Diego Iglesias pica en punta en la selección del Ministerio de Justicia, que incluye a su par Cecilia Incardona y al uno de la UIF, Matías Álvarez.
El Ministerio de Justicia oficializó la terna para cubrir la jefatura de los fiscales federales de Rosario, que integran Diego Iglesias, Cecilia Incardona y Matías Álvarez. Los mismos tres nombres también fueron propuestos para el concurso que debe cubrir la vacante en La Plata.
El trámite del Ministerio Público Fiscal (MPF) quedó definido con tres nombres de peso dentro de la Justicia. Se trata de un cargo de relevancia institucional para una ciudad atravesada por investigaciones de narcocriminalidad y crimen organizado.
Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), aparece como el candidato con mayores chances. La terna se completó con Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora con una extensa trayectoria en el Ministerio Público, y Matías Álvarez, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Como candidatos de la lista complementaria quedaron el exfiscal federal Javier Arzubi Calvo y el fiscal Luis Schiappa Pietra.
La resolución fue publicada por el Ministerio de Justicia en el marco del Concurso N° 128 del MPF, correspondiente a la Fiscalía General de la Unidad Fiscal Rosario.
Diego Alejo Iglesias, nacido en Bahía Blanca en 1974, es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con especializaciones en Derecho Penal y Criminología y en lucha contra el narcotráfico. Su recorrido incluye distintos cargos en la Justicia criminal y federal, además de funciones dentro de la Procuración General de la Nación (PGN).
Iglesias estuvo al frente de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Su perfil está vinculado con la investigación del narcotráfico, un área central para la actividad de la Justicia federal en Rosario.
El titular de la Procunar también desarrolló actividades académicas en distintas universidades y publicó trabajos vinculados con el narcotráfico y el tratamiento de las adicciones. Esa experiencia específica lo ubica, de acuerdo al material del concurso, como el postulante que partía con ventaja para ocupar la jefatura.
La segunda integrante de la terna es Cecilia Patricia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora. Abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), inició su carrera judicial en 1997 y luego ocupó distintos cargos en Tierra del Fuego, donde fue secretaria de un juzgado federal, fiscal y jueza de primera instancia.
En 2018 fue elegida para conducir la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, desde donde intervino en investigaciones por drogas, trata y secuestros extorsivos. Su trayectoria dentro del Ministerio Público y su participación en causas de alta exposición pública la convirtieron en una de las figuras de mayor recorrido de la terna.
El tercer candidato es Matías Gabriel Álvarez, quien desde abril de 2026 está al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Abogado con diploma de honor de la UBA, también cuenta con experiencia como fiscal federal penal coadyuvante con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario dentro de la Procunar.
Además, Álvarez es desde 2017 co-coordinador de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, que funciona dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Su perfil combina experiencia en narcocriminalidad, investigación del crimen organizado y prevención del lavado de activos.
Los tres nombres seleccionados para Rosario también aparecen en el concurso de La Plata. Para la jefatura de fiscales federales de Rosario, la lista complementaria quedó integrada por Javier Matías Arzubi Calvo y Luis Antonio Schiappa Pietra. Arzubi Calvo fue recientemente designado juez federal en San Martín, mientras que Schiappa Pietra tiene una trayectoria ligada a investigaciones de narcocriminalidad en Santa Fe.
La selección de los nombres abrió la etapa institucional previa a la designación definitiva. El cargo tiene especial relevancia por la responsabilidad sobre la política de persecución penal federal en Rosario, una jurisdicción donde las investigaciones vinculadas con el narcotráfico y las organizaciones criminales ocupan un lugar central.
