MENEM LO HIZO

Javier Milei, atrincherado y casi sin artilugios legales para indultar a "camaradas" represores

La Justicia le cierra los caminos. En los cuarteles "de eso no se habla”, pero sí de prisiones domiciliarias. Victoria Villarruel busca un último recurso.

Pese a su intención, más o menos solapada, de indultar a “camaradas” represores, el presidente Javier Milei se está quedando casi sin artilugios legales para recurrir a ese recurso constitucional en favor de militares presos por perpetrar delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.

“A los meses de asumido como presidente, utilizando las herramientas constitucionales, toma la decisión de pacificar a la Argentina a través de numerosos indultos otorgados a militares como así también a guerrilleros”, reivindicó esta semana el mandatario en el homenaje que rindió al expresidente Carlos Menem en la Casa Rosada.

La frase hizo ruido -mucho- en ambientes políticos, judiciales, castrenses y de las organizaciones de los derechos humanos. Las palabras de Milei se interpretaron como un resurgir de la idea de indultar a genocidas que había comenzado a tomar fuerza en las vísperas del 24 de marzo, fecha de inicio del proceso que el Presidente evalúa como una “guerra con excesos”.

En los cuarteles, de “eso no se habla”

Mientras un grupo de militares retirados enrolados en la Unión de Promociones le pidió formalmente a Milei una “solución definitiva” para sus camaradas, a quienes considera “detenidos injustamente”, para quienes comandan en la actualidad los cuarteles el tema no está en la agenda de prioridades.

“De eso no se habla ni hay opinión formada entre los mandos altos y medios. Es una decisión del Presidente que vaya a saber si la tomará o no”, afirmó una fuente castrense consultada por Letra P y completó: “La comandancia tiene otras urgencias que pasan por lo operativo estratégico”.

La fuente reconoció, sin embargo, que “de lo que sí se habla es de la posibilidad de que se otorgue la prisión domiciliaria a militares mayores de 70 años condenados” (N.deR.: la mayoría de los sentenciados cumple sus sentencias fuera de la cárcel) y preguntó: “¿Acaso los derechos no son para todas las personas iguales, sin importar su condición?”.

La ofensiva para la liberación de represores que consideran “ilegalmente detenidos” por delitos de lesa humanidad es comandada por Cecilia Pando, quien consiguió ser recibida por el ministro de Defensa, Luis Petri, que en la previa del 24M había comparado a los narcos de Rosario con la guerrilla setentista.

Pando aseguró que el funcionario radical devenido libertario apoyó la misión que lleva adelante junto con otras esposas de militares que reclaman la libertad de los genocidas.

Victoria Villarruel y el último recurso

La vicepresidenta Victoria Villarruel pertenece a la familia militar, pero no comparte la idea de Milei para indultar a los represores ni la estrategia de Pando y compañía.

Ella no piensa en el indulto ni en la amnistía, sino que trabaja en la búsqueda de un ‘último recurso’ legal para que se investiguen los actos de violencia y asesinatos perpetrados por grupos ‘revolucionarios’ en los años previos al golpe militar”, precisó a Letra P otra fuente castrense.

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Las posiciones de Javier Milei, Victoria Villarruel y Luis Petri sobre la dictadura militar

Las posiciones de Javier Milei, Victoria Villarruel y Luis Petri sobre la dictadura militar

Asimismo, indicó que lo hace a través del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización de la que saltó a la escena política hasta convertirse en la segunda de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza.

La justicia le cierra los caminos a Javier Milei

La frase que soltó Milei durante el acto de este martes en la Casa Rosada encontró una réplica rápida en un fallo de la Cámara Federal de Casación.

Alejandro Slokar, uno de los tres camaristas del máximo tribunal penal, le recordó al Presidente que no rigen los indultos ni la morigeración de penas para personas que hayan perpetrado delitos de lesa humanidad. La prohibición está expresamente contenida en la Ley 27.516, sancionada el 1° de junio de 2015 y promulgada de hecho el 24 de julio de ese año.

La norma establece que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.

Slokar le hizo notar a Milei esa limitación legal en la sentencia de revocación del sobreseimiento de Juan Carlos Alzugaray, quien fue alcaide del Servicio Penitenciario de Salta y estaba condenado como partícipe necesario en la masacre de Palomitas, en la que fueron fusilados 11 presos políticos que estaban detenidos en un penal local.

“Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”, fundamento el camarista.

Patricia Bullrich en rueda de prensa en Rosario
Victoria Villarruel regresará a Córdoba para participar de un evento de las Fuerzas Armadas. 

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