El gobernador respalda el trabajo de Quinteros y Garzón. Sumó gestos hacia la familia de la niña asesinada. Contraofensiva y dardo a Bornoroni.
La conmoción por el asesinato de Agostina Vega abrió una disputa política casi tan rápida como la investigación judicial. Desde que se conoció el desenlace, llovieron pedidos de renuncia para el ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Juan Pablo Quinteros; reclamos de jury contra el fiscal Raúl Garzón; y cuestionamientos por los vínculos del imputado con un concejal del peronismo.
Frente a ese escenario, el gobernador de Córdoba eligió un camino conocido para cualquier observador de la política provincial. Cerró filas y no le soltará la mano a nadie.
Ante la insistencia opositora, Llaryora habilitó a sus alfiles para comunicar su respaldo a Quinteros. El ministro, a su vez, dejó claro en una gira mediática de esta mañana que esa ratificación también alcanzaba al trabajo de la fiscalía.
En el Panal, como se conoce a la sede del gobierno provincial, interpretan que la investigación logró esclarecer en pocos días un expediente complejo. Por eso consideran que los pedidos de apartamiento responden más a una disputa política que a deficiencias concretas en la actuación de los responsables.
El gobernador reaparecerá en público este martes. Presentará aeronaves para el combate de los incendios forestales en el marco del Día del Bombero. Como contó Letra P, en el oficialismo creen que este episodio no tendrá consecuencias de magnitud en el plano político, tal como ocurrió con la caída del exfuncionario cordobesista Óscar González, con el caso de violencia institucional que terminó con el asesinato de Blas Correas, o la muerte de bebés sanos en el Neonatal.
La reacción remite a una tradición consolidada del cordobesismo. José Manuel de la Sota primero y Juan Schiaretti después construyeron una regla de hierro para atravesar crisis institucionales. Mientras la situación no resultara insostenible, evitaban desprenderse de funcionarios bajo presión política.
Mucho menos en episodios de alto impacto público, donde una renuncia suele interpretarse como una admisión de responsabilidad o un reconocimiento de errores antes de que concluyan las investigaciones.
En la mesa chica de Llaryora entienden que la ofensiva opositora busca instalar responsabilidades institucionales sobre un expediente que consideran prácticamente resuelto. También rechazan que exista relación entre el crimen y el paso de uno de los acusados por la Municipalidad de Córdoba, uno de los puntos sobre los que más insistieron el radicalismo y el Frente Cívico de Luis Juez.
Este domingo, el exdiputado Rodrigo de Loredo anticipó que instruyó a su bloque en el Concejo Deliberante de la capital para impulsar la expulsión del concejal Ricardo Moreno, abogado penalista con origen en el menemismo, un extenso recorrido por el kirchnerismo y un lugar consolidado dentro del cordobesismo, no sólo por su banca sino también por su liderazgo en las 62 Organizaciones Peronistas.
El mensaje de protección institucional también alcanzó a ese debate. “El crimen no tiene relación con lo que Claudio Barrelier hacía como becario”, afirmaron fuentes del Ejecutivo provincial. El abogado penalista se lavó las manos, pese a que puso a su yerno a defender al único acusado por la muerte de Agostina.
Más allá de este blindaje característico del cordobesismo, Llaryora introdujo una variante que marca una diferencia respecto del libreto tradicional del peronismo provincial.
Mientras la investigación avanza ahora hacia el esclarecimiento del móvil del crimen y crecen las discusiones políticas, el gobernador decidió involucrarse personalmente en el acompañamiento a los familiares de Agostina. El abuelo de la adolescente asesinada había cuestionado con dureza a Quinteros por la falta de contención y también al fiscal Garzón porque se enteró por los medios de información relevante del expediente.
Llaryora recibió en el Panal a los abuelos de Agostina. No hubo fotografías del encuentro, aunque el oficialismo dejó trascender que los familiares reconocieron el trabajo de la Policía y del fiscal Garzón, que continuará al frente de la causa.
En el oficialismo siguieron con atención la repercusión de la conferencia de prensa que encabezó Garzón tras el hallazgo del cuerpo de la niña. Aunque valoran los resultados obtenidos por la investigación, admiten que la exposición pública del fiscal generó ruido.
El tono técnico, las explicaciones procesales y cierta frialdad narrativa chocaron con una sociedad atravesada por el impacto emocional que provocó el asesinato.
Allí el gobierno cordobés encontró un espacio para diferenciarse, incluso de algunas respuestas históricas del cordobesismo. Basta recordar que Schiaretti demoró 19 meses en recibir en su despacho a Soledad Laciar, madre de Blas Correas. Tampoco recibió a los familiares de las víctimas de la tragedia vial protagonizada por González en un vehículo que había sido robado y permanecía bajo disposición judicial.
La estrategia del llaryorismo consistió en sostener la defensa institucional de la investigación mientras construye una narrativa más humana alrededor de la tragedia.
La diferencia no responde únicamente a una cuestión de estilo, sino también a una lectura de clima que viene haciendo Llaryora en estos últimos meses, que giró a una estrategia de proximidad con la gente.
Durante buena parte de las gestiones de De la Sota y Schiaretti, la autoridad institucional alcanzaba para clausurar discusiones. Los vínculos entre dirigentes, operadores, sindicalistas, abogados, policías y funcionarios podían generar cuestionamientos, pero rara vez se convertían en el eje principal de una crisis política.
El discurso contra la “casta” con el que irrumpió Javier Milei instaló una sensibilidad mucho más aguda frente a cualquier conexión entre la política, la Justicia y los márgenes del poder. A su vez, deja picando la pregunta sobre si esa lógica de cambio no empezó a llegar a una provincia que eligió por más de un cuarto de siglo al cordobesismo.
Por eso, en lugar de refugiarse exclusivamente en el silencio institucional, el oficialismo mostró cercanía con la familia de Agostina y salió a cuestionar lo que considera una utilización política de la muerte de una adolescente. En conferencia de prensa, legisladores de la oposición hablaron de "descalabro político y judicial" en Córdoba.
La palabra que más circula en los despachos provinciales es “carancheo”. También en las intervenciones públicas de Quinteros. El término también contiene un mensaje dirigido al jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, que aspira a competir por la gobernación.
El empresario se pronunció en redes sociales y apuntó contra Quinteros, Garzón y los presuntos vínculos entre el acusado y sectores del poder político.
“Nosotros no politizamos el caso de Manuel Adorni, ellos no tienen escrúpulos”, disparó una alta fuente del Ejecutivo provincial.
El tema no se agota en el plan de contingencia oficialista y en la presión que elevará la oposición en los circuitos legislativos. La marcha del 3 de junio, convocada por el colectivo Ni una Menos, promete ser masiva. La atención oficialista estará centrada en una semana que promete ser crítica.
