El Gobierno abrió la billetera y benefició como a ninguna a las carteras de Bullrich y Petri. Informe lapidario sobre la violencia estatal en las calles.
Javier Milei duplicó el presupuesto de los ministerios de Seguridad y de Defensa días antes de encabezar el desfile de efectivos militares y de fuerzas de seguridad de mayor despliegue en décadas. Las áreas a cargo de la violencia estatal fueron las que mayor incremento de recursos tuvieron de toda la administración pública nacional, bastante más que la dedicada a servicios sociales.
La decisión de reforzar las partidas para las Fuerzas Armadas y de seguridad puede entenderse como un adelanto de las explicaciones que tuvo que dar el Gobierno esta misma semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su política represiva frente a la protesta social y la libertad de expresión. Todavía quedan dos personas detenidas tras la cacería desatada en las inmediaciones del Congreso a propósito de la ley Bases.
“Que en estos días crezca el presupuesto de Seguridad y se achique el de otros ministerios que tienen que ver con el desarrollo y la calidad de vida de las personas reconfirma que este gobierno llegó para aumentar la escalada punitiva y enflaquecer las respuestas que tendrían que fortalecer el acceso a derechos”, consideró Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las organizaciones de derechos humanos, gremiales y sociales que llevaron ante la CIDH su preocupación por la criminalización de la protesta social y la represión desatada desde que Milei, Victoria Villarruel y compañía aterrizaron en la Casa Rosada.
Las cifras se conocieron hace algunos días, pero Milei firmó el 5 de julio el DNU que incrementó en 40 billones de pesos los gastos generales de su administración. De ese monto, los ministerios de Seguridad y Defensa recibieron cerca de dos billones cada uno, incrementos que implican la duplicación de sus respectivos presupuestos en comparación con el mes pasado, informó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Las carteras a cargo de Patricia Bullrich y Luis Petri fueron las más beneficiadas con ampliaciones presupuestarias a lo largo de los siete meses de gobierno de La Libertad Avanza, superando en 15 puntos a los recursos recibidos por Capital Humano, que contiene las áreas de Desarrollo Social y Educación, entre otras. Esta semana también se supo que Bullrich gastó 12 millones de dólares en armas y patrulleros que compró sin licitación.
“Carcel y bala” tituló el CELS el informe que realizó sobre el desempeño represivo del Ejecutivo de corte ultraderechista desde que asumió su control, en diciembre de 2023, en el que concluye que, desde entonces, "protestar en Argentina es un delito”. Además, advierte a cada persona que decida ir a una protesta en el territorio que debe contar con “la posibilidad cierta de exponerse a gases lacrimógenos, balas de goma, detenciones arbitrarias y acusaciones de terrorismo”.
En diálogo con Letra P, Darraidou lo resume así: “El gobierno de Milei llegó a la gestión con una idea clara y con un enemigo claro: oponerse a todas las personas que usen el espacio público para reclamar y presentar sus demandas, sea de manera organizada o no organizada”.
El informe plantea que desde la puesta en marcha del “Protocolo para el mantenimiento para el orden público ante el corte de vías de circulación”, que Bullrich resolvió al día siguiente de asumir nuevamente al frente del Ministerio de Seguridad, todo fue violencia desatada de parte del Estado. Esta nueva reglamentación inauguró la consideración de cualquier corte de rutas o calles como “delito en flagrancia” y habilitó a las fuerzas de seguridad a “reprimir, desalojar y detener sin orden judicial”. “Este protocolo funciona como una justificación” para que “en cualquier situación las policías actúen de manera violenta y arbitraria”, puntualizan en el CELS.
¿El resultado? Policías en “actitud de hostigamiento constante” frente a protestas y manifestaciones, efectivos sin identificación, ciudadanía sin herramientas de control y expuesta al uso indiscriminado de armas “menos letales” como balas de goma o gases lacrimógenos o químicos especialmente tóxicos, y a detenciones arbitrarias.
En el marco de las manifestaciones contra el tratamiento de la Ley ómnibus, a fines de enero, todo aquello se vio en acción. El último episodio represivo de la protesta social se dio el pasado 9 de julio, en Tucumán, en el marco de la firma del tardío Pacto de Mayo, pero un mes antes en la Ciudad de Buenos Aires, la represión en las afueras del Congreso mientras el Senado discutió –y aprobó– la ley Bases, evidenció “una escalada”, sostiene el CELS.
Las fuerzas policiales cazaron esa tarde noche a 33 personas al voleo, que fueron acusadas vía redes sociales por la propia ministra de “terroristas”, judicialmente por el fiscal Carlos Stornelli de delitos de gravedad, hostigadas por las fuerzas, trasladadas a cárceles federales y finalmente, en su mayoría, liberadas por falta de mérito a los pocos días. El modus operandi descrito en el informe del organismo es el siguiente: “La Policía golpea y dispersa la movilización y en la persecución posterior detiene personas al azar. Luego inventa acusaciones, convalidadas por el Ministerio Público Fiscal”. El objetivo de toda la rosca es el mismo: “Provocar miedo y desmovilizar”.
Desde entonces y hasta hoy, hubo 80 personas detenidas “al azar” en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Aún quedan dos personas detenidas en cárceles federales desde aquel 12 de junio. En tanto, 665 personas han recibido heridas de distinta gravedad sólo en territorio porteño de los cuales 47 son trabajadores de prensa. Los números pertenecen a las organizaciones que se ocuparon de asistir y monitorear la situación, porque cifras oficiales no existen. De hecho, el Ministerio de Seguridad se negó a responder pedidos de información pública sobre los operativos desplegados. La negativa “no tiene antecedentes”, subrayó el CELS.
“Afectar el derecho a la reunión, a la libertad de expresión, el derecho a la protesta social, es erosionar una fibra básica y supersensible de la vida en democracia”, postuló luego ante Letra P Darraidou, ya que “obstruir, deslegitimar, reprimir, criminalizar, desalentar el derecho a la protesta es erosionar una forma básica de la vida democrática”.
Los lineamientos principales de este trabajo fueron expuestos ante la CIDH este jueves por la tarde, durante la audiencia que solicitó el CELS junto a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), el Centro de Profesionales por los Derecho Humanos (Ceprodh), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la agrupación H.I.J.O.S.
Durante la reunión, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, criticó el protocolo de Bullrich, entre otros puntos, porque permite demandar los costos de operativos represivos a quienes se manifiestan. “Es un fuerte desincentivo de quienes quieren ejercer su derecho a la protesta”, señaló. Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, pidió a la CIDH que visite al país.
El Gobierno no recogió el guante e insistió en su postura desplegada en junio pasado al apuntar que las manifestaciones que reprimió implicaban un peligro de “alzamiento contra autoridades democráticas”. Intervinieron el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el director nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig.