Antonio Bossié

Lesa humanidad: quién es el represor que quiso pasar por loco para zafar del juicio

Fue jefe de Inteligencia del Ejército en los años previos y durante la última dictadura. Condenado, intentó eludir otros dos procesos judiciales. No lo logró.

Antonio Federico Bossié era jefe de Inteligencia en 1975 cuando fuerzas policiales y militares cercaron la ciudad de Villa Constitución, en Santa Fe, y salieron a cazar obreros metalúrgicos. Casi 50 años después, sus intentos de hacerle creer al Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario que ya no estaba en condiciones mentales de comprender nada a su alrededor fracasaron: tras un informe pericial que dio vuelta la opinión del propio cuerpo médico de la Corte Suprema, este viernes será formalmente incorporado al juicio de lesa humanidad que determinará su responsabilidad y la de otra veintena de acusados entre militares, policías y civiles, en la represión ilegal contra los participantes del “Villazo”.

Uno de los principales planteos de la base política que sostiene a Victoria Villarruel, la compuesta por la “familia militar” defensora de represores, es el reclamo por los “derechos humanos” de los genocidas, a quienes describen como pobres abuelos sometidos a procesos de juzgamiento y regímenes de prisión sin garantías. Bossié se aferró a esa descripción y la intentó cumplir a rajatabla. Tiene 85 años, tres condenas a prisión perpetua que cumple en su casa por su responsabilidad en el genocidio de la última dictadura y no quiere ninguna más, pero su deseo no le será cumplido.

“Desde el comienzo de los juicios de lesa humanidad los represores intentan impedir o demorar los procesos judiciales en su contra con planteos de salud, y desde ese mismo momento, querellas y fiscalía trabajamos para que eso no ocurra. No olvidemos que hubo gente que llegó a presentar certificados de fallecimiento falsos”, recuerda Julia Giordano, abogada de la APDH y querellante en el juicio “Acindar”, conocido así por la vinculación de la empresa en los crímenes contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, dos exdirectivos de la siderúrgica, integran la lista de acusados a la que desde este viernes se sumará Bossié.

En el marco de ese debate la querella acompañó la insistencia de la Fiscalía, a cargo de los fiscales de la Unidad especializada en Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte y Juan Patricio Murray, de discutir insistentemente el informe pericial que, al inicio del juicio, había dejado fuera de juego al represor del Ejército.

Un informe a favor del represor

Entre 2012 y 2020, el mayor retirado del Ejército fue hallado culpable en los juicios que se llevaron a cabo hasta ahora por la causa “Saint Amant”, que investigó crímenes de lesa humanidad sucedidos dentro del Área Militar 132, con asiento en San Nicolás. El territorio comprendido entre el norte de la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de Santa Fe fue el coto de caza de ese brazo militar durante la última dictadura.

Desde algunos años antes de instalado el golpe de Estado, Bossié alcanzó la jefatura de Inteligencia y Operaciones del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, que era la sede del Área. Ese cargo lo ubicó en la plana mayor. Las tareas de inteligencia fueron un eslabón fundamental en la diagramación del plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio que caracterizó el genocidio argentino más reciente, pero también los crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo desde los años previos. De allí, la responsabilidad probada en las violaciones a los derechos humanos investigadas en el expediente “Saint Amant” y el vínculo con los secuestros, las torturas y los homicidios que se ventilan en “Acindar”, además de la asociación ilícita entre los acusados para llevarlos a cabo.

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Sin embargo, tras ser condenado por tercera vez, la defensa del represor comenzó un trabajo fino para desligarlo de otros dos procesos que se le venían encima, “Acindar” y el cuarto tramo de “Saint Amant”, a través de dictámenes médicos que lo declararan incapaz de afrontarlos. En un principio, lo logró.

En junio de 2022, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema dictaminó ante el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, a cargo de poner en marcha el juicio Saint Amant IV, que Bossié no podía afrontar el debate. Su defensa, luego, presentó el dictamen pericial ante el Tribunal Oral Federal número 1, que tenía en gateras el debate por la represión ilegal desplegada contra unos 70 obreros metalúrgicos de Villa Constitución. La Fiscalía impugnó el documento y solicitó nuevas medidas.

Una decisión en contra del represor

El comienzo del juicio “Acindar” se demoró más de dos años, algo que significó una baja considerable en la lista de militares, policías federales y santafesinos a enjuiciar: de 26 acusados originales, fueron 19 los que oyeron los cargos en su contra en noviembre pasado. Entre ellos tampoco estuvo Bossié. Los informes periciales que había solicitado la Fiscalía también tardaron en realizarse porque el jefe de Inteligencia retirado estaba internado al momento de concretarse.

Finalmente, lo analizaron. Fue la Asociación de Psiquiatría Argentina (APSA) la institución que, designada por el Tribunal Oral Federal número 1, llevó a cabo la pericia y concluyó que Bossié “está en condiciones de conocer y de entender los hechos que se le imputan, de prestar una declaración indagatoria para defenderse de esos hechos que se le imputan y de comunicarse por algún medio, el que fuera, con su abogado defensor”, informaron a Letra P en la Fiscalía. Así, este viernes, durante la primera audiencia post feria judicial, el Tribunal leerá la acusación en su contra y luego, le habilitará el micrófono para que declare en indagatoria.

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