El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, valoró el cambio de postura de la Casa Rosada respecto de la causa Malvinas, tras los anuncios de este jueves por la noche formulados en cadena nacional por el presidente Javier Milei. En una sintonía diferente, Martín Pérez, puso el ojo en el impacto de las políticas libertarias en la provincia y cuestionó el mensaje presidencial.
El intendente de Río Grande sostuvo que el nuevo posicionamiento presidencial sobre la soberanía respondió a una necesidad electoral. En un mensaje publicado tras el discurso, Pérez afirmó que, a un año de las elecciones, el Presidente intentaba “tapar su entreguismo hasta que termine el ciclo electoral de 2027”.
Por su parte, el gobernador valoró el cambio de la postura presidencial sobre la causa Malvinas y reclamó que los anuncios oficiales se traduzcan en medidas concretas.
La cuestión de la soberanía no sólo es uno de los temas más importantes en la agenda política de la provincia más austral de la Argentina sino que volvió a ocupar un lugar central de las discusiones la semana pasada cuando el amarre del petrolero británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, puso al gobierno de Milei de nuevo en el centro de las críticas.
El jefe comunal de Río Grande cuestionó además la relación que Milei había mantenido con el Reino Unido y recordó su admiración por Margaret Thatcher. También señaló el impacto de las políticas nacionales sobre las Fuerzas Armadas y mencionó la situación de los terrenos estratégicos bajo jurisdicción militar.
En ese marco, el intendente puso el foco en el proyecto petrolero Sea Lion. Según su planteo, durante la gestión libertaria la iniciativa alcanzó la decisión final de inversión, cerró su financiamiento y avanzó hacia la etapa de desarrollo. También recordó las sanciones aplicadas a Navitas y Rockhopper por su participación en el emprendimiento.
Pérez vinculó esa situación con el deterioro de la actividad industrial fueguina. Según los datos difundidos por el intendente, Tierra del Fuego pasó de 11.282 trabajadores industriales en 2023 a 6.680 en 2026, con una pérdida de 4.602 puestos y una caída del 40,8%. "En Río Grande, cada puesto de trabajo que se pierde afecta familias, proyectos de vida y arraigo. Tierra del Fuego necesita industria, trabajo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente. El arraigo también forma parte de la soberanía", aseguró.
El gobernador Melella adoptó una postura diferente y destacó el cambio de posición de la Casa Rosada respecto de la causa. En la misma línea del discurso de Milei, el mandatario sostuvo que existían asuntos capaces de superar las diferencias partidarias y ubicó a Malvinas dentro de ese grupo de temas. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, expresó Melella, quien planteó la necesidad de construir un frente político e institucional que permitiera pasar de las declaraciones a acciones concretas en defensa de la soberanía.
En medio de una crisis provincial que vuelve a la gestión fueguina cada vez más dependiente de la ayuda nacional, el gobernador también valoró la decisión oficial de avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia. Para Melella, el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de la proyección antártica había reafirmado el carácter estratégico de Tierra del Fuego y su condición de provincia vinculada con un país bicontinental.
Sin embargo, el mandatario provincial reclamó definiciones concretas para esa obra. Consideró indispensable establecer presupuesto y plazos, además de una articulación efectiva entre la Nación y la provincia. También pidió una política diplomática y jurídica internacional más profunda sobre las islas. El planteo de Melella incluyó además un pedido de mayor participación provincial en las decisiones relacionadas con Malvinas y el Atlántico Sur. El gobernador sostuvo que no podía existir una política nacional sobre la cuestión sin la intervención de Tierra del Fuego.
El gobernador también reclamó la reactivación del Consejo Nacional de Malvinas y el fortalecimiento de las herramientas destinadas a impedir la explotación ilegítima de recursos naturales. Su postura combinó el respaldo al nuevo enfoque presidencial con exigencias sobre presupuesto, plazos y participación institucional.
La diferencia con Pérez también quedó expuesta en la evaluación de la situación productiva. El intendente señaló el impacto del arancel cero para celulares importados y de la reducción a cero de los aportes obligatorios al FAMP, medidas libertarias que, según su diagnóstico, afectaron la producción y las herramientas destinadas a diversificar la matriz económica fueguina.
En esa postura atambién se posicionó el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, que aseguró que "no se puede hablar de soberanía mientras se toman decisiones que golpean nuestra industria, el empleo y las posibilidades de desarrollo de nuestra provincia. "Pedimos coherencia", sumó el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que exigió que "las medidas de hoy no se contradigan mañana y que el sur no sea solo escenografía".
Así, el discurso presidencial sobre Malvinas volvió a funcionar como un punto de diferenciación política en Tierra del Fuego, una de las provincias que deberá elegir un nuevo gobernador en 2027.
