Enviará este jueves dos proyectos al Congreso para eliminar las PASO y limitar el acceso de los partidos a las elecciones. El resto del temario, bajo siete llaves.
Javier Milei cuando emitió su voto en 2023.
En medio de una diplomacia enrarecida entre la Casa Rosada y el Congreso, con la orden presidencial de levantar el debate por el Presupuesto 2025, Javier Milei mantiene su plan de convocar a sesiones extraordinarias para diciembre. Este jueves, el Gobierno enviará dos proyectos -ya anunciados la semana pasada- para eliminar las PASO en 2025, ajustar el financiamiento de los partidos y cambiar los requisitos para poder presentarse a elecciones.
Si el gobierno logra aprobar estas iniciativas, a pesar de que en el propio oficialismo no hay demasiadas expectativas de lograrlo, las reformas comenzarán a regir de forma automática en los comicios de medio término, junto con los cambios electorales que ya se convirtieron en ley, como la implementación de la boleta única de papel en las categorías nacionales, que dejarán atrás a las tradicionales boletas sábanas.
La matemática legislativa, a priori, no favorece los planes de La Libertad Avanza: los nuevos cambios tienen el rechazo explícito del PROde Mauricio Macri, por lo que su aprobación dependerá en buena medida de otros espacios como el peronismo.
Estos proyectos fueron impulsados en un principio por el equipo político del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero con la dilatación de su tratamiento y la pérdida de interés en la agenda pública que lograron, con el correr de las semanas el tema pasó a la órbita de la cúpula presidencial. De hecho, el tema lo tomó en persona el asesor Santiago Caputo, quien le encomendó la letra chica de la redacción del proyecto -que llegará este jueves a la Cámara de Diputados -a María Ibarzábal, la secretaria de Planeamiento Estratégico que es su mano derecha en los temas legales.
"No hay ningún vacío legal, ni impedimento para que tratemos las reformas en diciembre y las apliquemos de manera inmediata, además de que este Gobierno no se caracteriza por seguir las tradiciones", comentó a Letra P una fuente al tanto de la agenda del jefe de Estado. Hay una ley no escrita que indica que las reformas electorales no se debaten en años impares, es decir, en la antesala de los comicios.
El anuncio en sí no es una novedad: ya había sido adelantado por el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada y ratificado por Francos en distintas entrevistas en los últimos días, pero toma relevancia en el marco de las tensas negociaciones de La Libertad Avanza con sus principales aliados, muchos de los cuales, incluso, ponen reparos al tratamiento del Presupuesto 2025.
Al presentar la reforma electoral violeta, que retomaba la esencia de los capítulos borrados de la ley Bases original, los estrategas libertarios dieron distintos argumentos técnicos para impulsarla: el principal fue recordar que en 2023 el Estado gastó $45,445 millones para organizar las PASO y que, entre las generales y el ballotage, el electorado tuvo que trasladarse en tres oportunidades para ejercer su derecho a votar.
Pese a este despliegue electoral, los voceros oficialistas sostuvieron que desde la implementación de las primarias en 2011 hubo sólo diez partidos políticos que dirimieron sus diferencias internas para la categoría presidencial, de los cuales cerca del 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar de las generales.
Por eso, bajo la excusa de ajustar la política y simplificar la manera en que los ciudadanos concurren a las mesas de votación, es que enviarán estos dos proyectos. Uno contemplará la eliminación de las primarias y el ajuste del financiamiento; y, el otro, propondrá cambios en los requisitos que deberán cumplir los partidos para poder presentarse a competir.
Los cambios que pretende el Presidente incluyen también límites para que las agrupaciones se presenten a competir. Los distintos sellos deberán contar con 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. Además, en el caso de los partidos nacionales, se les exigirá presencia en al menos diez distritos, el doble de los que se requieren en la actualidad.