La UCR y aliados sostienen que los tratados vigentes y la jurisprudencia de la Corte no permiten una ley como la que pidió Javier Milei.
Victoria Villarruel y Javier Milei.
La propuesta de Javier Milei de encuadrar a los delitos cometidos por agrupaciones políticas de los setenta como crímenes de lesa humanidad -que por lo tanto no deberían proscribir- no cuenta por ahora con el beneplácito de la oposición en el Congreso, donde tampoco está claro cuándo llegará la prometida iniciativa de ley.
Referentes de las bancadas no oficialistas consultados por Letra P evitaron hacer comentarios públicos ante la inexistencia del proyecto, pero coincidieron en que difícilmente pueda prosperar, si respeta el contenido del comunicado oficial difundido desde la Casa Rosada al mismo tiempo en el que se llevaba a cabo una marcha multitudinaria en plaza de mayo este lunes, para rememorar a las víctimas de la dictadura.
Consultados por Letra P, juristas de la UCR, Encuentro Federal y Unión por la Patria sostienen que el anuncio del Presidente no pasa el filtro legislativo por una razón: la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema consideran que lesa humanidad sólo es posible ante crímenes en los que interviene el Estado.
Milei anunció que cuestionará esa interpretación en la propia CIDH para que se considere como un delito de lesa humanidad el atentando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola, el 1 de marzo de 1974, quien murió junto a su hija de tres años, María Cristina, mientras que sobrevivieron su esposa María Cristina Picón y su hija mayor, María Fernanda, de cinco años.
Las diferentes tribus de la oposición no entienden cómo hará el Gobierno para declarar imprescriptibles crímenes por violencia política. "Los delitos de los grupos armados no fueron considerados de lesa humanidad porque no fueron cometidos por un Estado a la sociedad. Además, en el momento que se cometieron no estaba ratificado en la Constitución la Convención", explicó a Letra P una diputada radical que sigue estos temas y prefiere mantener el anonimato.
Un diputado de EF, con oficio de constitucionalista, consideró que la jurisprudencia de la Corte es clara respecto a que el Estado debe ser parte de un delito para que este sea imprescriptible. "No van a poder ignorar esos fallos en un proyecto de ley, porque de sancionarse te lo invalida un juzgado de primera instancia. Además, los tratados a los que adhirió Argentina son claros respecto a la necesaria acción de los Gobiernos en estos delitos", señaló.
En el oficialismo aún no tienen el detalle de cuándo se enviará el proyecto Milei. "Está trabajándose bajo siete llaves", respondió a la consulta un funcionario del Gobierno que tendrá el rol de aplicar la ley ante una eventual sanción. Según dejó trascender el Ejecutivo, la argumentación que llevarán a la CIDH es que el crimen de Viola se produjo durante una guerra y, por lo tanto, podría aplicarse la convención de Ginebra, que impide torturar y asesinar a civiles inocentes y/oa prisioneros "en caso de cualquier conflicto armado, nacional o internacional”.
Los juristas de Unión por la Patria en Diputados no salían de su asombro por el anuncio, sobre todo porque el caso Viola fue juzgado y hubo condenas. La declaración de lesa humanidad, en tal caso, implicaría reabrir el caso y volver a enviar a la cárcel a los culpables.
En realidad, en el PJ y en la izquierda -que sigue estos temas en detalle- entienden que una ley como la que pide Milei permitiría reabrir casos que involucran a ERP y Montoneros, una obsesión de Victoria Villarruel, quien dio pelea las últimas décadas para reactivar estas casusas.
De hecho, una de las objeciones de la vice contra el candidato a la Corte, Ariel Lijo, es que como juez consideró que el crimen del sindicalista José Ignacio Rucci no puede considerarse de lesa humanidad, justamente por la jurisprudencia del máximo tribunal.
"Se llegó a la conclusión de que el homicidio fue llevado a cabo por miembros de la organización Montoneros, por lo que no cumple las propiedades de los delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede quedar sujeto a la cláusula de imprescriptibilidad", dice un párrafo de aquel fallo, firmado nada menos que por uno de los candidatos a la Corte del Gobierno.
Otro elemento que cita la oposición a tener en cuenta es que la CIDH ni siquiera existía cuando se produjeron estos delitos y por lo tanto no puede tenerse en cuenta. El debate aún no tiene fecha en el Congreso. No será sencillo.