El gobernador Maximiliano Pullaro, impulsor de la AFI santafesina.
Santa Fe se encamina a ser la primera provincia del país en tener una agencia de inteligencia propia. Está todo dado para que este jueves se apruebe en la Legislatura, con el grueso de los votos de Diputados y el Senado. La iniciativa, inédita por donde se la mire, es un impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y ya despertó el interés de otras regiones e institutos reconocidos que investigan el mundo penal.
Al cierre de esta nota, volaban los borradores del proyecto de ley entre el Ejecutivo que conduce Pullaro y, especialmente, el socialismo, que preside Diputados de la mano de Clara García. Una fuente al tanto de las negociaciones reconoció que se le hicieron un “montón” de modificaciones al texto que elaboró el radical.
El nombre protocolar del escrito del gobierno santafesino habla de “Sistema de producción y gestión de información para la prevención del delito” y en su artículo 1, el objeto de la norma, se arguye que se pretenden “establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito”.
En el artículo 2 se desglosa que se entiende por producción y gestión de información a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública y ciudadana.
La autoridad de aplicación de la ley, que seguramente será sancionada, será el Ministerio de Justicia y Seguridad, que actualmente dirige Pablo Cococcioni. En el artículo 4, por ejemplo, se aclara que queda prohibida la obtención, producción, almacenamiento de datos e información de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística, como así también por cualquier actividad lícita que desarrollen en su ámbito privado.
El socialismo, por ostentar la presidencia y por tener también cierta expertise en el tratamiento legislativo, es el que interlocuta con el Ejecutivo. Pullaro, para este proyecto en particular, tiene de voceros al propio Cococcioni y al titular de Gobierno Fabián Bastía. La iniciativa opera a tres bandas para evitar sorpresas. Se negocia con la Casa Gris, pero también con el Senado para que –en criollo– la norma salga por un tubo. Ahí pulsean el senador Felipe Michlig y, en menor medida, el jefe del bloque oficialista Rodrigo Borla.
El gobernador, en apenas dos semanas y monedas de gestión, envió 14 proyectos de ley a la Legislatura. Varios fueron aprobados casi a libro cerrado, esta semana verá la luz la AFI santafesina y esperan en las gateras las reformas del Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa Penal y el Código Procesal Penal. El trío genera sensibilidad en todo el sistema político–judicial de la provincia, en especial la tercera que ya se ganó el rechazo de sectores políticos e instituciones. Pero Pullaro va.
El socialismo y el radicalismo apuestan por estas horas a sumar la mayor cantidad de adhesiones al proyecto de creación de la AFI. “Vamos por un consenso amplio”, resumió un legislador del PS. No es lo mismo lograr la sanción de un proyecto de esta magnitud solo con los votos del oficialismo, que alcanzando una buena cantidad de manos levantadas de la oposición.
Este miércoles, después del cruce de borradores, a la tarde, habrá un plenario de cuatro comisiones para finiquitar el texto. Se reunirán los integrantes de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda, Seguridad y Asuntos Constitucionales.
La AFI santafesina despertó el interés de una buena cantidad de organismos y gobiernos, que ya pidieron el texto del proyecto de ley. Santa Fe será la primera provincia del país en tener una agencia de investigaciones propia, y eso provoca sorpresa, dudas, y también atracción. “Varios amigos en Buenos Aires lo ven como una buena experiencia a copiar”, confió un legislador de Unidos a Letra P.