El acuerdo dejó al descubierto las diferencias entre El Jefe, Santiago Caputo y Mario Lugones. El Presupuesto 2027, segundo round. Bullrich y las PASO.
Javier Milei necesitó más de mil días para aceptar que no saldrá ileso si el ajuste y la desregulación que promueve deja en total desamparo a las personas con discapacidad. El sector de su administración que lidera Karina Milei se impuso y acordó con la oposición de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para resguardar los derechos del sector.
Fueron dos meses de negociaciones en los que cada actor de la política, oficialista u opositor, mostró sus cartas recién en el último minuto. La prevalencia del karinismo expuso, además, a los funcionarios que erosionaron la imagen de Milei enfrentándolo a la discapacidad.
El principal fue el ministro de Salud, Mario Lugones, quien tiene a cargo el área y congeló por un año el nomenclador con los valores de las prestaciones que pagan obras sociales y prepagas. Sólo una ley ratificada por el Congreso y un fallo judicial lo obligó a revisar parcialmente esa decisión.
Lugones prestó servicios durante medio siglo para los gerentes de esas organizaciones y, con o sin aval de Milei, se dispuso a ajustar en discapacidad para mejorar los balances de sus exjefes. Su padrino fue Santiago Caputo y el ministro de Hacienda, Toto Caputo, le siguió el juego para congelar la asistencia que aporta Nación a la discapacidad, que no llega al 20% del total de las prestaciones.
La cerrazón de este grupo llevó a Milei a protagonizar el año pasado dos derrotas legislativas que estarán en los libros de historia: el rechazo al veto de la ley de emergencia y la eliminación de un capítulo del Presupuesto 2026, en el que el Caputo ministro había incluido un artículo para derogar esa norma.
Aun con esos antecedentes, en la ley de leyes de 2027 el ministro de Hacienda sumó un capítulo para eliminar el sistema de prestaciones de discapacidad y dejar a las personas en esa condición a merced de la voluntad de cada prestador.
Para evitar otra caida en el parlamento a menos de un año de la elección presidencial, los Menem (Martín y Lule) convencieron a Karina Milei de negociar una ley sobre discapacidad con los aliados.
Los Caputo y Lugones nunca se animaron a ponerle sus caras al ajuste sistemático a este sector. Hace un par de semanas, en sus redes sociales, el asesor habló por primera vez del tema: denunció la existencia de pensiones truchas, que oficialmente nunca fueron informadas. Ya hay presentaciones legislativas para pedir explicaciones.
En el Congreso, Lugones y los Caputo no encontraron quién los defendiera. En casi tres años de disputa, con organizaciones en las calles de todo el país, no hubo un solo legislador de La Libertad Avanza que pidiera la palabra para justificar el ajuste a discapacidad. Las bancadas oficialistas callaron por vergüenza y hubo referentes que se escaparon de las votaciones.
El ruido interno fue permanente. El año pasado, muchos diputados libertarios llamaron a Lugones para pedirle que descongelara los precios de las prestaciones. Algunos le enrostraron el ahorro fiscal por bajar pensiones. Ninguno encontró respuesta. El ministro siempre fingió demencia.
En abril, el aún dueño del Sanatorio Güemes envió un proyecto al Senado para eliminar el sistema de prestaciones que rige hace tres décadas y garantiza atención a todas personas mediante un fondo solidario. Su idea quedó escrita: propone borrar estos aportes y que cada persona con discapacidad negocie como pueda.
Patricia Bullrich nunca puso en tratamiento el proyecto y Caputo, molesto, lo replicó en el capítulo VI del Presupuesto, que será borrado cuando se dicamine. Milei tampoco se hizo cargo de este ajuste, pero su vínculo con los grandes sindicatos y los empresarios de salud empezó a ser estudiado en detalle por la oposición.
Quedó como una anécdota perdida en el tiempo cuando Lugones, en la campaña de 2023, acercó ayuda de Luis Barrionuevo, su histórico padrino en el mundo gremial. El hijo del ministro, Rodolfo Lugones, es socio de Santiago Caputo en la consultora Move.
Menem apeló a una mesa chica del bloque La Libertad Avanza para imponer su proyecto superador y terminar el conflicto. La integran Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Gisele Castelnuovo, cercana a Lule Menem. La diputada con pasado peronista le impuso el texto final a la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy.
La funcionaria, cercana a Caputo, fue ejecutora del ajuste a la discapacidad con una medida inédita, como suspender la ley de emergencia con una resolución. La Justicia la obligó a dar marcha atrás, con un pedido de embargo.
La negociación final fue el martes a la noche en el palacio del Congreso. Con una llamada en altavoz a Ibarzabal Murphy, Castelnuovo cerró la mayor parte del texto, junto a Rodríguez Machado y diputados aliados que fueron claves para el acuerdo.
El principal fue Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones, ya sin la jefatura de Carlos Rovira. El titular del bloque Argentina Federal (que también integran salteños) manejó los tiempos de la negociación.
Forzó el debate en comisiones al votar un emplazamiento junto a Unión por la Patria para prorrogar la emergencia, acordó luego el dictamen superador con el Gobierno y, un día antes de la sesión definitiva, negoció con las organizaciones las modificaciones incorporadas a último momento.
El misionero tuvo que convencerlas de que era mejor el compromiso de aplicar una ley permanente que una dinámica de votación de emergencias anuales, que los juristas más avezados del Congreso ni siquiera creen necesarias.
En la sesión del miércoles, la definición de la ley de discapacidad sacudió a cada espacio político. La interna oficial fue total hasta el día anterior, cuando en la Casa Rosada seguían hablando de un enfrentamiento.
Unas horas antes, Menem había irrumpido en la mesa política para explicar, delante de Santiago Caputo, lo que en estos años las organizaciones de discapacidad repitieron a gritos: que las prestaciones, casi en su mayoría, las pagan las obras sociales y prepagas. Y que el costo en pensiones tiene más relación con la mala gestión de la Secretaría de Discapacidad, que en tres años Lugones aprendió a auditar.
Es comprensible: el ministro asumió su primer cargo con casi 80 años y Milei, en sus entrevistas, repite que no sabe nada de salud y delega todo. El área estuvo virtualmente acéfala.
Al salir de la reunión de los jefes de bloque, Menem fue cauto. "Se define en el último minuto", dijo, sobre la votación de discapacidad. Esperaba un último intercambio de borradores con la Casa Rosada, con los cambios más recientes pedidos por Ahuad y los que reclamaba Unión por la Patria, que se sumó a un acuerdo para no hacer un papelón.
La interna del peronismo tampoco se quedó atrás. La prórroga por la emergencia la impulsó Juan Marino, cercano a Axel Kicillof. Pero la estrategia del bloque la ejecutan Germán Martínez, Cecilia Moreau y la camporista Paula Penacca, quienes no querían darle el triunfo al Gobierno.
La conducción del peronismo había quedado sin respuestas cuando el karinismo le robó los aliados en las comisiones y recién aceptaron que no tenían los votos para la prórroga antes de la sesión.
Sin una conducción clara por fuera del Congreso, cada tribu del PJ peleó por lo suyo. Los sindicatos pidieron sin éxito que el Gobierno financiara una parte de las prestaciones para que las obras sociales gasten menos. Justo lo que reclama Lugones, a quien nadie nombró durante el debate. Hubo líderes sindicales que llamaron jefes de todos los bloques para hacer lobby.
Además, por presión de los gobernadores, en el bloque peronista se repartió un documento en el que se solicitaba garantías al Congreso de no obligar a las provincias a subir el gasto en discapacidad. No fue tenido en cuenta.
La falta de definiciones ante este cambio de escenario y el fallido intento de sesionar el jueves pasado expuso el desorden que es el PJ y que intentan acomodar sus jefes legislativos de ambas cámaras, Martínez y el senador José Mayans.
El acuerdo final tuvo más la vocación del oficialismo que del PJ. Es comprensible: con este nivel de consenso, Milei no podrá ser presionado por Lugones y los Caputo a vetar siquiera un artículo.
A las 15 del miércoles, Castelnuovo y Rodríguez Machado fueron a los despachos del peronismo a cerrar el texto final. También colaboró Karina Banfi, del bloque Adelante Buenos Aires. Aceptaron aclaraciones pedidas por Victoria Tolosa Paz sobre las pensiones y el proyecto quedó cerrado. Herrera Ahuad se comprometió a leer todos los cambios en el recinto, para que no quedaran dudas.
“Tiene el 75% de la ley de emergencia”, celebró Martínez, desde su banca. Los discursos previos a la votación ilustraron las disputas entre cada bando. Castelnuovo comprometió al Gobierno a no volver a abandonar a la discapacidad. Rodríguez Machado le agradeció a la mesa política, sin dar nombres, y luego desafió a Toto Caputo.
“Somos nosotros los que definimos lo que va a pasar con el presupuesto en nuestra Cámara. ¿O no entendemos que el Congreso es independiente?”, les preguntó la cordobesa a otros aliados. Karina Milei estaba en el despacho de Menem y luego se reunió con el bloque para respaldar la votación. No se animó a ir al palco para evitar insultos de la oposición.
La letra chica del Presupuesto también mostró la interna oficialista por el debate de la discapacidad. Si bien el articulado propone eliminar las prestaciones universales, durante su visita a Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, exhibió la ley emergencia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que tampoco habría problemas en absorber los gastos del proyecto superador aprobado en Diputados. Por lo tanto, el ajuste propuesto por Toto y Lugones no tendría como objetivo central mantener las cuentas equilibradas.
La ley de leyes se dictaminará el miércoles y, como explicó Letra P, el Gobierno no cederá ante el reclamo de las Universidades. Los rectores piden aumentar de 7,7 a 11 billones su presupuesto y cuentan con fallos favorables para exigirlo.
Si el conflicto sigue, la última palabra la tendrá la Corte Suprema, cuyos jueces ya se mostraron dispuestos a cambiarle la agenda al Gobierno. En un año electoral, se harán sentir más.
Bullrich será la otra protagonista de la próxima semanas si logra abrir el recinto nuevamente para tratar la ley de salud mental, que recién el miércoles consiguió dictamen. La jefa del oficialismo en el Senado busca los votos para mandarla al Senado, pero no los tiene garantizados. Decidida a crear una imagen de autonomía, la exministra define la agenda a gusto, mientras publica videos en los que da a entender que puede pelear la presidencia.
Su desinterés por la aprobación de la reforma política alimenta las versiones de que busca enfrenar a Milei en las urnas. En su entorno lo desmienten, aunque aceptan que el calendario electoral no le preocupa. “Es un tema de (Diego) Santilli”, repite la senadora, mientras bromea sobre la falta de acuerdo en la cámara alta para avanzar.
El jefe de Gabinete cree que es cuestión de tiempo. Confía en que los gobernadores radicales destrabarán el debate en el Senado tarde o temprano, interesados en no tener rivales libertarios en sus distritos. El PRO necesita cerrar con el Gobierno para sostener el control de la Ciudad de Buenos Aires. Los partidos provinciales nunca quieren votar dos veces.
Karina y los Menem no están ungidos en ceder a su tropa de candidatos locales a cambio de acortar el calendario electoral. Sostienen que las primarias pueden tener una participación muy baja y herir de muerte una alianza opositora, en caso de que no consiga los votos esperados.
A la secretaria general nunca le gustó aliarse a gobernadores de partidos tradicionales. “Tarde o temprano, te traicionan”, dijo en 2025, para justificar tener listas propias en todos lados. No parece haber cambiado de opinión.
