La mayoría oficialista que domina la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados confía en que el vocero de la Corte Suprema, Silvio Robles, asistirá el próximo martes 1 de agosto para explicar si, como sostienen, fue el encargado de negociar la cautelar que el máximo tribunal firmó en diciembre para aumentar la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires.
La hipótesis se basa en la filtración de sus chats con el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, quien representó al Estado porteño en esa contienda y también está citado para el martes. En este caso, los oficialistas no esperan que aparezca.
El caso de Robles es diferente porque es funcionario de la Corte Suprema, donde figura como director de la vocalía de su presidente Horacio Rosatti. Al menos hasta ahora, todos los testigos citados que trabajan en el palacio fueron a declarar, porque de lo contrario pueden ser llevados por la fuerza y los jueces no firmaron ninguna acordada para protegerlos.
El único testigo que no se presentó fue el abogado Marcelo Mazzeo, citado por sus chats con D'Alessandro. La Justicia tiene un pedido para obligarlo a asistir. Con ese antecedente, nadie espera que el exministro concurra.
"Entendemos que Robles no va a exponerse a esa situación, porque sería un privilegiado en la Corte", interpretó ante Letra P uno de los protagonistas del Frente de Todos en la Comisión. Además, apuntó que las versiones periodísticas sobre una segura presencia del funcionario, quien de todos modos no confirmó su asistencia.
Por si acaso, entre los mensajes que empezaron a cruzar diputados y diputadas, definieron que las preguntas a Robles estarán basadas en la causa coparticipación y no tanto en otras cuestiones que surgieron en los otros testimonios, como la consultora Moromedia que tuvo y, según interpretan en el kirchnerismo, habría sido usada para presunto tráfico de influencias.
La información que surgió de la investigación de la comisión da cuenta que la consultora era propiedad de Robles y Natalia Monayer, los dos asesores principales de Rosatti. Los diputados recibieron información de la AFIP sobre los movimientos de la compañía, pero por ahora no los usarían. No lo descartan para otro momento.
Sí consultarán a Robles sobre su relación con Rosatti, que según algunos testigos como el ex administrador de la Corte Héctor Marchi, lo convirtió en una especie de custodio de los intereses del presidente del tribunal, capaz de controlar su correo electrónico o impedir que acceda a información.
Marchi llegó a decir que Rosattti nunca tuvo uno de los informes de supervisión de la obra social del poder judicial porque Robles no se lo quiso acercar. También dijo que llegó a trabar algunas puertas para que sus enemigos internos.
El nombre del vocero de la Corte (un cargo que no tiene en los papeles) lo volvió famoso Cristina Fernández de Kirchner cuando en sus videos lo acusó de ser quien tenía escrito los fallos de la Corte que la implicaban.
En cuanto a la coparticipación, la principal prueba que el oficialismo tiene sobre la presunta participación de Robles son sus chats con D'Alessandro, que se filtraron por internet y dan cuenta de un trato amistoso y un trabajo en conjunto sobre temas judiciales.
En una de las conversaciones Robles parece indicarle a D'Alessandro la estrategia para evitar que la vicepresidenta pudiera designar a tres senadores en el Consejo de la Magistratura. Y en otra hablan sobre la coparticipación y se refieren al "fallo Robles", en lo que pareció ser una alusión a la cautelar que finalmente firmó el máximo Tribunal y aumentó los recursos que recibe la Ciudad al 2.95%.
Para comprobar su veracidad, los diputados pidieron una huella de voz de D'Alessandro cuando asista a la comisión, por lo que su presencia podría estar más complicada con esa medida.
En las últimas audiencias declararon el subprocurador del Tesoro Horacio Diez (el segundo de Carlos Zannini) y la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis, quien era secretaria de las Provincias cuando representó al Estado en este litigio. Ambos aseguraron que el porcentaje establecido no tiene un fundamento, porque al igual que en los decretos de Mauricio Macri en 2016, no hay cálculos sobre el costo de la transferencia de la policía federal, que ese el origen del incremento.
Pero Batakis, además, sumó un elemento para involucrar a Robles: aseguró que participó de las audiencias de la Corte y se ubicaba junto a los funcionarios de la Ciudad. Por pedido del diputado kirchnerista Leopoldo Moreau dibujó la escena de la sala y el lugar que ocupaba el vocero de Rosatti.
En el oficialismo creen que esa prueba puede ser más relevante que los chats, porque Robles deberá explicar qué fue a hacer a la audiencia. También están citados Alejandro Daniel Rodríguez, titular de la secretaría de Juicios Originarios de la Corte, que debería haber intervenido en el fallo.
El otro testigo convocado es Alejandro Otero, contador público y magister en Administración Pública. En el oficialismo consideran que es de los que más conocen los derechos de la Ciudad de Buenos Aires sobre la masa de recursos que componen la coparticipación federal.
Es para corroborar si acordó con la Corte la cautelar que favoreció a Larreta con la suba de la coparticipación. El exministro Frigerio sería convocado después de las elecciones.
El vocero del tribunal y el exministro de la Ciudad deberán explicar si negociaron la cautelar que aumentó la coparticipación a Larreta. Batakis sumó una prueba para esa hipótesis.