Alerta por los incidentes en los festejos del martes pasado. Preocupa al PJ que la conflictividad erosione la promesa de paz social, pilar de la pelea 2027.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ordenó reforzar los operativos de seguridad para el partido de la selección Argentina de este sábado, tras los disturbios registrados durante los festejos de los dos últimos triunfos de la Scaloneta en el Mundial. La decisión no responde únicamente a un criterio operativo: tiene un componente político que mira el '27.
En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial, interpretan los episodios como una señal de un deterioro del clima social que podría poner bajo presión uno de los principales activos políticos de la gestión: la capacidad de sostener la paz social en un contexto económico cada vez más complejo.
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, anunció este viernes que el despliegue comenzará cuatro horas antes del partido frente a Suiza y contará con alrededor de 200 efectivos, además de personal de distintas unidades operativas y cuerpos especiales de la Policía de Córdoba.
Según pudo reconstruir Letra P con altas fuentes del gobierno provincial, la instrucción política no admite mano blanda. "Quienes provoquen hechos de violencia serán detenidos", soltaron en la mesa chica de Llaryora.
No quieren que se repitan los sucesos del pasado martes, que dejó 42 personas detenidas en toda la provincia, un policía herido y negocios saqueados. Quinteros también se juega su capital político en estas intervenciones. Del éxito o fracaso que emanan de los desafíos en el manejo de la cartera dependerán sus chances de liderar la sucesión de Daniel Passerini en la intendencia de la ciudad de Córdoba tras el caso Agostina.
En la Casa de Gobierno provincial observan que los disturbios registrados en Córdoba y en otras ciudades del país exceden el fenómeno futbolístico. El diagnóstico del cordobesismo vincula estos episodios con el deterioro de las condiciones sociales, la crisis económica y el crecimiento del consumo problemático de alcohol y drogas, factores que, entienden, alimentan escenarios de mayor conflictividad.
Aunque evitan responsabilizar directamente al modelo de Javier Milei, en el cordobesismo admiten que el contexto empieza a enviar señales de alerta. Llaryora construyó parte de su perfil político como garante de la paz social frente al repliegue del Estado nacional en áreas sensibles y el recorte de recursos. Por eso, cualquier síntoma de desborde adquiere una dimensión política.
Esa preocupación quedó explicitada este miércoles durante la presentación del proyecto de ley antibúnker. También en los festejos que el gobernador encabezó en el sur cordobés por el Día de la Independencia.
"Un triunfo, un momento de unión, un momento de alegría no puede convertirse en lo que se convirtió en este festejo y también en el anterior", afirmó el gobernador. Además, pidió recuperar el sentido de las celebraciones populares y pidió a la Casa Rosada que atienda los coletazos de la crisis que se sienten en el empleo y la producción.
"Todos los que participaron de ese hecho se merecen una reflexión. Tienen que ser lugares de unión de todos los argentinos, todos los cordobeses", sostuvo.
Llaryora también respaldó el accionar policial y advirtió que, sin la intervención de las fuerzas de seguridad, las consecuencias hubieran sido mayores. "No es justo que un festejo termine empañado por algunos delincuentes", señaló.
En los despachos más influyentes del gobierno cordobés consideran que el desafío ya no pasa únicamente por organizar cada operativo. También buscan preservar los indicadores de seguridad en un escenario que perciben como crecientemente adverso.
En ese sentido, destacan como un dato político la reducción de los homicidios registrada durante los últimos meses, pese a un contexto social más tenso. Para el oficialismo, sostener esa tendencia resulta central, porque la seguridad constituye una de las principales apuestas de la gestión.
Llaryora llegó al poder con la inseguridad instalada entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía y con un diagnóstico crítico sobre las administraciones anteriores, a las que reprocha no haber ejercido conducción política sobre las fuerzas de seguridad.
Por eso creó un Ministerio de Seguridad con fuerte protagonismo político, involucró a los intendentes, impulsó la expansión de las Guardias Locales y colocó el tema en el centro de su agenda.
La apuesta ahora enfrenta el desafío de demostrar que el Estado provincial es capaz de contener una conflictividad social en ascenso. En esa cancha, más que en ninguna otra, el cordobesismo sabe que empezará a jugar buena parte de la discusión por la reelección de 2027.
