El exjefe de los fiscales federales de Rosario, Oscar Fernando Arrigo, asumió la conducción de las investigaciones en Neuquén y Río Negro, territorio donde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich tiene uno de sus principales focos de atención: el hipersensible conflicto mapuche.
La designación de Arrigo no es casual. Con línea directa con el procurador Eduardo Casal, su nombramiento refleja la búsqueda de un perfil de confianza para gestionar una región compleja. Apenas asumido en su nuevo cargo, ya debió intervenir en la denuncia del gobierno nacional contra el líder mapuche Jones Huala por incitación a la violencia y apología del delito, luego de que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) reivindicara los incendios en la Patagonia.
En su haber tiene causas de alto impacto público. Fue el fiscal de juicio en la causa que investigó la Tragedia de Once, con una acusación que logró 21 condenas, incluyendo la del empresario Sergio Cirigliano, uno de los dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires, y los exfuncionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Las familias de las 52 víctimas fatales y casi 800 heridos reconocieron su desempeño en la investigación.
Un foráneo en la Patagonia
El traslado desde Rosario, donde se desempeñaba como fiscal federal de distrito, hacia la Patagonia no estuvo exento de tensiones. Su llegada generó malestar entre fiscales locales que aspiraban al cargo y lo percibieron como un foráneo. El sistema de designaciones en el nuevo sistema acusatorio de la justicia federal todavía no está reglamentado, por lo que su designación fue una resolución directa de Casal, jefe del Ministerio Público.
Ahora, como cabeza de distrito de Neuquén y Río Negro, Arrigo es el que baja las órdenes al resto de los fiscales. Fuentes cercanas a la Procuración señalan que se buscaba específicamente "alguien propio" que garantizara una comunicación “fluida y sin sorpresas” con Buenos Aires. Y es que Casal puede establecer trazos generales de la política de política criminal, pero luego son los fiscales de distrito los que ajustan esos lineamientos a los casos concretos con criterios de independencia para decidir.
La designación se produce en un momento de reestructuración del sistema judicial federal y refleja la estrategia de Casal, quien desde su posición de interino eterno -asumió en noviembre de 2018 y aún no fue titularizado en el cargo- busca mantener un delicado equilibrio con el Ministerio de Seguridad.
Cuatro días en Rosario
Hace casi un año, en el frenético mes de marzo del 2024, cuando el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona definió un plazo de cuatro días para poner en marcha el nuevo sistema procesal penal federal en Rosario, Casal fue la voz más fuerte para aplazar la fecha límite y logró ganar tiempo hasta el mes de mayo. En esos días de hervidero de reuniones y llamados telefónicos, Casal y el cortesano Horacio Rosatti estuvieron en la provincia para tratar de ordenar el sistema. Arrigo estuvo en estos encuentros y quedó con un vínculo muy aceitado con los tres secretarios fuertes de la Procuración: Juan Manuel Casanovas, Juan Olima Espel y Juan Pablo Ugarte.
En su nuevo rol, Arrigo deberá coordinar la implementación del flamante sistema acusatorio federal y también el combate al narcomenudeo en Neuquén, cuya puesta en marcha está prevista para fines de este mes. Su experiencia en Santa Fe, donde ya funcionan ambos sistemas, suma en la transición. El nuevo jefe de fiscales tendrá que demostrar que puede coordinar el trabajo de todos los investigadores federales de dos provincias donde el conflicto social requiere cintura política.