El Consejo Federal convocado para el lunes 21 de abril por la conducción de la Federación Médica de la Capital Federal (FEMECA) fue suspendido a último momento. La convocatoria, que buscaba sostener la legitimidad de una dirigencia cada vez más cuestionada, terminó desmoronándose frente a la presión de las entidades opositoras y la impugnación formal presentada por la Asociación de Médicos Municipales (AMM) ante el Ministerio de Trabajo.
Femeca atraviesa un conflicto que está lejos de ser una simple disputa gremial. Se trata de una crisis profunda que expone tensiones estructurales entre una burocracia enquistada y una nueva conducción que busca poner fin a décadas de manejos herméticos. En el centro de esta pelea está la Asociación de Médicos Municipales (AMM), el sindicato más numeroso e influyente del sistema de salud porteño, que arrasa en las urnas y ahora quiere disputar también el control de la federación.
La Federación es una entidad de segundo grado, integrada por 23 asociaciones de base. Durante décadas ha funcionado con una lógica cerrada, gobernada por una minoría que se perpetuó al frente del aparato federativo. La AMM, sin embargo, decidió desafiar ese orden y pateó el hormiguero –como dicen en su propia conducción– con fuerza y sin disimulo, respaldada por una legitimidad electoral que le da aire y respaldo.
La conducción de la AMM asumió en 2022. De origen peronista, Carlos Rojo obtuvo el 61% de los votos y consolidó su dominio territorial: arrasó en el Hospital Ramos Mejía, su bastión histórico, y dio el golpe en el Piñero. Su liderazgo se reafirmó en la última asamblea de la AMM, donde 1.018 afiliados avalaron por unanimidad a la Junta Electoral. La oposición interna, desde entonces, prácticamente desapareció.
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Pero el verdadero desafío comenzó cuando ese mismo espacio decidió competir por la conducción de Femeca. El Congreso Federativo del 11 de marzo fue un punto de inflexión. La lista impulsada por la AMM y otras entidades opositoras obtuvo 106 votos frente a los 97 del oficialismo. La sesión se realizó con normalidad, bajo todas las garantías legales y estatutarias, con voto secreto, la presencia del presidente de la Federación, Héctor Garín, y un veedor del Ministerio de Trabajo. No hubo impugnaciones ni observaciones. El resultado fue claro y legítimo.
Sin embargo, un mes después, la Junta Ejecutiva de FEMECA, donde el oficialismo conserva mayoría, declaró nulo e ineficaz ese Congreso, con argumentos endebles y sin respetar los procedimientos estatutarios. La decisión fue justificada por presuntas fallas en la elección de delegados de algunas asociaciones, pero nunca se presentaron pruebas ni se notificó a las entidades involucradas. Todo indica que se trata de una maniobra para excluir a sectores alineados con la AMM y forzar una nueva votación con delegados más funcionales a la conducción actual.
La maniobra generó desconcierto dentro de la federación. Nadie esperaba una reacción tan frontal de la AMM, cuyo peso es innegable: suma más afiliados que todas las demás entidades que componen la federación. Sin embargo, su injerencia real dentro de Femeca está limitada por una disposición estatutaria que impide que cualquier gremio concentre más del 20% de los votos en el Congreso. Aun así, el nuevo espacio opositor demostró que no solo tiene músculo electoral, sino también capacidad para construir mayoría. Subestimaron su poder de fuego. Ahora denuncia irregularidades y no acepta retrocesos.
Garín, presidente de Femeca, quedó en una posición incómoda. Asistió al Congreso del 11 de marzo, firmó el acta sin objeciones y validó el procedimiento. Hoy respalda la nulidad, en lo que muchos interpretan como un intento desesperado por sostener un equilibrio que ya no existe. Las entidades que responden a la vieja guardia intentan conservar sus espacios de poder, pero la legitimidad política y la correlación de fuerzas ya se corrieron de lugar.
Desde la AMM advierten que la federación atraviesa una crisis de representación y que se busca perpetuar un modelo burocrático que no resiste más. Denuncian que se está violando el estatuto y recuerdan que la Junta Ejecutiva no tiene atribuciones para anular un Congreso Federal. Además, señalan que si se invalidan los mandatos de algunos congresales, también deberían anularse todos los actos institucionales previos en los que esos mismos congresales participaron.
Lo que está en juego es mucho más que una interna gremial: se disputa el control de Femeca, de su obra social y de una estructura sindical que se había acostumbrado a gobernar sin oposición real. Pero ahora el tablero cambió. Y la AMM ya dejó claro que no vino a negociar: vino a disputar poder en serio.