El gobernador quiere ordenar una relación que arrancó renga y poner a Córdoba a la cabeza de la pelea por el Fonid. El inicio de clases, cada vez más difícil.
Martín Llaryora busca garantizar la primera apertura del ciclo lectivo de su gestión como gobernador.
Roberto Cristali, titular del gremio docente, en una de las últimas movilizaciones de la UEPC en Córdoba.
El plan motosierra de Milei preocupa a intendentes y gobernadores.
Sin oferta formal, el gremio docente de Córdoba se reúne este martes, en medio de una tensión en escalada. Con la gestión en foco, Martín Llaryora augura un acercamiento para avanzar en un antídoto colectivo contra el ajuste de Javier Milei.
La decisión de terminar con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador que sumaban fondos nacionales a los salarios provinciales corrió el eje del debate que, hasta comienzos de mes, concentraba su atención en las responsabilidades de la administración cordobesa.
Por razones de orden interno, la relación entre Llaryora y el cuerpo docente arrancó renga, pero las partes esperan que pueda encausarse. El gobernador sabe que no hay margen para tensar la cuerda. Los maestros y maestras comprenden que la gravedad de la crisis tiene su impacto en las finanzas públicas, que ya no exponen la musculatura suficiente para garantizar lo que en algún momento pudo ofrecer.
Con todo, lo más probable es que las clases -que deberían comenzar el lunes 26 de febrero- retrasen su debut y genere un primer cimbronazo para la gestión provincial en una de las pocas provincias en las que el Presidente ganó las PASO, las generales y el ballotage.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) analiza los pasos a seguir en un conflicto que tiene dos vías de ingreso y una salida compleja de divisar.
A la relación tirante con el Gobierno provincial por la falta de respuesta a las demandas inmediatas se suma el conflicto por la decisión nacional de cortar con los fondos para compensar el salario y que, hasta su última actualización, representaba el 7% de los sueldos que cobra el colectivo decente de Córdoba. En proyección, ese número crecería.
Los planteos a la gestión Llaryora continúan la escalada con que comenzó la relación con la gestión del sanfrancisqueño. Tienen como base la necesidad de acordar de modo definitivo la forma en que la administración terminará de cubrir los saldos pendientes del último acuerdo paritario firmado por la gestión de Juan Schiaretti. También, busca eliminar los topes salariales por la acumulación de cargos y proyectar la pauta para el 2024.
En ese horizonte, ante el descalabro generalizado de precios que imposibilita a la Provincia replicar las viejas fórmulas que ataban las actualizaciones a la inflación, el gremio docente reconoce el contexto. Igual, advierte que “no se puede acordar cosas por más de tres meses”.
La representación docente no pedirá que Llaryora se haga cargo de los fondos que le corresponden a la Nación, pero tampoco dejarán de exigir que el gobernador cumpla con las urgencias que, entienden, deben ser atendidas de inmediato para garantizar el comienzo de clases.
El jueves analizarán junto a la Ctera los caminos a seguir, aunque coinciden con la estrategia planteada desde el Panal que prevé canalizar el reclamo al Gobierno nacional por la vía parlamentaria. El camino administrativo y una eventual presentación judicial es otra de las chances que un grupo de gobernadores analizan activar de manera conjunta, mientras los gremios también esperan el llamado para la paritaria nacional.
“Todos estamos achicando el gasto pero no se puede recortar en la educación”, dijo el gobernador este lunes que aseguró que “acompañará el reclamo de los docentes” en una toma de posición que se repite a pesar de que se esmera por evitar el enfrentamiento.
Así, se planta en su defensa de los fondos que el libertarismo recorta. “No entienden lo que pasa en la Argentina profunda, tienen una visión desde la capital y han tirado a todo el interior de la Argentina al fondo del mar”, aseguró el lunes.
En todo ese contexto, uno de los temores más temidos por el peronismo mediterráneo podría empezar a corporizarse el próximo 26 de febrero, con un paro que impida el comienzo de clases en Córdoba. Claro que Llaryora podrá argumentar causas nacionales y no estará demasiado alejando de la realidad si, sobre todo, ese cese de actividades podría replicarse en todo el país a través del impulso de los gremios nacionales.
Sin embargo, tiene la posibilidad de lograr la paz con el gremio estatal más importante de su provincia y avanzar con el reclamo nacional poniéndose a la par de los maestros, un panorama impensado semanas atrás.
Mientras tanto, avanza en los antídotos que la Provincia puede ofrecer ante la suba desbocada de precios que tiene en el transporte una de sus manifestaciones más claras. Desde que confirmó que la gestión seguiría garantizando los boletos sociales, más 88.172 estudiantes se inscribieron para acceder al Boleto Educativo Gratuito, un 19% que el mismo período del 2023.
Entre los docentes, la demanda creció aún más. Hasta el martes se habían inscripto 16.708 maestros, maestras y profesores, lo que implica una suba en la demanda que ya supera el 20,5%.