Reclama crear una fuerza de élite y una fiscalía especializada para aprobar la ley antimafia de la ministra. Tensión entre los dialoguistas y la Casa Rosada.
Miguel Ángel Pichetto durante el debate de la ley ómnibus.
El Pacto de Mayo dejó una foto de Javier Milei con la mayoría de los gobernadores, pero exhibió grietas entre los aliados del Congreso. La principal fue el rechazo a la invitación a participar de la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, la bancada coordinada por Miguel Ángel Pichetto.
Como prueba de que no está dispuesto a ayudar al Gobierno a libro cerrado, antes de dejar su silla vacía en Tucumán, Pichetto frenó el dictamen de la ley antimafia, una de las iniciativas enviada por Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad -que no tiene buena relación con el rionegrino- es la única figura del Gabinete que gestionó proyectos en el Congreso y tan mal no le fue: en la sesión convocada para el 7 de agosto se aprobarán los cambios al Registro Nacional de Datos Genéticos y la entrega voluntaria de armas.
La ley antimafia es otra de sus iniciativas. Consiste en castigar con penas a quienes formen parte de organizaciones delictivas por el sólo hecho de integrarlas, al margen del delito que hayan cometido. Se prevén condenas de entre 8 y 20 años de prisión.
En marzo, Pichetto presentó un proyecto para combatir el crimen organizado en el que -además de los cambios de tipos penales -propone crear una fuerza federal de élite y una fiscalía especial. Tuvo la firma de sus pares Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Oscar Carreño y Nicolás Massot.
El proyecto de Pichetto sobre el crimen organizado no tiene giro a la comisión de Legislación Penal, donde se debate la ley antimafia. Para no trabar el debate, su contenido se pondrá a consideración.
La presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado (PRO), de diálogo frecuente con Bullrich, no descarta abrir el juego a modificaciones para lograr un dictamen. Hay otras iniciativas similares de Juan López (Coalición Cívica), Manuel Aguirre (UCR); Roberto Mirabella y Ramiro Gutiérrez (UP).
Rodríguez Machazo alcanzó un consenso con la oposición dialoguista para dictaminar los proyectos que se tratarán el 7 de agosto y aún negocia el resto de los temas. El paquete bullricista incluye un aumento de penas por reincidencia y el aumento de causales por legítima defensa.
El otro proyecto es la ley antimafia, que es un reclamo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para combatir a las organizaciones de narcotráfico, uno de los delitos incluidos en la norma. Los otros son el lavado, tráfico se estupefacientes, pornografía infantil y secuestros. En su visita al plenario de comisiones, Pullaro dijo que prefería penas mayores a las contempladas en el proyecto.
Pichetto y sus pares creen que ese no es el camino. “Para nosotros el delito organizado se resuelve con una fuerza especializada e inteligencia. No con una ley declamativa”, señalaron a Letra P desde HCF.
El debate continuará las próximas semanas, después del receso invernal. Rodríguez Machado tiene fe de llegar a un consenso: hasta ahora es la única presidenta de comisión que dictaminó proyectos del Gobierno, por fuera de la ley ómnibus y la reforma fiscal.
El bloque HCF fue uno de los primeros en anunciar que no asistiría a Tucumán. A través de un comunicado, sus miembros señalaron que compartían los objetivos del pacto, pero esperaban una “relación institucional razonable y de respeto con el Congreso". Fue una queja implícita a los ataques de Milei a uno de sus miembros, Ricardo López Murphy.
La bancada de Pichetto tiene 16 miembros, sin los cuales el Gobierno no puede reunir una mayoría. El bloque se reparte en varias tribus que se mueven con autonomía, como los socialistas santafesinos santafesinos (dos integrantes), los referentes de los Gobiernos de Córdoba (cinco), Chubut y Entre Ríos.
Hay figuras sin jefe y disímiles como López Murphy, Randazzo, Margarita Stolbizer y los ex-PRO: Carreño (que aún preside el partido en Córdoba), Massot y Emilio Monzó.
Pichetto tiene a cargo la coordinación de esta bancada y sin su intermediación, en la Casa Rosada no tienen la brújula de cómo votará la bancada. Para la ley antimafia, ya saben que no están los votos. Al menos que haya cambios.