La jueza tomó la determinación días antes del congreso nacional que iba a ratificar la normalización. El gobernador afianza su plan de deskirchnerización.
La intervención judicial del PJ de Salta, que la jueza federal María Servini dictaminó en las últimas horas del viernes, no cayó como un rayo en cielo despejado. Desde hace semanas, distintos sectores del peronismo venían observando una secuencia de movimientos políticos y judiciales que ahora parecen cerrar en una misma dirección: la consolidación del plan deskirchnerizador de Gustavo Sáenz.
El fallo que designó como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta llegó apenas días antes del Congreso partidario del 19 de mayo, donde el PJ nacional se preparaba para ratificar el cronograma de normalización del distrito salteño. Allí se disponía elecciones internas para el 25 de octubre, extendiendo así, la intervención política por otros 180 días. Pero la resolución de Servini desarmó ese esquema antes de que pudiera consolidarse.
Una de las señales más fuerte apareció semanas atrás en Jujuy. Allí, el juez federal Esteban Eduardo Hansen desplazó a la intervención partidaria encabezada por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, para colocar al frente del PJ jujeño a Ricardo Villada, hombre de extrema confianza de Sáenz.
En aquella decisión judicial, el saencismo logró meter una cuña decisiva en la interna peronista regional. Ahora, con la intervención del PJ salteño, la jugada aparece como parte de una estrategia más amplia para minimizar el control de CFK sobre la estructura partidaria en el norte.
El dato que más alimenta esas sospechas son las reuniones políticas y judiciales que comenzaron a trascender en las últimas semanas. Distintas fuentes del peronismo confirmaron encuentros entre Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y Servini, en medio de versiones sobre una posible avanzada judicial contra el PJ nacional.
Según reconstruyeron distintos sectores partidarios, el nexo político de esas conversaciones habría sido Luis Barrionuevo, viejo enemigo interno del kirchnerismo y protagonista de la recordada intervención judicial del PJ en 2018, cuando la propia Servini lo colocó al frente del partido tras desplazar a José Luis Gioja.
También empezaron a generar ruido encuentros alrededor del juez federal Ariel Lijo. El cumpleaños de Sáenz fue motivo de encuentro nuevamente con Jalil, al que se sumó el tucumano Osvaldo Jaldo, legisladores del norte, como la senadora Carolina Moisés, y dirigentes alineados en la construcción de un peronismo cada vez más distante de La Cámpora.
En el PJ nacional interpretan que esos movimientos forman parte de una negociación política más amplia, donde el vínculo entre gobernadores y sectores de Comodoro Py se cruza con la discusión por los pliegos judiciales y el reordenamiento del peronismo federal.
La intervención sobre Salta refuerza esa lectura por varios motivos. Primero, porque Gambetta difícilmente pueda ser presentado como un actor neutral. Su recorrido político incluye pasos por el romerismo, funciones durante la gestión de Miguel Isa, participación en espacios ligados a Bettina Romero y, más recientemente, cercanía al armado político de Sáenz.
También porque el expediente judicial quedó atravesado por una controversia que en el PJ nacional consideran delicada: la supuesta falta de afiliación partidaria de Esteban Amat Lacroix, impulsor de la demanda que derivó en la intervención.
Un informe interno al que accedió Letra P, elaborado por los interventores partidarios Pablo Kosiner y María Inés Cannuni sostiene que Amat Lacroix no figura en el Registro Nacional de Afiliados ni en el padrón partidario salteño. El dato generó alarma porque pone en discusión la legitimación jurídica del expediente que terminó provocando el desplazamiento de las autoridades.
Por eso, cerca del PJ nacional sospechan que el fallo necesitaba salir antes del Congreso partidario del 19 de mayo. La hipótesis que circula es que, si el encuentro ratificaba el cronograma electoral y la continuidad de la intervención política, el escenario judicial podía complicarse para el sector alineado con Sáenz.
Kosiner, el interventor desplazado en Salta, aseguró que el fallo de Servini representa “una vergüenza”. El dirigente, muy cercano a Juan Manuel Urtubey, insistió en que es “una anomalía muy grande, propia de la falta de institucionalidad que vive la Argentina hoy”. Además, confirmó a este medio que el PJ estudiará el fallo, y seguramente apelará la resolución ante la Cámara Nacional Electoral.
El abogado saencista Raúl Medina dijo a Letra P desconocer cualquier relación entre el fallo y los presuntos encuentros del gobernador con Servini. Pero los movimientos políticos y judiciales de las últimas semanas alimentaron las sospechas dentro del peronismo sobre una coordinación cada vez más visible entre sectores del norte y despachos clave de Comodoro Py.
La disputa excede largamente a Salta, y se posiciona en el interrogante sobre quién conducirá el peronismo en la etapa posterior al liderazgo centralizado de CFK. Sobre todo, qué gobernadores lograrán construir volumen propio en esa transición.
Por ahora, Sáenz suma otra victoria. Y la secuencia de fallos, reuniones y reposicionamientos políticos empieza a mostrar una ofensiva sostenida para disputar el control político y judicial del peronismo del norte argentino.
