La Casa Rosada no repara la pista a pesar del convenio firmado. Santa Fe decidió pagarla con fondos propios: licita en septiembre. Horizonte de judicialización.
Javier Milei le esquiva a pagar el arreglo de la pista del Aeropuerto de Rosario.
Aunque aún negocian el traspaso de obras que ya cerraron con otros gobernadores, hay un proyecto urgente en Santa Fe que Javier Milei frenó y que Maximiliano Pullaro decidió que pagará con recursos propios, a pesar de un convenio firmado que la Nación se resiste a cumplir: la renovación de la pista del Aeropuerto de Rosario.
La pista de la estación aérea necesita una repavimentación. Si bien estructuralmente está sólida -se hizo una obra de mejora y ampliación hace una década-, su superficie se comenzó a deteriorar hace unos meses y eso requiere un mayor cuidado a la hora de operar. La demora de meses por la falta de rapidez al actuar de la gestión anterior y el freno en la obra pública dispuesto por el gobierno nacional empeoraron la situación.
La terminal aérea rosarina es una de las pocas del país que no están concesionadas a Aeropuerto Argentina 2000 ni a London Supply, los dos gigantes de la operación aeroportuaria argentina, sino que depende del Estado provincial, al igual que la de Sauce Viejo. Es manejada por un directorio compuesto por un presidente y dos directores. En el loteo del gabinete, al inicio del gobierno de Unidos, la presidencia fue para Esteban Bretto, un PRO aliado al diputado Gabriel Chumpitaz. Lo acompañan como directores Nicolás Ruggiero -quien responde a Pablo Javkin- y el radical Pedro Giantenaso.
Cuando las nuevas autoridades asumieron, se encontraron con la superficie de la pista ya deteriorada y con un convenio que el directorio anterior -presidido por el massista Eduardo Romagnoli- había firmado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos para su arreglo. En ese acuerdo, a cambio de desembolsar el dinero necesario para la obra, el ORSNA le pedía al directorio que se encargara de renovar la torre de control y cambiar el sistema de balizamiento y el juego de luces de aproximación para baja visibilidad.
El Aeropuerto cumplió su parte, pero el gobierno nacional que encabezaba Alberto Fernández no hizo lo propio. Cuando Javier Milei pasó a ocupar el Sillón de Rivadavia, el proyecto se frenó. De hecho, la obra quedó en un limbo porque ni siquiera estaban nombradas las nuevas autoridades del ORSNA que debían fungir de interlocutores. Recién a fines de abril, el Presidente nombró al contador Pedro Hadida como director. Sin embargo, tampoco hay respuestas.
Como la obra es cada vez más urgente, tras consultarlo con la Casa Gris, el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini decidió avanzar con la obra y que Santa Fe se hiciese cargo de aportar los recursos, al menos en una primera etapa. En septiembre, entonces, se lanzará la licitación para el primer tramo de la obra, que precisa de un desembolso de $8 mil millones ya asegurado por el Tesoro provincial.
¿Qué pasará luego?, preguntó Letra P. “Veremos, si no conseguimos otro tipo de inversor que quiera poner la plata o no la conseguimos en el mercado de capitales, se seguirá haciendo cargo la provincia”, avisaron en Desarrollo Productivo. “La decisión política de hacer la obra está”, aseguraron. Incluso, cuentan que, lógicamente, el Aeropuerto deberá estar cerrado por un tiempo y que por eso la celeridad en la obra será un criterio a tener en cuenta en la licitación. No quieren que ese lapso se estire ni un día más de lo necesario.
El gobierno provincial se lanza con algo a su favor: el convenio que el ORSNA firmó con la gestión anterior está vigente. Santa Fe, a través del Aeropuerto, cumplió con sus obligaciones y es acreedor en ese entendimiento. Tampoco es que hubo una comunicación del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo -de quien depende toda el área de Transporte- desconociendo el convenio, impugnándolo o avisando que Nación no cumpliría. Formalmente no hubo respuestas y, ante ese panorama, avanzó la provincia.
Esa vigencia del convenio implica que quien financie la obra, sea Santa Fe o cualquier otro inversor, después podrá explorar la posibilidad de cobrársela a Nación. Incluso, haciéndole un juicio al Estado. Es una opción que en el gobierno provincial no descartan a futuro. Un detalle lo hace más jugoso: el convenio está firmado por 38 millones de dólares, bastante más de lo que se proyecta como necesario gastar para realizar la obra.