Se suma a los despidos y al incumplimiento de la conciliación obligatoria. Myriam Bregman acusó a Florencia Arietto de estar detrás de los operativos.
Reforma laboral en puerta: operativos ilegales, uso de fuerzas de seguridad y desobediencia judicial en Lustramax.
El conflicto en la planta de Lustramax, la empresa proveedora de artículos de limpieza, descartables y papelería de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, dejó de ser una disputa estrictamente laboral para convertirse en un caso con derivaciones políticas e institucionales, la negociación en el Senado por la reforma laboral.
A los despidos de trabajadores y delegados gremiales, la ocupación de la fábrica y la negativa de la empresa a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, se sumó un capítulo de mayor gravedad institucional.
Referentes sindicales y políticos denunciaron la presencia de fuerzas de seguridad en el predio de la empresa sin orden judicial ni competencia clara, en lo que definieron como un intento de amedrentamiento y criminalización de la protesta.
Según esas denuncias, el despliegue no respondió a ninguna situación de flagrancia ni a requerimientos judiciales, sino a una estrategia para presionar a los trabajadores y preparar el terreno para un eventual desalojo, en contradicción con la conciliación obligatoria vigente.
La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, fue una de las dirigentes que denunció públicamente el accionar de las fuerzas de seguridad y señaló responsabilidades políticas detrás de los operativos. A través de sus redes sociales, acusó a la abogada y senadora provincial libertaria Florencia Arietto de estar detrás del armado y la justificación de los operativos ilegales, y de operar políticamente en favor de la patronal de Lustramax.
“Esto no es casualidad ni desorden: es un operativo armado para criminalizar a los trabajadores”, sostuvo Bregman, quien además advirtió que se trata de una metodología que busca disciplinar conflictos laborales y sentar precedentes para futuras intervenciones represivas frente a reclamos gremiales.
La diputada también cuestionó la difusión de versiones empresariales en medios y redes sociales, a las que calificó como “mentiras” y “montajes”, y rechazó que se responsabilice a los trabajadores por la crisis de la empresa mientras se incumplen resoluciones oficiales.
Las denuncias derivaron en iniciativas parlamentarias. Bregman, junto a otros diputados del Frente de Izquierda Unidad, presentó proyectos de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar los despidos en Lustramax, exigir el cumplimiento inmediato de la conciliación obligatoria y rechazar cualquier intento de desalojo o intervención de fuerzas de seguridad sin orden judicial.
Además, se impulsaron pedidos de informes para que el Ejecutivo explique quién ordenó los operativos, bajo qué marco legal y con qué objetivos, en un intento por determinar responsabilidades políticas y administrativas.
En paralelo al conflicto laboral y político, tal como publicó Letra P, Lustramax enfrenta cuestionamientos en el plano comercial. Empresas clientes denunciaron diferencias entre lo facturado y lo efectivamente entregado, con faltantes significativos, variaciones en la calidad de los productos y cambios en formulaciones o presentaciones que no se reflejaron en los precios.
A esto se suman indicadores de tensión financiera: reportes sectoriales mencionan un volumen elevado de cheques rechazados y pasivos bancarios millonarios, que profundizan la incertidumbre sobre la situación económica de la empresa.
El conflicto se originó con el despido de al menos 35 trabajadores, entre ellos delegados gremiales, luego de que la compañía iniciara el proceso preventivo de crisis. Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires ordenó la conciliación obligatoria, dispuso la reincorporación inmediata del personal cesanteado y la retrotracción de la situación laboral al 9 de enero.
La empresa rechazó la resolución y anunció que no la cumpliría. Desde entonces, los trabajadores mantienen la ocupación de la planta y denuncian que Lustramax impide el ingreso del personal, avanza con represalias y actúa en abierta desobediencia a la autoridad laboral, mientras la actividad productiva y la salida de mercadería continúan con normalidad.