Las elecciones del 3 de septiembre pasado provocaron un shock en la política partidaria local. La llegada de Walter Cortés a la intendencia de Bariloche rompió con todos los pronósticos y abrió una gran incógnita en torno al estilo que le imprimiría a su gobierno. Es que durante tres décadas el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) fue reconocido por sus declaraciones picantes y su espíritu combativo, situaciones que lo llevaron a protagonizar fuertes enfrentamientos con el Círculo Rojo. Sin embargo, en estos últimos 30 días algo parece haber cambiado.
Cortés apoyó su campaña en un discurso sencillo pero efectivo: la limpieza de los espacios públicos, el arreglo de las calles y tierras para calmar la emergencia habitacional. En su primer mes de gestión ya encaminó dos de esas tres promesas. Su presencia en los medios es permanente y logró centrarse para evitar entrar en polémicas propias de la rosca que, pese a todo, terminaron por surgir en su propio gabinete.
A pesar de la distancia con otros grandes centros urbanos, Bariloche no está ajena a las problemáticas que exhibe el país. Es que si bien la intendencia surge como un objetivo deseado para cualquier político en carrera, el cargo llega con una herencia de varias décadas y recibirla puede resultar abrumador.
“Tengo una catrasca de cosas que a veces digo ‘en qué lío me metí’”, reconoció el intendente en una entrevista radial. También parafraseó a Juan Domingo Perón al asegurar que no jugaría el papel de “monigote” ya que su intención era hacer cosas, “porque en definitiva para estar acá y no hacer nada, pagar sueldos y que te digan intendente para pegarte, prefiero que me digan Walter y no me peguen”. Es un secreto a voces que se lo plantea frecuentemente y la oposición comienza a especular con una salida anticipada.
Cortés se impuso con el 19,6% de los votos en una elección que tuvo a una docena de postulantes. Sólo el 61% del padrón acudió a las urnas y el voto en blanco se quedó con el tercer lugar. Esa dispersión hizo que el oficialismo solo pudiera quedarse con tres de las 11 bancas disponibles en el Concejo Municipal, dejándolo sin mayoría propia y con Juntos Somos Río Negro como la primera minoría que, por si fuera poco, durante los próximos cuatro años tendrá como faro al gobernador Alberto Weretilneck.
En el plano general, el intendente no posee un padrino en la escena nacional de los partidos tradicionales y mucho menos tras la victoria de Javier Milei. De extracción peronista por su fuerte vínculo con el movimiento obrero, en el acto de asunción sólo destacó el apoyo de uno de los históricos de la CGT y referente máximo del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri.
El intendente de todos
En esta nueva etapa, Cortés se muestra abierto al diálogo y embanderado en la causa de los sectores más humildes. No es para menos si se tiene en cuenta que afianzó su triunfo con los votos de la clase trabajadora y los barrios del Alto de la ciudad, ese sector en el que escasean la planificación urbana, los servicios y en el que la imagen general dista mucho de la clásica postal de la Suiza argentina. De hecho, entre sus primeras medidas, decidió llevar el acto protocolar de asunción hasta ese lugar y ordenó el traslado de su oficina operativa desde el Centro Cívico, para estar más cerca de poco más de 30.000 personas que viven allí.
A pesar de haber marcado serias diferencias con su antecesor, Gustavo Gennuso, incluso durante la transición se lo vio frecuentemente en el despacho del Senado que Weretilneck tenía en Buenos Aires, delineando soluciones para el Bariloche del mañana. Aun hoy el diputado Agustín Domingo (JSRN) lo secunda en cada excursión por las oficinas del gobierno central.
Sin construcción propia ni referente en el territorio provincial o nacional, para Cortés será importante hacer nuevos amigos en la escena política y garantizar la subsistencia de su gestión.
Austeridad
En línea con la prédica general en esta nueva etapa de la Argentina, el jefe comunal también abrazó la idea de un gobierno austero. En primer lugar se diferenció de la gestión anterior, dijo que controlaría las contrataciones políticas en un municipio con 2.500 personas empleadas y exhibió una deuda municipal que trepa hasta los 16.000 millones de pesos y que podría incrementarse cuando termine la auditoría que encaminó. Es que a esa cifra podrían sumarse unos 8.000 millones que Gennuso reconoció por el alquiler de maquinaria a la firma cipoleña OPS.
“Si podemos manejarnos con lo que tenemos, vamos a sortear toda crisis”, afirmó Cortés en alguna oportunidad. En sus primeras semanas dedicó los recursos disponibles a tapar baches en las viejas calles de asfalto y el sostenimiento de los servicios básicos para no detener el funcionamiento del municipio. Entre ellos el transporte urbano de pasajeros, que absorbe más de 100 millones mensuales sólo del presupuesto local.
https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC2An8tSOMIB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMO8bqeGeSTxQC8W7tuWa8cYrjRY1wzYbrjGwkaCvbRn38XHaJA0wZBxG1UHFVUyCcnZA9iu6FpCaB8c92Op9yQMUMWUKpP2uw7mbq2WMDvkZBOqKfPKE1QTDGU08JqnZAX8hjxMqSfZBJZBHKYnyZCoczknWdTwZDZD
La primera misión que encaró su equipo económico fue la elaboración de un nuevo presupuesto, tras descartar la proyección que le había dejado Gennuso para este año. Con algunos retoques en las partidas y el ajuste por inflación, el cálculo de la administración Cortés fue de 62.500 millones de pesos para 2024. El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante y sin sobresaltos. Fue la primera victoria del oficialismo.
Fuego amigo
Descartando las complicaciones de la gestión, el único frente por resolver parece ser interno. Casi sin presencia de la oposición, Cortés tiene por solucionar cuestiones en su gabinete. Al margen del pataleo del Concejo por la licencia solicitada a fin de año por el jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, el apartamiento de dos integrantes de su equipo por no cumplir con sus deberes de funcionarios públicos quedó en boca de toda la ciudad.
La subsecretaria de Recursos Humanos, Tatiana Aguilar, y el subsecretario de Fiscalización, Marcelo Casas, fueron removidos tras una denuncia de maltrato a dos inspectoras durante una fiesta denunciada por ruidos molestos y por ordenar que se rompiera el acta de infracción por “órdenes de arriba”. La situación quedó en manos del Tribunal de Contralor y el Ministerio Público Fiscal.