio, destaca que en 2025 se produjeron 278 ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 (179), lo que configura un récord desde 2008, cuando la organización comenzó a llevar adelante una tarea sistemática de monitoreo.
Un dato que arroja el informe de FOPEA da cuenta de la gravedad de la situación. Milei, mandatario, en tanto cabeza del Estado en un sistema presidencialista como el argentino, de un poder abismalmente asimétrico con el de las víctimas de sus agresiones, es el mayor victimario: fue autor de 119 de los 278 ataques.
Lo ha señalado Letra P en más de una ocasión: una autoridad ungida por la voluntad popular, que ejerce la más alta representación de la ciudadanía empoderada por esa legitimidad de origen, constituye una referencia moral de inmensa influencia para la sociedad que representa. Sus dichos y sus actos, sus conductas y sus modos, resultan un faro insoslayable. Por tanto, si ejerce la violencia, legitima su uso como instrumento para gestionar las tensiones y resolver los conflictos que emanan de la vida en comunidad. Es lícito, entonces, cargar en su cuenta las consecuencias de una eventual viralización de esa violencia. De ahí la inmensa prudencia y el equilibrio emocional que exige el ejercicio de semejante responsabilidad.
La democracia no se agota en el acto formal de emitir el voto para elegir a nuestros representantes.
En este sentido, Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil de 1869 y uno de los cerebros de la Generación del 80, que el Presidente admira, sostenía, justamente, que “la libertad de imprenta puede considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su explicación de los derechos que quedan al pueblo después de que ha elegido sus representantes”.
La democracia no se define siquiera en el funcionamiento regular de sus instituciones.
Es condición necesaria, para evaluarla sana y fuerte, para juzgarla completa, que garantice a la ciudadanía el goce de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, un ordenamiento jurídico que constituye el pacto social que reúne a cada integrante de la comunidad en la decisión colectiva de vincularse bajo el imperio de la convivencia pacífica.
El artículo 14 de la Carta Magna establece que “todos los habitantes de la Nación gozan” del derecho “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.
La clausura de la Sala de Prensa de la Casa Rosada fue, lisa y llanamente, un acto de censura. Reabrirla es sólo lo que correspondía para evitar que el daño se hiciera permanente, pero representa el piso mínimo desde donde el Presidente debería volver a empezar si, como declama, lidera el Gobierno de “las ideas de la libertad”.
