El gobierno de Daniel Passerini donó cinemómetros para un estudio sobre velocidad urbana. El edil Martín Juez coronó una saga de denuncias fallidas.
Martín Juez, concejal de la ciudad de Córdoba por el Frente Cívico.
Graciela Villata, Luis Juez, Martín Juez y José Romero Vázquez.
El Frente Cívico de Córdoba, del senador Luis Juez, desempolvó la estrategia de la denuncia que le dio centralidad mediática en los albores del nuevo milenio. Pero, a veces, no sale todo según lo previsto en la lucha cuerpo a cuerpo con el cordobesismo del gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini. Esta vez, quedó en jaque el concejal capitalino, Martín Juez.
El primogénito del excandidato de Juntos por el Cambio a la gobernación publicó en sus redes sociales un posteo que rápidamente se viralizó. La imagen mostraba a supuestos inspectores de tránsito escondidos para hacer fotomultas.
La imagen era perfecta para generar la indignación colectiva, para agitar la imagen tan extendida en el electorado mileísta de un “Estado voraz” que sólo busca recaudar a toda costa.
“Si esto es verdad es un escándalo. ¿Así manda a esconderse a los inspectores para sacar multa Daniel Passerini?”, tuiteó el edil que tiene la misión de rearmar el partido que fundó su padre cuando dejó las filas del peronismo de José Manuel de la Sota, con denuncia en mano.
Para su sorpresa, la tropa del Frente Cívico rápidamente supo que los “tapados” eran investigadores del Conicet.
Fuentes oficiales de la Municipalidad que dirige el peronista Passerini explicaron que los cinemómetros fueron donados para una investigación sobre velocidad en las grandes ciudades, en el marco de un proyecto de la fundación Bloomberg Philanthropies.
Nada tenía que ver con otra acción pública que la oposición cuestionó con dureza, pese a que está comprobado que una política de control reduce la siniestralidad. Este mes, Passerini anunció controles de velocidad en calles y avenidas.
La acción forma parte de la iniciativa de educación vial Mayo Amarillo, que tiene por objetivo concientizar sobre el cumplimiento de las velocidades máximas en el ámbito urbano. En esta primera etapa se notificará a los automovilistas por Ciudadano Digital (CIDI), pero no se labrarán multas.
Esta no es la primera curva que el juecismo toma con exceso de velocidad. Esta semana, los integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia denunciaron al ministro de Seguridad de Llaryora y exmano derecha de Juez, Juan Pablo Quinteros, por el supuesto pago de sobreprecios de $15 millones en la compra de 400 vehículos para la guardia urbana.
El gobierno desactivó esta licitación antes de que esta objeción opositora tomara estado público. Cierto es que la baja ocurrió 48 horas antes, dejando la duda abierta si fue efectivamente porque se dieron cuenta que el precio de los vehículos había bajado o porque tuvieron acceso a la movida opositora.
Quinteros, apodado por Juez "oficial Gordillo", pudo capitalizar la jugada en su contra y dar una respuesta inmediata en conferencia de prensa.
La ronda no le salió gratis al juecismo porque “salpicaron” a Manuel Tagle, aliado de Juntos por el Cambio, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y dueño de una de las concesionarias que participaron de la pulseada caída.
Tagle fue un hombre clave en la reconstrucción del vínculo entre el expresidente Mauricio Macri y Juez, pero además quien le abrió las puertas del Círculo Rojo en plena campaña provincial. El propio senador lo reconoció en los influyentes almuerzos de la entidad.
“Que me acompañe Macri es un espaldarazo monstruoso. Sobre todo frente a esta gente que a vos te adora y a mí me examina”, dijo Juez, entre ruidos de cubiertos, minutos después de agradecerle a Tagle el escenario.
Los costos políticos de la movida excederán el comunicado de descargo del influyente hombre de negocios y exponen cierto grado de impericia de la oposición.