En medio de la puja política, el intendente reclama por la coparticipación. El impacto de la crisis de la industria. Las diferencias frente a Milei.
La deuda por coparticipación que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tiene con la Municipalidad de Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia, ya llega a $17.000 millones y el intendente Martín Pérez advirtió que “se equivocan” si con ese recorte “buscan disciplinarnos”.
La falta de esos recursos, obviamente imprescindibles para el municipio, se vuelve más grave a partir del contexto de crisis que generan las políticas nacionales sobre el sector industrial. La región es en ese sentido una de las más afectadas del país, con notable incremento del desempleo y otros índices que muestran la emergencia.
Pérez, referencia central de Provincia Grande, está parado en la vereda de enfrente del gobernador, lo confrontó electoralmente en las legislativas del año pasado y se posiciona para competir como uno de sus posibles sucesores. El gobernador, en tanto, ensaya otra estrategia en su cuenta regresiva y pactó un acuerdo con la gestión libertaria de Javier Milei.
Pérez dijo sin medias tintas que la situación es “alarmante”, porque el incumplimiento provincial “comienza a comprometer seriamente la capacidad financiera del municipio”. Y advirtió que avanzará “con todas las herramientas institucionales” posibles para que se garanticen los recursos.
Las transferencias de desembolsos provinciales a Río Grande tienen una demora de al menos dos meses. El 80% de los recursos que hacen funcionar al municipio provienen del reparto de la torta nacional y provincial.
“Nos rompen la planificación de todos los servicios que llevamos adelante”, se paró de manos el secretario de Finanzas de la comuna, Nicolás Giordano. Y mencionó que hasta hubo intervenciones judiciales donde se dejó en claro que el máximo período razonable para el envío de ese tipo de fondos era de 21 días.
Frente a ese panorama, el municipio realizó las presentaciones ante el Concejo Deliberante y tiene a mano un informe contable emitido por el Tribunal de Cuentas.
El monto adeudado equivale a todo el presupuesto de Salud 2027, o a casi la totalidad del plan de obras que tiene el municipio en el año. Pero además, el ajuste se produce en un contexto especial de crisis para la zona.
La política económica nacional impacta de lleno sobre la industria manufacturera de la provincia y de Río Grande. Hay una notable caída de la actividad productiva y se pierden puestos de trabajo de manera masiva.
Pérez desde hace rato advierte sobre las consecuencias negativas de la apertura indiscriminada de importaciones. Le sale con los tapones de punta al Decreto 333 del gobierno de Milei. La provincia perdió unos 6.000 puestos de trabajo manufactureros y no aparecen otras actividades que absorban esa mano de obra. Hay expulsión de habitantes.
Además, desde hace tiempo para Tierra del Fuego la industria es también una herramienta estratégica para el desarrollo y la soberanía en el extremo sur de la Patagonia. Mientras Melella se acerca a Milei, Pérez fustiga al gobierno nacional porque “sus decisiones favorecen intereses económicos ajenos a la producción nacional, no hay posibilidad de desarrollo en una provincia como la nuestra si no se protege la industria”.
“No voy a aceptar que una disputa institucional termine afectando a los habitantes de Río Grande, conmigo no van a tener suerte. Si buscan aleccionar desde los recursos se equivocan, no le van a hacer un daño al intendente, sino todos los vecinos de la ciudad”, completó Pérez sobre la deuda por coparticipación.
Además de las cuestiones financieras, hay una puja política. La supervivencia del poder de Melella depende entre otras cosas de su capacidad para ser un gran elector en 2027. Por eso ni siquiera cierra la puerta a la posibilidad de candidatearse como intendente.
También tramó un acuerdo con el jefe comunal de Ushuaia, el kirchnerista Walter Vuoto, pero ese pacto quedó dañado en las últimas semanas a medida que Melella se fue tiñendo de violeta.
En ese panorama, Pérez asoma como un contrincante del gobernador en la carrera por la sucesión. Ya dio muestras de su potencia electoral el año pasado. Tierra del Fuego tiene un sistema electoral que determina la realización de una segunda vuelta si ninguna fuerza supera el 50% de los votos y esa circunstancia podría facilitar una alternativa panperonista sin necesidad del aval de Melella.
“Yo quiero creer que es un problema exclusivamente del orden financiero. No quiero pensar que sea algún problema que tenga que ver con alguna cuestión política, de disciplinamiento. Espero que no sea por ese lado”, insistió Pérez respecto de los recursos faltantes.
Aunque su sector político mide los tiempos, el intendente ya planteó en las últimas horas el impulso de una construcción política provincial basada en la participación ciudadana y la defensa de los sectores productivos. Pone en agenda la pérdida de empleo, el endeudamiento de las familias y el crecimiento de la demanda de asistencia social.
En la otra vereda, el gobernador pidió un salvavidas en el gobierno nacional. Llegaron fondos frescos por $45.000 millones para atender urgencias, pero esa circunstancia no apaga otros focos de inestabilidad política: la Legislatura arde y antes de fin de mes deberá definir el “fondo docente” que genera ruidos. Melella ya se quedó sin la mano que esperaba del Poder Judicial, que congeló la Constituyente.
Y mientras tanto, hace concesiones en el Congreso a las demandas libertarias, quizá a la espera de que cuando defina sus referencias en la provincia La Libertad Avanza se incline por un candidato más amable que competitivo.
